INTRODUCCIÓN
Las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI han dado buena muestra en los ámbitos económico, social y ambiental, de que el modelo dominante del desarrollo global es prácticamente insostenible. A pesar de los indiscutibles progresos alcanzados en el mundo durante la primera mitad del siglo pasado en materia social, económica y en desarrollo tecnológico, actualmente se reconoce que la economía mundial ha perdido dinamismo, que la mejora en la calidad de vida está lejos tanto de alcanzar a todos como de cerrar las brechas existentes, y de que el desarrollo ha sido a través de un uso desmedido de los recursos naturales y de una severa degradación ambiental (CEPAL, 2016).
La comunidad global busca ahora (reforzado recientemente por la aprobación de la Agenda 2030; ver el recuadro Los Objetivos de Desarrollo Sostenible) establecer y seguir un modelo de desarrollo que permita tener un crecimiento económico que reduzca los niveles de pobreza y que incremente el bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes sin hipotecar la base de recursos naturales. Ello significa un sistema económico que modifique las fases del metabolismo social que degradan el capital natural, que aproveche las fuentes renovables de energía distintas a los combustibles fósiles y que cierre los ciclos de los materiales. En términos simples, que desacople el agotamiento de las reservas de recursos y la degradación ambiental de los desarrollos económico y social.
El crecimiento de la población ha sido una de las fuerzas más frecuentemente citadas para explicar la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación ambiental (McNeill, 2006). El explosivo crecimiento poblacional mundial observado durante el siglo XX, ha sido determinante de la condición global actual (ver más adelante el recuadro Tendencias de la población mundial). No obstante, también se reconoce que el crecimiento per se no es el único factor que determina la fuerza de la presión que se ejerce sobre el ambiente y los recursos naturales. La capacidad económica de consumo de la sociedad tiene también una importante influencia, así como la eficiencia técnica con la que se usan los recursos para la producción de los satisfactores (Ehrlich et al., 1971; York et al., 2003). Otras variables como la desigualdad, el nivel de urbanización, el régimen jurídico y la institucionalidad también modifican la dinámica de las causas subyacentes de la presión ambiental (De Sherbinin et al., 2007).
En este contexto, el llamado a la acción global es impostergable si también se toma en cuenta que la evidencia científica sugiere que, por un lado, ya se han rebasado los “límites planetarios” de procesos tan importantes como los ciclos del nitrógeno y del fósforo y de erosión de la diversidad genética; y por otro, que se han incrementado los riesgos de sobrepasarlos en el caso del cambio climático, el cambio de uso del suelo y la biodiversidad (ver Steffen et al., 2015; ver el recuadro Los límites planetarios). Si bien no se tiene certeza de la intensidad y naturaleza de los efectos que esto podría ocasionar, es muy probable que transgredir los límites del sistema climático y de la integridad de la biosfera, considerados como los dos núcleos del sistema planetario, podría llevar a un nuevo orden en el planeta (Steffen et al., 2015), con graves consecuencias económicas y sociales que pueden extenderse no solamente a las condiciones actuales y de mediano plazo, sino involucrar el bienestar de las siguientes generaciones.
México: desarrollo versus degradación ambiental
El caso de México ilustra bien el derrotero que siguieron muchos países bajo el modelo dominante de desarrollo. La economía nacional de la segunda mitad del siglo XX tuvo como eje de articulación, primeramente, las políticas enfocadas al crecimiento y la industrialización planificada por el Estado. Abiertamente se favoreció el incremento poblacional, la expansión de las fronteras agrícolas, la creación y consolidación de poblados y núcleos urbanos, el desarrollo de las industrias y los servicios públicos. Posteriormente, durante el último tercio del siglo, la norma de desarrollo continuó con la búsqueda del crecimiento, pero con énfasis en la desregulación, la privatización y la inserción en el mercado global. Durante esta etapa continuó la urbanización y se amplió la infraestructura de telecomunicaciones.
