INTRODUCCIÓN

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Las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI han dado buena muestra en los ámbitos económico, social y ambiental, de que el modelo dominante del desarrollo global es prácticamente insostenible. A pesar de los indiscutibles progresos alcanzados en el mundo durante la primera mitad del siglo pasado en materia social, económica y en desarrollo tecnológico, actualmente se reconoce que el desarrollo ha ocurrido a través del uso desmedido de los recursos naturales y a costa de una severa degradación ambiental (Cepal, 2016).

La comunidad global busca ahora (reforzado recientemente por la aprobación de la Agenda 2030; ver el recuadro Los Objetivos de Desarrollo Sostenible) establecer y seguir un modelo de desarrollo que, además de permitir tener un crecimiento económico, reduzca los niveles de pobreza e incremente el bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes; sin comprometer los recursos naturales. Ello implica tener un sistema económico que al menos: modifique las fases del metabolismo social relacionadas con la degradación del capital natural, aproveche las fuentes renovables de energía distintas a los combustibles fósiles y cierre los ciclos de los materiales. En otras palabras, que desacople el agotamiento de las reservas de recursos y la degradación ambiental de los desarrollos económico y social.

El crecimiento de la población ha sido una de las causas más frecuentemente citadas para explicar la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación ambiental (McNeill, 2006). El explosivo crecimiento poblacional mundial observado durante el siglo XX, ha sido determinante de la condición global actual (ver más adelante el recuadro Tendencias de la población mundial). No obstante, también se reconoce que el crecimiento de la población per se no es el único factor que determina la intensidad de la presión ejercida sobre el ambiente y los recursos naturales. La capacidad económica de consumo de la sociedad tiene también una importante influencia, así como la eficiencia técnica con la que se usan los recursos para la producción de los satisfactores (Ehrlich et al., 1971; York et al., 2003). Otras variables como la desigualdad, el nivel de urbanización, el régimen jurídico y la institucionalidad también modifican la dinámica de las causas subyacentes de la presión ambiental (De Sherbinin et al., 2007).

En este contexto, el llamado a la acción global es impostergable si también se toma en cuenta que la evidencia científica sugiere que las presiones sobre los ecosistemas planetarios ya rebasaron su capacidad natural de recuperarse (ver por ejemplo, recuadro Los límites planetarios).

 

MÉXICO: DESARROLLO VERSUS DEGRADACIÓN AMBIENTAL

El caso de México ilustra bien el derrotero que siguieron muchos países bajo el modelo dominante de desarrollo. La economía nacional de la segunda mitad del siglo XX tuvo como eje de articulación las políticas enfocadas al crecimiento y la industrialización planificada por el Estado, con las cuales se favoreció el incremento poblacional, la expansión de las fronteras agrícolas, la creación y consolidación de poblados y núcleos urbanos, el desarrollo de las industrias y los servicios públicos. Posteriormente, durante el último tercio del siglo, la norma de desarrollo continuó con la búsqueda del crecimiento, pero con énfasis en la desregulación, la privatización y la inserción en el mercado global. Durante esta etapa continuó la urbanización y se amplió la infraestructura de telecomunicaciones (Cortés y de Olivera, 2010).

El desarrollo económico alcanzado por México permitió ampliar el bienestar social de una parte importante de la población. Entre 1950 y  mediados de la segunda década del siglo XXI, el producto interno bruto (PIB) per cápita creció casi tres veces (Figura 1.1), poco más de lo que lo hiciera a nivel global, que aumentó alrededor de dos veces. Paralelamente, un mayor acceso a los servicios de salud y la aplicación de los avances de las ciencias médicas elevaron la esperanza de vida de los mexicanos de cerca de 50 a 74 años y redujeron la mortalidad infantil de 98 a 12 niños por cada 1 000 nacimientos en el periodo. El alfabetismo también se amplió, pasando del 57 a cerca del 94% de la población.

 

 

Sin embargo, la mejora de la calidad de vida no permeó en toda la sociedad y la geografía mexicanas. Amplios sectores de la población han permanecido en condiciones marginales sin acceso a muchos de los servicios básicos que le permitan alcanzar su completo desarrollo humano: en 2016 alrededor de 43.6% de la población vive aún en condiciones de pobreza (53.4 millones de personas; ver sección Condición socioeconómica de la población mexicana en este capítulo) y cerca del 8% de la población lo hace en condiciones de pobreza extrema (9.4 millones). A la fecha, uno de cada cinco mexicanos vive aún en una vivienda precaria¹ y la desigualdad persiste como uno de los rasgos característicos de la población: tan solo en términos de la inequidad en el ingreso, el coeficiente de Gini² no ha mostrado una tendencia clara hacia el cierre de la brecha en los últimos quince años³ (ICV CSE 3.2.1). A ellos debe sumarse el acceso limitado a los servicios de salud, la educación superior y el empleo digno (Cortés y de Olivera, 2010).

A la par de estos cambios sociales y económicos, también se presentó la pérdida y el deterioro del capital natural⁴ nacional (Figura 1.2). En la medida en la que la población y el PIB nacional crecieron lo hicieron también la emisión de contaminantes y la pérdida de la superficie de muchos ecosistemas naturales (Figura 1.2). Entre 1993 y 2015, las emisiones de bióxido de carbono crecieron cerca de 54%,⁵ la generación de residuos sólidos y aguas residuales industriales en 44⁶ y 37%,⁷ respectivamente, y se perdieron alrededor de 7 millones de hectáreas de bosques y selvas.⁸ Por el lado de la extracción de los materiales que se incorporaron en la economía, en el periodo de 2011 a 2015 creció cerca de 13% (ICV P 2.1.1).

 

 

En el primer apartado de este capítulo se presentan algunas de las principales tendencias demográficas en México, incluyendo el crecimiento de la población, su estructura y distribución geográfica. En el segundo apartado se analiza la condición socioeconómica de la población nacional, haciendo énfasis en dos aspectos relevantes: su nivel de desarrollo humano y la situación de pobreza que enfrenta. Se explora también la relación entre el desarrollo humano y la magnitud y el sentido de su presión sobre el ambiente. En la sección final se ofrece una visión, global y nacional, de los impactos de las actividades humanas en el ambiente, a través de las huellas ecológica, hídrica y humana, así como por sus efectos en la economía (por medio de los costos monetarios resultado de la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales) y en la salud de la población, en este último caso, por las enfermedades cuyo origen se vincula con la degradación ambiental.

 

 

 

 

TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN MEXICANA

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Al igual que en el resto del mundo, la población mexicana mostró un importante crecimiento durante la segunda mitad del siglo pasado. A la notable caída de la población entre 1910 y 1920, debido al conflicto armado revolucionario y a las epidemias que afectaron el país, le siguió una etapa de crecimiento que alcanzó su valor máximo en los años setenta (a una tasa del 3.6% anual; Figura 1.3) y que se acompañó de un destacado crecimiento económico y desarrollo social. Las últimas décadas, en contraste, se han caracterizado por la reducción paulatina en la velocidad del crecimiento poblacional y por el periodo del llamado “bono demográfico”. Para comparar la situación nacional con la tendencias global y regional de la población, ver el recuadro Tendencias de la población mundial.

 

 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 1910 y 2015 la población nacional creció casi ocho veces, pasando de alrededor de 15.2 a 119.94⁹ millones de personas. Por el tamaño de su población, México es el onceavo país más poblado en el mundo, y el segundo lugar en Latinoamérica, tan solo detrás de Brasil, que en 2010 tenía una población de 195.2 millones de personas (UN, 2014).

En las últimas décadas, sin embargo, la tasa del crecimiento de la población se ha reducido. Entre 2000 y 2015, pasó de 1.49 a 1.15% anual (ICV CSE 1.1.1; Figura 1.3). Su disminución ha sido el resultado principalmente de la reducción de la fertilidad (que pasó de 6.8 a 2.2 hijos por mujer en promedio entre 1950 y 2014) que sobrepasó el efecto positivo sobre la tasa de crecimiento ocasionada por la reducción de la tasa de mortalidad (que se redujo de poco más de 16 personas por cada mil habitantes en 1950 a solo 5.7 en 2010; Figura 1.3). De acuerdo con las proyecciones poblacionales, aún con la tasa de crecimiento a la baja, la población mexicana seguiría creciendo para alcanzar en el 2050 los 150.8 millones de habitantes (Conapo, 2013).

Con el crecimiento poblacional también se produjo un aumento de la densidad poblacional. En poco más de un siglo, su valor se multiplicó por un factor de ocho veces y media: mientras que en 1900 la densidad estimada era de 6.9 habitantes por kilómetro cuadrado, en 2014 alcanzó los 58.3,¹⁰ valor superior al promedio mundial de 51 habitantes por kilómetro cuadrado en 2010. Con base en las proyecciones poblacionales, se espera que para 2030 la densidad alcance los 70.12 habitantes por kilómetro cuadrado y para 2050, los 76.9 (Conapo, 2013). Para este último año, la densidad estimada sería cerca de dos veces mayor que el valor latinoamericano para esa misma fecha (38 hab/km²) y un poco más alto que el valor mundial (70 hab/km²).

La población mexicana es, en términos generales, una población joven. Alrededor del 39% de la población es menor de 20 años (Figura 1.4). Sin embargo, en años recientes la proporción de infantes se ha reducido, mientras que la de jóvenes y adultos mayores crecieron, es decir, estamos en un periodo de envejecimiento poblacional que se prolongará por varias décadas. En 1950, la proporción de niños y niñas en edad preescolar (0-4 años) era de 15.4%, la que bajó a 9.85% en 2010; por su parte, los adultos mayores de 65 años y más, pasaron de 3.4 a 6.2% de la población en el mismo periodo. En el caso de la población en edad productiva (es decir, la que se encuentra entre los 15 y los 64 años), pasó de 59 a 62% de la población entre 2000 y 2010.

 

 

El envejecimiento o rejuvenecimiento de la población puede tener consecuencias económicas y sociales importantes; la llamada “razón de dependencia” muestra el esfuerzo relativo teórico que la población en edad productiva debería realizar para sostener las necesidades y la calidad de vida de la población más vulnerable que no labora en un momento particular.¹¹ Dicho de otro modo, es la relación entre los que “dependen” y los que “producen”. En 1970, el número de personas dependientes era de 99.7 por cada 100 productivas, y para 2010 se calculaba en 55.8 (Figura 1.5; ICV 1.1.5). Se considera que la reducción de dicha razón puede ser benéfica para la economía en virtud de que posibilita el incremento en el consumo e incrementa la capacidad de ahorro de la población, entre otros efectos. Si se analiza por separado la dependencia infantil y la de adultos mayores, se observa que la infantil ha seguido una tendencia decreciente, en contraste con la de los de adultos mayores, que pasó de 7.43 a 9.63 por cada 100 personas en edad productiva entre los años 1990 y 2010.

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO

La colonización histórica de ciertas regiones del país favorecidas por su clima y disponibilidad de recursos naturales, sumado a su crecimiento poblacional posterior, han contribuido a crear un mosaico heterogéneo en la distribución geográfica de la población nacional. Aunado a ello, fenómenos económicos y sociales que empezaron en la segunda mitad del siglo pasado y que continúan hasta la fecha, como por ejemplo el de la urbanización y la migración, han contribuido a intensificar este patrón.

La población del país se concentra en la zona central del territorio (Mapa 1.1). En 2015, en tan solo siete entidades del centro del país (Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala), que suman el 5% del territorio, habitaban 39.3 millones de habitantes, es decir, el 32.9% de la población nacional. En ese año, las entidades con mayor población fueron el estado de México (16.2 millones de habitantes, 13.5% de la población nacional), la Ciudad de México (8.9 millones, 7.5%), Veracruz (8.1 millones; 6.8%) y Jalisco (7.8 millones; 6.6%). Las entidades con menor población fueron Colima (711 mil habitantes; 0.6%), Baja California Sur (712 mil; 0.6%) y Campeche (poco menos de 900 mil; 0.8%).

 

 

De acuerdo con el INEGI, en 2015 las entidades federativas con mayor densidad de población eran la Ciudad de México (5 950 hab/km²), seguido por el estado de México (754 hab/km²), Morelos (385 hab/km²), Tlaxcala (325 hab/km²) y Aguascalientes (235 hab/km²). Por el contrario, los estados con menor densidad poblacional en ese mismo año eran Baja California Sur (10 hab/km²), Durango y Chihuahua (14 hab/km²) y Sonora (15 hab/km²; Mapa 1.2).

 

 

Así mismo, la mayor densidad de localidades se encuentra en el centro del país, en estados como Aguascalientes, que en 2010 promediaba 35.6 localidades¹² por cada cien kilómetros cuadrados de territorio, seguido por Tlaxcala (33.1), Morelos (30.4), Guanajuato (29.4) y Veracruz (28.6). En contraste, los estados del norte del país, con los mayores territorios y con una ocupación histórica significativamente menor a la del centro del país, registraban en el mismo año la menor densidad de localidades: Coahuila (2.5 localidades/100 km²), Baja California Sur y Sonora (cada una con 3.9) y Quintana Roo (3.86; Mapa 1.3). En 2010, la población de México se distribuía en poco más de 192 mil localidades, de las que aproximadamente 189 mil eran de tipo rural,¹³ poco más de 3 mil del tipo mixto o de transición y 630 urbanas¹⁴ (Figura 1.6).

 

 

 

Aun cuando la mayor parte de las localidades en el país son rurales, la población mexicana, al igual que la población global, ha tendido a la urbanización. En 2015, las 59 zonas metropolitanas albergaban 68.1 millones de personas (56.98% de la población nacional), siendo la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) la más poblada, con 20.8 millones de habitantes (30.6% del total de las zonas metropolitanas; Mapa 1.4). En segundo y tercer lugar se encontraban las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, con 4.8 y 4.5 millones de habitantes (ambas con alrededor del 14% del total de la población).

 

 

Se espera que para 2020 las zonas metropolitanas alberguen 72.4 millones de personas, lo que equivaldría al 57% de la población. De acuerdo con las proyecciones poblacionales del Conapo, a las once zonas metropolitanas con un millón o más de habitantes que existían en el país en 2010¹⁵ se les sumarán en 2020 las zonas metropolitanas de Aguascalientes, Cuernavaca, Mérida y Mexicali, y en 2030 las zonas metropolitanas de Cancún, Chihuahua, Tampico y Saltillo (Figura 1.7).

 

 

Observado con un mayor nivel de detalle, las densidades poblacionales más altas se encuentran en las zonas urbanas, y en particular dentro de las zonas metropolitanas (Figura 1.8). Las zonas metropolitanas con la mayor densidad poblacional en 2015 fueron la Zona Metropolitana del Valle de México (2 669 hab/km²), Guadalajara (1 769 hab/km²), Puebla-Tlaxcala (1 240 hab/km²), Oaxaca (1 088 hab/km²), León (1 015 hab/km²) y la Zona Metropolitana de Toluca (993 hab/km²).

 

 

El crecimiento poblacional y fenómenos como la urbanización y la migración han contribuido a incrementar la densidad poblacional de manera asimétrica en el territorio. Entre 2005 y 2010 el 68 por ciento de los movimientos migratorios nacionales (o internos) ocurrieron entre grandes ciudades y zonas metropolitanas; 12% de zonas metropolitanas y urbanas a rurales y solo un 4% entre zonas rurales. Lo anterior indica una transición hacia movilidades de carácter urbano-urbano (Figura 1.9). Para ver la situación migratoria internacional del país, consultar el recuadro El impacto de la migración internacional en las estructuras poblacionales a nivel municipal en México, 1990-2015.

 

 

La degradación ambiental que se observa en algunas zonas está relacionada con la concentración de la población. La recurrencia, acumulación y la extensión de las actividades humanas (reflejo en muchos casos del crecimiento de la densidad poblacional) produce impactos significativos sobre el medio ambiente (Theobald, 2013; González-Abraham et al., 2015). Si se calcula la proporción del territorio de las entidades federativas con huellas humanas altas, es decir, con zonas en donde existen afectaciones importantes por actividades agropecuarias, acuícolas, mineras o por la presencia de zonas urbanas e infraestructura (para mayores detalles respecto a su cálculo ver la sección La huella humana, en el Informe 2015; Semarnat, 2016), se observa que guardan una relación positiva con su densidad poblacional (Figura 1.10). Entidades con bajas densidades poblacionales, como Baja California Sur, Coahuila, Sonora y Durango muestran porcentajes reducidos de sus territorios con huellas humanas altas. Mención aparte merece la Ciudad de México, la entidad con la mayor densidad poblacional del país y en donde el 60% de su superficie muestra huellas humanas altas.

 

 

La relación causal entre la condición socioeconómica y el deterioro ambiental ha sido un tema de amplio debate por muchos años. Desde el Informe Brundtland (1987) se sugería que la degradación ambiental estaba relacionada, en el caso de los países no desarrollados, con la pobreza de su población, mientras que en el caso de los países desarrollados, con sus patrones altos de consumo. No obstante, estudios empíricos han demostrado que la mejora de la condición económica de la sociedad puede actuar en uno u otro sentido sobre el estado del ambiente, es decir, con impactos altos o bajos, según sea el caso que se analice (PNUD, 2011).

Por tanto, la condición socioeconómica de la población no debe analizarse desde un punto de vista unidireccional, sino que se trata de un factor complejo que puede influir positiva o negativamente en el ambiente y repercutir en el bienestar de la población, dependiendo de su contexto. Ejemplo de posibles desigualdades son las consecuencias que ha traído la degradación ambiental, así como la ocurrencia de diversos eventos meteorológicos, en sectores de la población en condiciones de alta vulnerabilidad, como son aquellos en condición de pobreza (PNUD, 2011). Muchas comunidades en condiciones desfavorables no tienen acceso a agua potable, sus habitantes están expuestos a la inhalación del humo que se genera por la quema de los combustibles sólidos que se emplean para calentar las viviendas o cocinar, y sus viviendas suelen estar ubicadas en zonas proclives a deslaves de tierras en áreas en las que se ha eliminado parcial o completamente la cubierta forestal.

En esta sección se examina la condición socioeconómica de la población mexicana a través de dos indicadores: el índice de desarrollo humano (IDH) y la situación de pobreza; se incluye información respecto a la presión que puede ejercer la condición socioeconómica sobre el ambiente.

 

 

 

 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MEXICANA

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Evaluar la condición socioeconómica de la población no ha sido una tarea fácil, ni en México ni en el mundo. Los indicadores propuestos para hacerlo han evolucionado desde aquellos que se basaban exclusivamente en el monto de los ingresos, a otros “multidimensionales” que incluyen aspectos tan importantes para el bienestar humano como son la salud y la educación. Detrás de esta lógica está la noción de que alcanzar el desarrollo humano no se basa tan solo en percibir cierto nivel de ingreso económico, sino que se obtiene a través de acceder a un más amplio grupo de satisfactores. En nuestro país, los indicadores más ampliamente utilizados para caracterizar la condición socioeconómica de la población son los índices de desarrollo humano y los de pobreza.¹⁶

Además del desarrollo humano o la pobreza, la desigualdad¹⁷ de los ingresos puede tener repercusiones económicas y sociales importantes en cualquier sociedad. Desde el punto de vista ambiental, existe evidencia de que la desigualdad tiene un vínculo importante con la pérdida de biodiversidad, el consumo de agua y la generación de residuos, entre otras variables (Nazrul, 2015). Para medir la desigualdad se emplea el coeficiente de Gini, que se trata más adelante en esta sección y se estudian sus vínculos con algunas variables de presión sobre el medio ambiente.

 

El Índice de Desarrollo Humano

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objeto de medir el desarrollo de la población en tres dimensiones básicas: salud (considerando la esperanza de vida al nacer), educación (años promedio de escolaridad y años esperados de escolarización) e ingreso (empleando el ingreso nacional bruto per cápita). Se mide desde el año 1990 y toma valores entre 0 y 1, siendo los valores cercanos a la unidad indicativos de una mejor condición de desarrollo (PNUD, 2011).

El reporte nacional más reciente para México señala que en 2015 el IDH fue de 0.76 que, aunque representó una ligera mejoría con respecto al valor de 2013 (0.754), significó la caída del lugar 73 al 77 en la lista de los países con mayor valor del índice. El valor del IDH clasifica a México dentro de los países de alto desarrollo humano, arriba de países de la región latinoamericana como Brasil, Perú o Ecuador, pero debajo de otros como Costa Rica, Cuba y Venezuela (para mayores detalles respecto a la posición de México respecto a otros países, consultar el recuadro El desarrollo humano en el mundo).

Sin embargo, el valor nacional de IDH enmascara importantes diferencias regionales. Si se desagrega por entidad federativa, en 2012¹⁸ la Ciudad de México (antes Distrito Federal; 0.830), Nuevo León (0.790) y Sonora (0.799; PNUD-México, 2015) registraron los valores más altos del índice, con los cuales se clasificarían como entidades de muy alto desarrollo humano. En el otro extremo, Chiapas (0.667), Guerrero (0.679) y Oaxaca (0.6814) se ubicaron en el mismo año en la categoría de IDH medio con los valores más bajos a nivel nacional (Mapa 1.5). Entre 2010 y 2012, 29 entidades federativas mejoraron su valor del IDH (Figura 1.11); los mayores avances los tuvieron Chihuahua, Campeche y Sonora; tres entidades, Nayarit, Baja California y Nuevo León tuvieron retrocesos en su grado de desarrollo humano.

 

 

 

La distribución a nivel municipal del IDH, aunque confirma la imagen general de los valores estatales, permite apreciar aún más la heterogeneidad de la condición de desarrollo humano (consultar el Mapa 1.6 en el capítulo de Población del Informe 2015; Semarnat, 2016). Pueden observarse municipios con valores cercanos a los de algunos de los países más desarrollados del mundo (p. ej., la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, presentó el mismo valor que Suiza en 2013: 0.917). En contraste, los siete municipios ubicados al final del cuartil del IDH bajo (Cochoapa el Grande, en Guerrero; San Miguel Santa Flor, San Simón Zahuatlán, Santa Ana Ateixtlahuaca, Coicoyán de las Flores y San Martín Peras en Oaxaca, y Batopilas, en Chihuahua), presentaron valores menores a 0.4, similares a los registrados en países del África subsahariana como Eritrea, Sierra Leona, Burkina Faso o Guinea-Bissau (PNUD-México, 2015).

 

 

En 2010, Oaxaca fue la entidad con el mayor número de municipios con IDH bajo (299, 52.5% del total de municipios del estado), seguida por Chiapas (59, 50%; Figura 1.12). En contraste, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México no solo no tuvieron municipios y delegaciones, respectivamente, dentro de esta categoría, sino que la totalidad de sus demarcaciones se ubicaron en el cuartil de IDH muy alto (PNUD-México, 2015).

 

 

Índice de pobreza

En nuestro país, la evaluación de la condición de pobreza siguió la tendencia global: pasó de un enfoque unidimensional basado en el ingreso a otro de carácter multidimensional. En este último, y con base en lo que señala la Ley General de Desarrollo Social, su medición debe incluir dos grandes rubros: 1) el ingreso de los hogares, y 2) las carencias sociales en materia de educación, acceso a los servicios de salud y seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. De esta manera, las personas se ubican en situación de pobreza cuando no tienen garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades. En el caso de la pobreza extrema, un individuo se encuentra en esta situación cuando padece tres o más carencias sociales y sus ingresos son inferiores a la línea de bienestar mínimo¹⁹ (Coneval, 2014).

Según el índice de pobreza estimado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2016 en el país había 53.4 millones de pobres, es decir, el 43.6% de la población de ese año (Figura 1.13). Esta cifra se redujo 3.5 % (1.94 millones de personas) respecto a la cifra de 2014, que alcanzaba 55.34 millones (Coneval, 2017). De los habitantes en situación de pobreza en 2016, 9.4 millones se consideraban en pobreza extrema, es decir, el 7.6% de los mexicanos. En ese mismo año, 41.5 millones de personas en el país se consideraban vulnerables (32.9 millones por carencias sociales y 8.6 millones por ingresos) y 27.8 millones no eran ni pobres ni vulnerables. Para conocer el estado de la pobreza en el mundo, ver el recuadro La pobreza en el mundo.

 

 

Cabe señalar que, en 2014, el mayor número de mexicanos en condición de pobreza se encontraba en las zonas urbanas, donde su número, además, ha crecido más rápidamente que en las zonas rurales (Figura 1.14). Alrededor de 38.4 millones de personas en esta condición habitaban dichas zonas, en comparación con los 17 millones de las zonas rurales. En ambas zonas el número de personas en condición de pobreza aumentó entre 2012 y 2014: alrededor de 300 mil personas en el caso de la población rural y cerca de 1.8 millones en las zonas urbanas.

 

 

Las estimaciones del Coneval más recientes de la pobreza a nivel estatal corresponden a 2016, y al igual que en el caso del IDH, la pobreza también se distribuye heterogéneamente en el país. Por ejemplo, en ese año Chiapas tenía 4.1 millones de personas en condición de pobreza, es decir, el 77.1% de su población; de ellas, cerca de 1.5 millones se encontraban en condiciones de pobreza extrema (28.1% de la población). En el otro extremo, en Baja California Sur en el mismo año había poco menos de 176 mil personas en pobreza (22.1% de su población), con 13 mil personas en pobreza extrema (2% de la población; Mapa 1.6; Coneval, 2017).

La desagregación de la información de la pobreza multidimensional a nivel municipal corresponde a 2015. En ese año existían 924 municipios con más de 75% de su población en condición de pobreza, lo que representa alrededor del 37% de los municipios del país (2 457 municipios). Dentro de este grupo, los 15 municipios con un porcentaje mayor al 99% de población en pobreza fueron Santos Reyes Yucuná, Oaxaca (99.9%); Santa María Zaniza, Oaxaca (99.7%); Aldama, Chiapas (99.5%); Chanal, Chiapas (99.5%); San Juan Cancuc, Chiapas (99.5%); San Andrés Duraznal, Chiapas (99.4%); San Juan Ozolotepec, Oaxaca (99.4%); Nicolás Ruiz, Chiapas (99.3%); Coicoyán de las Flores, Oaxaca (99.3%); San Simón Zahuatlán, Oaxaca (99.3%); Cochoapa el Grande, Guerrero (99.3%); Santo Domingo Ozolotepec, Oaxaca (99.3%); Chalchihuitán, Chiapas (99.2%); Santiago Tlazoyaltepec, Oaxaca (99.2%) y San Miguel Tilquiápam, Oaxaca (99.1%; Mapa 1.7a; Coneval, 2017).

En el extremo contrario, había 97 municipios con menos de 25% de su población en situación de pobreza. De este grupo, 15 de los municipios que registraron los valores más bajos fueron: Huépac, Sonora (2.7%); Melchor Ocampo, Nuevo León (3.6%); Abasolo, Coahuila de Zaragoza (3.9%); Atil, Sonora (4.1%); San Felipe de Jesús, Sonora (4.2%); San Pedro Garza García, Nuevo León (4.4%); Oquitoa, Sonora (4.6%); Benito Juárez, Ciudad de México (4.9%); Onavas, Sonora (5.6%); San Javier, Sonora (5.8%); Miguel Hidalgo, Ciudad de México (7.0%); Granados, Sonora (8.7%); Agualeguas, Nuevo León (10.2%); Los Herreras, Nuevo León (10.7%); Abasolo, Nuevo León (11.2%; Coneval, 2017).

Considerando la pobreza extrema, en 2015 había 111 municipios con más de 60% de su población viviendo en esta condición (Mapa 1.7b). Entre éstos sobresale Santos Reyes Yucuná, en Oaxaca, con 97.5% de su población en pobreza extrema. Sus condiciones de retraso contrastan con las de 976 municipios y alcaldías con menos de 10% de su población en pobreza extrema; en 55 de estos municipios menos del uno por ciento de sus habitantes vivía en pobreza extrema, como en los casos de las alcaldías de Benito Juárez y Miguel Hidalgo (ambos con 0.1%) en la Ciudad de México, en los municipios de Melchor Ocampo (0%), San Pedro Garza García (0.2%), en Nuevo León y en Huépac y San Felipe de Jesús, en Sonora (ambos con 0%; Coneval, 2017).

 

 

La pobreza guarda una estrecha relación con el desarrollo humano (Figura 1.15). Los estados del país con los menores IDH tienen también los mayores porcentajes de su población en situación de pobreza extrema.

 

 

Inequidad en el ingreso

Comúnmente se emplea a nivel nacional e internacional el coeficiente de Gini para estimar la magnitud de la desigualdad en el ingreso en la población. El indicador puede tomar valores entre cero y uno; conforme el coeficiente se acerca al valor de la unidad, mayor es la desigualdad en el ingreso, denotando una alta concentración en ciertos segmentos de la población, mientras que valores tendientes a cero denotan condiciones de equidad en la distribución.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el coeficiente de Gini en México entre 2010 y 2016 pasó de 0.509 a 0.498 (Figura 1.16). Según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México era en 2014, tan solo por arriba de Chile,²⁰ el país con la mayor inequidad en el ingreso de la Organización. A nivel de Latinoamérica y el Caribe, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2016), México²¹ junto con Bolivia tienen el mismo valor de desigualdad de la región (0.491) y se encuentra por arriba de países como Costa Rica (0.505), Chile (0.509) y Honduras (0.564), pero por debajo de países menos inequitativos como Venezuela (0.407) o Uruguay (0.379).

 

 

A nivel de entidad federativa, en 2016 Guanajuato y Nuevo León tuvieron los mayores valores de desigualdad o concentración de la riqueza (0.576 y 0.578, respectivamente), seguidos por la Ciudad de México (0.507) y Chiapas (0.508). En el otro extremo, los de menor valor del coeficiente, que se interpreta como menor inequidad en la distribución del ingreso, fueron Tlaxcala con 0.378, el estado de México con 0.414 y Aguascalientes con 0.416. Los progresos en la reducción de la desigualdad en el ingreso entre 2010 y 2016 se muestran en la Figura 1.17. En total, 25 estados redujeron la brecha de su desigualdad, registrándose los mayores progresos en Aguascalientes (con un cambio de 0.09 unidades), Baja California (0.07) y Michoacán (0.06). Por el contrario, Guanajuato, Nuevo León y el Tamaulipas aumentaron el valor de su coeficiente, es decir, aumentaron la inequidad en la distribución del ingreso en 0.143, 0.080 y 0.025, respectivamente.

 

 

A nivel municipal, el reporte más reciente del coeficiente de Gini corresponde al año 2015. El municipio con el valor del coeficiente más alto fue Bacalar, en Quintana Roo, con 0.659; el valor más bajo fue Pesquería, Nuevo León, con 0.303 (Mapa 1.8). En la Figura 1.18 se presenta el orden de los municipios de acuerdo a su valor en el coeficiente de Gini por entidad federativa.

 

 

 

Desarrollo humano, degradación ambiental y consumo de recursos naturales

Diversos estudios empíricos han mostrado que la condición socioeconómica de la población puede tener un impacto relevante en el uso de los recursos naturales y en la degradación ambiental. Aunque desde la publicación del trabajo de Grossman y Kruger (1991) se estableció la idea de que la degradación ambiental podría crecer y llegar a cierto límite y entonces disminuir con el aumento del ingreso per cápita,²² dos décadas después se reconoció que el impacto ambiental no sigue necesariamente la tradicional “U” invertida, sino que puede crecer monotónicamente con el ingreso, como por ejemplo, en los casos de la producción de residuos y en la emisión de gases de efecto invernadero (Stern, 2015). Este reconocimiento ha tenido consecuencias importantes, entre ellas y quizá la más importante, la de cuestionar la idea seguida por décadas por muchos países (muchos de ellos, países en desarrollo) de que la priorización del crecimiento económico a costa del deterioro ambiental podría ser una estrategia adecuada para generar la riqueza que permitiera el desarrollo social, y a mediano plazo, contar con los recursos económicos para atender la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales.

En el caso de México, cuando se relaciona el índice de desarrollo humano (IDH), que incluye otras medidas de bienestar además del ingreso, con la magnitud del impacto en el territorio (medido a través de la llamada “huella humana”²³), no se aprecia una tendencia clara entre las entidades con niveles mayores de desarrollo humano y el grado de degradación ambiental en su territorio (Figura 1.19). Sin embargo, casos particulares de entidades como la Ciudad de México, con el valor de IDH más alto del país (0.830), muestra los valores promedio más altos de huella humana en su territorio. Guerrero, por el contrario, con el segundo valor más bajo de IDH en el país (0.679) tiene valores relativamente menores de impacto humano. La condición socioeconómica no debe considerarse como el factor causal más importante para explicar el grado de deterioro en el país, ya que deben sumarse otros factores asociados con cuestiones históricas, ambientales, económicas y políticas que se reconoce que han tenido importantes efectos en la degradación que se observa en el país hoy día.

 

 

La relación entre el desarrollo humano y otras variables útiles para medir la presión sobre los recursos naturales sugieren que la mejoría en la condición de desarrollo puede conducir a una mayor presión sobre los recursos naturales. En el caso de los recursos hídricos, entre las entidades del país se observa que a una mejor condición de desarrollo humano el consumo diario de agua per cápita también se incrementa (Figura 1.20). Por ejemplo, un habitante de una entidad con un IDH relativamente alto, como Sonora (IDH 0.779), consumió en 2016 un volumen diario del líquido(469 L/hab/día) cerca de cuatro veces mayor al de un habitante de Oaxaca(112 L/hab/día; IDH 0.681).²⁴ En algunos casos, al efecto que la condición de desarrollo puede tener sobre el consumo de agua, debe sumarse la condición ambiental que domina en algunas de las entidades, la cual puede favorecer un mayor requerimiento de líquido, como en los casos de las entidades del norte del país. La relación de la Figura 1.20 también muestra que si bien los habitantes de algunas de las entidades con mayores IDH consumen más líquido diariamente, el mayor efecto neto de presión sobre los recursos hídricos nacionales no proviene de ellas, sino más bien de entidades con valores de desarrollo humano menores en comparación, pero con tamaños poblacionales mayores, como por ejemplo el estado de México, Veracruz y Puebla.

 

 

El consumo de energía eléctrica sigue un patrón muy similar al del consumo de agua: los mayores consumos que se observan a nivel nacional ocurren en algunos de los estados con el mayor nivel de desarrollo humano (Figura 1.21). Un habitante de Nuevo León (IDH 0.789) consumió en 2014 alrededor de seis veces más energía al año que un habitante de Chiapas (IDH 0.667), esto es 3.5 versus 0.56 mW. Al igual que en el caso del agua, los factores climáticos también podrían influir sobre este patrón: los estados del norte, con climas secos y cálidos y con un uso mayor de climas artificiales, consumen mayores cantidades de energía eléctrica.

 

 

 

 

 

IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL AMBIENTE: HUELLAS, COSTOS Y SALUD AMBIENTAL

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La producción de bienes y servicios, así como su consumo, han sido dos de las fuerzas impulsoras más importantes del cambio en la biosfera. La escala y la magnitud que sus efectos en la corteza terrestre son tan evidentes y pueden ser tan duraderos que incluso se ha propuesto que se distinga a este periodo como una nueva era geológica y que se le llame “Antropoceno” (Steffen et al., 2015).

Las modificaciones antropogénicas al sistema planetario son evidentes en el cambio climático; en la pérdida de los ecosistemas naturales y su biodiversidad; la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos y la degradación de la capa de ozono (MEA, 2005; IPCC, 2014; Steffen et al., 2015). Muchos de los graves problemas ambientales actuales han trascendido la esfera ambiental para repercutir en las sociedades y economías globales. Incluso en la esfera de la salud humana podemos apreciar las consecuencias de los cambios inducidos en la biosfera (WHO y CBD, 2015).

Ahora se reconoce la dependencia del sistema socioeconómico de la integridad del sistema planetario. De ahí la necesidad de generar información que permita no solo conocer con mayor detalle la magnitud y el sentido de los efectos que las actividades humanas tienen en su conjunto sobre el sistema planetario y los ecosistemas; sino que también permita evaluar los avances hacia la sustentabilidad. La información necesaria para hacerlo no solo comprende los flujos de materia y energía entre los sistemas socioeconómico y ambiental, sino también respecto a la valoración económica de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas y de los costos en los que incurren las “fallas del mercado” en el ambiente.

En esta sección se abordan algunos de los índices e indicadores más comúnmente empleados para medir el impacto de las actividades humanas en el ambiente y en algunos de sus elementos. Se analizan también los costos ambientales que la sociedad y economía mexicanas tienen, en materia de degradación y agotamiento de los recursos naturales, sobre el ambiente nacional. Finalmente, se muestran algunos indicadores que relacionan la degradación del ambiente nacional con la salud humana, un tema que a la fecha aún no se ha explorado con el detalle que amerita.

 

LAS HUELLAS HUMANAS

La huella ecológica

Uno de los indicadores más empleados para medir la presión de la sociedad global, los países o los individuos sobre el ambiente es la llamada “huella ecológica”. Puede ser interpretada como la demanda humana, en términos de superficie, que se necesita para generar tanto los recursos que consume (fundamentalmente productos agropecuarios, forestales y pesqueros), como la necesaria para albergar los asentamientos humanos y la infraestructura y la requerida para absorber el bióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles²⁵ (WWF, 2014 La huella ecológica se contrasta con la biocapacidad de los ecosistemas naturales y manejados de un territorio, es decir, del área biológicamente productiva de tierras agrícolas, ecosistemas y zonas pesqueras²⁶ (WWF, 2014). Tanto la huella ecológica como la biocapacidad de un país o a nivel global se expresan en términos de las denominadas hectáreas globales.²⁷

Se considera que existe un “crédito ecológico” cuando la huella ecológica no excede la biocapacidad; en contraste, se considera que existe una “deuda”, “sobregiro” o “déficit ecológico” cuando la huella calculada es mayor que su biocapacidad. A nivel global se estima que en 1961 la huella de la humanidad era de 7 035 millones de hectáreas globales (equivalente a 2.3 ha/hab), mientras que la biocapacidad ascendía a 9 611 millones de hectáreas globales (3.13 ha/hab); esto significaba que la humanidad tenía un crédito ecológico de 2 576 millones de hectáreas globales (0.7 ha/hab). Nueve años después, en 1970, las magnitudes de la huella y de la biocapacidad se igualaron en 2.7 hectáreas por persona, debido tanto al incremento de la huella ecológica como al decremento de la biocapacidad global (Figura 1.22).

 

 

En 2014, la huella ecológica alcanzó 20 602 millones de hectáreas globales (2.8 ha/hab), mientras que la biocapacidad sumaba 12 221 millones (1.7 ha/hab); esto resultaba en un déficit ecológico de 8 381 millones de hectáreas (1.1 ha/hab). Lo anterior se interpreta como que la humanidad rebasó, en alrededor del 60%, la capacidad del planeta para mantenerla de forma sustentable. En otros términos, sería equivalente a decir que para el año 2014 se necesitaban 1.6 planetas con una biocapacidad como la del nuestro para sostener los patrones de consumo de la sociedad humana en ese año.

De los componentes de la huella ecológica per cápita en el mundo en 2014 (2.84 ha/hab), 20.4% correspondía a la superficie para cubrir las necesidades de pesquerías, tierras de pastoreo, madera y asentamientos humanos, y 19% a la superficie para obtener productos agrícolas (Figura 1.23). El 60.2% restante (1.71 ha/hab) de la huella correspondía a la superficie necesaria para absorber el CO₂ emitido principalmente por la quema de combustibles fósiles.

 

 

En el caso de México, en 1961 la huella ecológica estimada era de 1.85 hectáreas globales por persona, que para 2014 había crecido hasta alcanzar un valor de 2.55 hectáreas globales. En el mismo periodo, la biocapacidad descendió de 3.46 hectáreas globales por persona a 1.2 (Figura 1.24). Esto significa que en poco más de 50 años cada mexicano pasó de tener un crédito ecológico de alrededor de 2 hectáreas globales a un déficit de 1.4 hectáreas globales. Al igual que la mayor parte de los países del mundo, en México el componente que mayor peso tiene en la huella ecológica es la superficie requerida para absorber el CO₂ producto de la quema de combustibles fósiles. En 2014 representó el 56% de la huella ecológica per cápita (1.43 ha/hab, un valor cercano a la biocapacidad nacional actual), mientras que la categoría de menor impacto fue la de los asentamientos humanos con 1.8% de la huella ecológica (0.05 ha/hab).

 

 

Si se relaciona la huella ecológica con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), se observa que todos los países con muy alto desarrollo humano (es decir, un IDH mayor a 0.8) tienen huellas ecológicas por arriba de la biocapacidad promedio mundial (1.68 ha/hab en 2014), es decir, están en condición de déficit ecológico (Figura 1.25). Esto parecería apoyar la noción de que el alcance de dicha condición y el estilo de vida actual de sus ciudadanos no han seguido consideraciones de sostenibilidad.

 

 

La huella hídrica

La huella hídrica es una medida de la apropiación de los recursos hídricos, y se define como el volumen total de agua que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de un país, aunque también puede utilizarse para empresas o productos particulares (Chapagain y Hoekstra, 2004). Este concepto se introdujo con el fin de proporcionar información sobre cómo se usa el agua en la producción, y complementar así los indicadores tradicionales (por ejemplo, el volumen de extracción) de uso del líquido por los diferentes sectores y de la población en general.

La huella hídrica tiene tres componentes: azul, verde y gris. La huella azul se refiere al consumo de recursos hídricos superficiales y subterráneos que se evaporan o incorporan a un producto. La verde corresponde al volumen de agua de lluvia consumido, lo cual es particularmente relevante en la producción de cultivos de temporal. Finalmente, la huella gris es el volumen de agua dulce necesaria para asimilar la carga de contaminantes que se desechan en las aguas domésticas y en aquellas que son producto de las actividades industriales y agropecuarias (Mekonnen y Hoekstra, 2011).

El cálculo disponible para la huella hídrica corresponde al periodo 1996–2005 (Mekonnen y Hoekstra, 2011). En ese periodo, la huella hídrica promedio per cápita a nivel mundial fue de 1 385 metros cúbicos por año, con grandes diferencias entre países y regiones (Mapa 1.9). Los países industrializados alcanzaron una huella hídrica per cápita de entre 1 258 y 2 842 metros cúbicos por año, con el Reino Unido en el extremo inferior del intervalo y Estados Unidos en el extremo superior. Sin embargo, un alto uso de los recursos hídricos no es particular a los países industrializados: varios países en vías de desarrollo registraron huellas hídricas per cápita altas, principalmente como resultado de una baja eficiencia en el uso del agua y de las condiciones y tipos de cultivo. Entre ellos se encuentran Mongolia (3 775 m³ /hab/año), Níger (3 519 m³ / hab/año) y Bolivia (3 468 m³ /hab/año).

 

 

La producción de alimentos es la actividad que más consume agua en el mundo, muy por arriba de las actividades industriales. De la huella hídrica per cápita mundial, casi 49% correspondió a la producción de cereales y carne (27% para los cereales y 22% para la carne), mientras que las que menos consumieron (por debajo del 5%) fueron las leguminosas en grano y las fibras (Figura 1.26). La producción industrial global contribuyó con tan solo el 5% a la huella per cápita global.

 

En México, la huella hídrica per cápita registrada entre 1996 y 2005 fue la número 49 en el mundo, con 1 978 metros cúbicos por año. Esto representa 42% más que el promedio mundial (1 385 m³ /año). El 92% de la huella per cápita del país (1 820 m³ /año) se debió, al igual que en el caso mundial, al consumo de productos agropecuarios, el 5% al consumo doméstico y el resto a productos industriales (3%; Figura 1.27).

 

 

La huella hídrica de la producción²⁸ en México se estimó en 148 527 hectómetros cúbicos por año,²⁹ ubicándolo en el onceavo lugar a nivel mundial. La producción agrícola fue el componente mayoritario con 108 372 hectómetros cúbicos anuales, equivalente al 73.4% de la huella, seguido del sector pecuario con 25 916 hectómetros. El resto se dividió entre el consumo doméstico (7%; 10 380 hm³ /año), la producción industrial (1.9%; 2 864 hm³ /año) y el consumo pecuario (0.7%; 995 hm³ /año). Si se divide la huella hídrica de la producción en sus componentes, la mayor parte de la huella verde y azul está asociada a la actividad agrícola (76 y 84%, respectivamente); mientras que en la gris dominan el uso industrial y doméstico (Figura 1.28).

 

 

Con respecto a la huella hídrica del consumo,³⁰ México ocupa la octava posición en el mundo con 197 425 hectómetros cúbicos por año. Del total del consumo mexicano, 2.7% se debe a productos industriales y 5.3% al consumo doméstico; la mayoría (92%) se atribuye a productos agropecuarios. Al considerar los diferentes grupos de productos consumidos, México es un gran importador de agua a través de la actividad agropecuaria (44% es huella externa³¹) e industrial (67%). Considerando el origen de la huella hídrica del consumo, 57.5% es interna,³² y el restante 42.5%, externa, siendo el componente verde el que ocupa la mayor proporción en ambas huellas (Figura 1.29).

 

 

COSTOS ECONÓMICOS DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

La producción y el consumo de bienes y servicios, motores del desarrollo económico de los países, generan efectos negativos en la sociedad y el ambiente que frecuentemente no se incorporan en los precios con los que se comercian en el mercado (conocidos como “externalidades negativas” o “fallas de mercado”). La degradación ambiental, la contaminación del aire, el agua y los suelos, y la emisión de los gases de efecto invernadero que contribuye al cambio climático, son algunos de las “fallas del mercado” más relevantes.

Debido a que el crecimiento económico es uno de los componentes del desarrollo sustentable y que la degradación ambiental tiene un impacto directo en el crecimiento sostenido de la economía, se cuenta con información que permite hacer un balance objetivo de los costos de la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales, así como de lo que se invierte en acciones de protección y uso sustentable de los recursos naturales. Ambos aspectos se abordarán en la presente sección.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como parte del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM), calcula desde 1985,³³ los llamados Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA). Dichos costos representan las erogaciones que la sociedad tendría que realizar para remediar, restituir o prevenir el agotamiento y la degradación de los recursos naturales y el medio ambiente (INEGI, 2016). Los CTADA se dividen en costos de agotamiento y costos por degradación.

Los datos más recientes para los CTADA corresponden al periodo 2003-2016.³⁴ Éstos muestran que los CTADA aumentaron de 563 mil millones de pesos en 2003 a 922 mil millones en 2016, lo que significó un aumento del 64% (Figura 1.30; Cuadro D2_CAMBIENT02_004). Si los CTADA se comparan con el PIB, mientras que en 2003 representaban el 6.8%, para 2016 esta cifra alcanzaba 4.3%.

 

 

Al interior de los CTADA, los costos por degradación (CD) representaron, en promedio, el 77% de los costos entre 2003 y 2016. En 2003 totalizaron 442 mil millones de pesos, mientras que en el año 2016 sumaron 796 mil millones de pesos (Figura 1.30). Los costos por la degradación ambiental crecieron anualmente en el citado periodo a una tasa anual de 4.6%, esto es, más rápidamente que el crecimiento de los costos por agotamiento (ver más abajo).

Dentro de los costos por degradación (CD) se incluyen los asociados a la degradación del aire, suelo y agua (Figura 1.31). Entre ellos, los asociados a la degradación del aire son los que más contribuyen a la degradación ambiental, siendo el 75% del total en 2016, seguidos por los costos de la degradación del suelo (11%) y del agua (6%). Éstos últimos fueron, entre 2003 y 2016, los que crecieron más en términos relativos (270%), le siguieron los costos por la degradación causada por residuos (138%), erosión y degradación de suelo (83%) y del aire (68%). Si se comparan los costos relacionados a la degradación ambiental con el PIB, estos disminuyeron de 5.7% en 2003 a 4.6% en 2016.

 

 

En el caso de los costos por agotamiento (CA), se incluyen los relativos a los hidrocarburos, recursos forestales y el agua subterránea. Entre 2003 y 2016 los CA crecieron de 138 a 149 mil millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual del 0.6% (Figura 1.32).

 

 

De entre los componentes de los CA, el correspondiente a los hidrocarburos ha contribuido en mayor proporción con el costo del agotamiento total: en 2016 alcanzó el 57% y le siguieron por su valor los costos por el agotamiento del agua subterránea (26% del total de los CA) y por los recursos forestales (25%). Entre estos componentes este último ha mostrado una ligera reducción en el tiempo; mientras que en 2003 sus costos se estimaron en 40 mil millones de pesos, en 2016 alcanzaron 35 mil millones de pesos, es decir, representaron una disminución de alrededor del 13.7%, la cual puede explicarse por la reducción de la pérdida de volumen de madera en los bosques resultado de la disminución de la tasa de deforestación en el país en ese periodo y las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales (para más detalles consultar el capítulo Ecosistemas terrestres).

Los gastos gubernamentales en protección ambiental (GPA) se definen como las erogaciones que se realizan por la sociedad en su conjunto para prevenir, controlar o disminuir el daño ambiental generado por las actividades de producción, distribución y consumo.³⁵ Una manera de medir la suficiencia del esfuerzo de los GPA es contrastar su monto erogado contra los CTADA. En 2016, los GPA representaron el 14.19% de los CTADA (Figura 1.33).

 

 

Los gastos en protección ambiental aumentaron de manera constante entre 2003 y 2016 de 52 a 141 mil millones de pesos. Su mayor crecimiento se observó entre ese primer año y 2011, cuando pasaron de 52 a 157 mil millones de pesos (204%). Particularmente, en 2016, las actividades principales en las que se enfocaron los GPA fueron a la remediación de la mala calidad del aire y el clima (33% del total), para actividades administrativas (22.4%) y la gestión de las aguas residuales (15%; Figura 1.34a).

Desde el punto de vista administrativo, en 2016 la mayor parte de los GPA fueron cubiertos por el sector paraestatal (44 mil millones de pesos; 34% del total) y los gobiernos estatales (42 mil millones de pesos; 32.4%). Le siguieron el nivel federal (39 mil millones de pesos; 29.4%), municipal (1.8 mil millones de pesos; 1.3%) y finalmente los hogares, que destinaron un total de 3.9 mil millones de pesos (3%; Figura 1.34b).

La Figura 1.34c muestra la erogación con base en su funcionalidad. Puede observarse un claro énfasis en las erogaciones destinadas a la remediación de la contaminación, que en 2003 representaban 15 mil millones de pesos y en 2016 alrededor de 93.5 mil millones de pesos (71.5 % del total). Por su parte, cabe señalar que el monto destinado actividades de prevención de la contaminación si bien registró un crecimiento importante del 11.4% de los GPA en 2003 al 27.5% en 2013, en 2016 solo representa el 8.8%. Asimismo, el incremento del 71% que, entre 2003 y 2008, habían tenido los gastos dedicados a la investigación y desarrollo para la protección del medio ambiente, en 2016 esta cifra fue de 7.1%.

 

 

ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

La salud ambiental es una rama de la salud pública que busca entender los aspectos del ambiente natural y humano (ya sean físicos, químicos y biológicos) que impactan la salud o alteran los balances ecológicos esenciales para su preservación y el mantenimiento de un ambiente sano. Factores ambientales relacionados con daños a la salud son, por ejemplo, la calidad del agua (que cuando no es adecuada puede causar enfermedades gastrointestinales) y del aire (causante de enfermedades respiratorias), el cambio climático, y los efectos asociados a las actividades agrícolas, el transporte, el ruido y el manejo de los residuos sólidos, entre algunos otros (Tabla 1.1).

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que aunque no hay una estimación oficial del número de personas que resultan afectadas por factores de riesgo ambientales, se sabe que tienen un peso importante en la salud pública. Entre las enfermedades prevenibles asociadas a la calidad del ambiente se encuentran diarreas, infecciones de las vías respiratorias, malaria y las ocasionadas por manejo de sustancias peligrosas, radiación y accidentes carreteros o industriales.

En esta sección se analizan, en función de la calidad y la disponibilidad de la información, las enfermedades de origen hídrico y las denominadas infecciones respiratorias agudas, vinculadas al deterioro de la calidad de aire (véanse los capítulos Agua y Atmósfera para más detalles al respecto). Ambos grupos de enfermedades se encuentran entre las principales causas de morbilidad y
mortalidad tanto en México como en el mundo.

 

Enfermedades de origen hídrico

Cuando el agua no reúne los requisitos de calidad para el consumo humano puede ser vehículo de bacterias, virus o protozoarios entéricos que causan afecciones conocidas genéricamente como “enfermedades de origen hídrico” (EOH). Entre las principales se encuentran las enfermedades diarreicas, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea, la amebiasis y la hepatitis A (Mazari et al., 2010). Su presencia en la población está relacionada con agua contaminada, saneamiento inadecuado y malos hábitos de higiene.

Las enfermedades de origen hídrico son una causa importante de mortalidad infantil en el mundo, principalmente en los países en vías de desarrollo. En México, en 2017 las EOH figuraban entre las primeras 20 enfermedades con más casos registrados (DGE-Salud, 2018), siendo una de sus principales causas el uso de aguas residuales sin tratamiento para el riego de alimentos que se consumen crudos (Mazari et al., 2010).

La morbilidad atribuible a las EOH en el país presentó una tendencia a la baja entre el año 2000 y 2016; en este periodo pasó de 7.1 millones de casos totales en 2000 a 4.8 millones de casos en 2016 (una reducción de 13 %). Sin embargo, en 2017 se presentó un repunte a 6.2 millones de casos totales, 27.5% más en comparación del año anterior (Figura 1.35).

 

 

La mayor proporción de los casos de EOH registrados en ese periodo se debió a infecciones intestinales por otros organismos además de las amibas, protozoarios. En 2010 y 2014 la incidencia de estas enfermedades fue del 98% y el 99% de los casos totales, respectivamente. En el caso de las enfermedades con menor incidencia fueron la fiebre tifoidea y la hepatitis tipo A (en ambos casos con menos del 1% de los casos anuales; DGE-Salud, 2018).

En este último año, las cifras de morbilidad más alta para las enfermedades atribuible a enfermedades de origen hídrico se registraron en Veracruz (34 mil casos), Guadalajara (373 mil), Chiapas (460 mil) y el estado de México (646 mil; Mapa 1.10; DGE-Salud, 2018).

 

 

Infecciones respiratorias agudas

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de padecimientos del aparato respiratorio causadas principalmente por bacterias y virus, que evolucionan en tiempos menores a quince días, en algunos casos incapacitantes y cuando no son tratadas a tiempo o adecuadamente, mortales. Se transmiten de persona a persona y aunque generalmente son de origen infeccioso, los factores de riesgo ambientales como la contaminación atmosférica pueden afectar su evolución y gravedad (OMS, 2015). Ejemplos de IRA son el resfriado común, faringoamigdalitis, otitis, sinusitis, influenza y neumonía grave, entre otras. Se estima que el 42% de las enfermedades crónicas pulmonares se debe a factores de riesgo ambientales relacionados con exposición laboral a polvo y químicos, así como la contaminación del aire en espacios cerrados por la quema de combustibles sólidos (como en el caso del uso de leña) para cocinar o como calefacción (Prüss-Ustün et al. 2006).

De acuerdo al Anuario de Morbilidad de la Secretaría de Salud, el número de casos de IRA en México entre 2012 y 2017, fue de 154 millones (Figura 1.36). Si la información se analiza por entidades federativas, las que registraron el mayor número de enfermos en 2017 fueron el estado de México (3.1 millones de enfermos), la Ciudad de México (2.1 millones) y Jalisco (1.5 millones).

 

 

En 2017 los estados con la mayor tasa de incidencia, número de casos por cada 100 000 habitantes, fueron Zacatecas (40 826 casos), Aguascalientes (40 752 casos) y Tlaxcala (32 419). En contraste, los estados con menor incidencia ese mismo año fueron Oaxaca (16 520 casos por cada 100 mil habitantes), Veracruz (16 086) y Chiapas (11 604; Mapa 1.11; DGE-Salud, 2018).

 

 

Impacto de la contaminación atmosférica en la salud

La exposición a los contaminantes suspendidos en el aire se asocia con diferentes daños a la salud humana. Los principales componentes de la contaminación atmosférica en los países industrializados, y particularmente en las zonas urbanas, son el dióxido de nitrógeno (procedente de la combustión de hidrocarburos), el ozono (como resultado de la reacción fotoquímica entre la luz solar y algunos gases en la tropósfera) y el material particulado (PM),³⁶ PM_2.5, PM₁₀ y PM_0.1.

Particularmente, el PM es una mezcla compleja de sustancias que permanecen suspendidas en la atmósfera por periodos variables de tiempo y en el que se han reportado metales, y micropartículas asociadas de origen biológico, de hollín, de cristales de sal, productos de la quema de biomasa o a residuos de la agricultura y otras, típicas de fuentes antrópicas (Alves et al., 2015).

La exposición a altas concentraciones de contaminantes puede exacerbar los síntomas de enfermedades de las vías respiratorias, tales como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y desencadenar cáncer de pulmón, debido a que estos contaminantes ingresan al cuerpo, principalmente por la nariz y boca, y se acumulan dentro del organismo. La magnitud de los efectos depende de las concentraciones que se encuentran en el aire, de la dosis que se inhala, del tiempo y la frecuencia de exposición, así como de las características de la población expuesta (Semarnat, 2014).

Aunque, en general, existe menos conciencia pública del impacto de la contaminación atmosférica en la incidencia de otras enfermedades, los niveles altos de contaminantes suspendidos en el aire también pueden aumentar el riesgo de desarrollar afección arterial coronaria e infarto agudo al miocardio, entre otras enfermedades cardiovasculares.

Una de las evidencias de estos padecimientos se reportó en el año 2004, en áreas metropolitanas de los Estados Unidos; en las cuales un incremento de 10 μg/m³ en la concentración de PM_2.5 se relacionó a un incremento del 18% en la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón en adultos mayores de 30 años.

En 2015, de acuerdo con el estudio Carga Global de la Enfermedad,³⁷ la contaminación por partículas suspendidas en el aire se situó como el quinto factor de riesgo a la salud por el número de muertes prematuras³⁸ que ocasionó en el mundo. Dicho estudio estimó que en México ocurrieron cerca de 29 000 muertes atribuibles a la mala calidad del aire en ese año (IHME, 2016).

Como se menciona en la sección sobre Calidad del aire en el capítulo Atmósfera de este informe, en el año 2010 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) había alertado de que, si se cumplieran los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la concentración de partículas PM_2.5 ³⁹ en las zonas metropolitanas del Valle de México (ZMVM), Guadalajara (ZMG) y Monterrey (AMM), se hubieran evitado 2 170 muertes prematuras.

Si bien, ambas estimaciones fueron realizadas con personas adultas, toda la población puede ser afectada, aunque la susceptibilidad puede variar con el estado de salud o la edad; siendo los niños menores de 5 años (Figuras 1.37 y 1.38), los adultos mayores de 65 (Figura 3) y las personas con padecimientos previos, los grupos de mayor susceptibilidad.

 

 

 

Para consultar algunos de los impactos en la salud y económicos de la mala calidad del aire que se han evaluado en el país y su contexto el mundo, consultar el recuadro Impactos en la salud y económicos por contaminación atmosférica en la Región Centro de México.