El desarrollo económico alcanzado por México permitió ampliar el bienestar social de una parte importante de la población. Entre 1950 y mediados de la segunda década del siglo XXI, el producto interno bruto (PIB) per cápita creció casi tres veces (Figura 1.1), poco más de lo que lo hiciera a nivel global, que aumentó alrededor de dos veces. Paralelamente, un mayor acceso a los servicios de salud y la aplicación de los avances de las ciencias médicas elevaron la esperanza de vida de los mexicanos de cerca de 50 a 74 años y redujeron la mortalidad infantil de 98 a 12 niños por cada 1 000 nacimientos en el periodo. El alfabetismo también se amplió, pasando del 57 a cerca del 94% de la población.
Sin embargo, la mejora de la calidad de vida no permeó en toda la sociedad y la geografía mexicanas. Amplios sectores de la población han permanecido en condiciones marginales sin acceso a muchos de los servicios básicos que le permitan alcanzar su completo desarrollo humano: alrededor del 46.2% de la población vive aún en condiciones de pobreza (55.3 millones de personas; ver la sección Condición socioeconómica de la población mexicana en este capítulo) y cerca del 10% de la población lo hace en condiciones de pobreza extrema. A la fecha, uno de cada cinco mexicanos vive aún en una vivienda precaria1 y la desigualdad persiste como uno de los rasgos característicos de la población: tan sólo en términos de la inequidad en el ingreso, el coeficiente de Gini2 no ha mostrado una tendencia clara hacia el cierre de la brecha en los últimos quince años3 (ICV CSE 3.2.1). A ellos debe sumarse el acceso limitado a los servicios de salud, la educación superior y el empleo digno (Cortés, 2010).
Aparejado de estos cambios sociales y económicos, también vino la pérdida y el deterioro del capital natural4 nacional (Figura 1.2). En la medida en la que la población y el PIB nacional crecieron lo hicieron también la emisión de contaminantes y la pérdida de la superficie de muchos ecosistemas naturales (Figura 1.2). Entre 1990 y los primeros años de la segunda década de este siglo, las emisiones de bióxido de carbono crecieron poco más del 50%5, la generación de residuos sólidos y aguas residuales industriales en 446 y 33%7, respectivamente, y se perdieron alrededor de 6.3 millones de hectáreas de bosques y selvas8. Por el lado de la extracción de los materiales9 que se incorporaron en la economía, en el mismo periodo creció cerca de 62%, en algunos casos con cifras tan relevantes como en el caso de la extracción de metales, que creció alrededor de 62.5% (ICV P 2.1.1).
En este capítulo se presentan, primeramente, las tendencias demográficas en México, incluyendo el crecimiento de la población, su estructura y su distribución geográfica. En el segundo apartado se analiza la condición socioeconómica de la población nacional, haciendo énfasis en dos aspectos relevantes, su desarrollo humano y su situación de pobreza. Se explora también aquí la relación entre el desarrollo humano y la magnitud y el sentido de su presión sobre el ambiente. En la sección final, se ofrece una visión, tanto global como en México, de los impactos de las actividades humanas en el ambiente, esto a través de las huellas ecológica, hídrica y humana, así como por sus efectos en la economía (por medio de los costos monetarios resultado de la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales) y en la salud de la población, en este último caso, por las enfermedades cuyo origen se vincula a la degradación ambiental.
TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN MEXICANA
Al igual que en el resto del mundo, la población mexicana mostró un importante crecimiento durante la segunda mitad del siglo pasado. A la notable caída de la población entre 1910 y 1920, debido al conflicto armado revolucionario y a las epidemias que afectaron el país, le siguió una etapa de crecimiento que alcanzó su valor máximo en los años setenta (a una tasa del 3.6% anual; Figura 1.3) y que se acompañó de un destacado crecimiento económico y desarrollo social. Las últimas décadas, en contraste, se han caracterizado por la reducción paulatina en la velocidad del crecimiento poblacional y por el periodo del llamado “bono demográfico”. Para comparar la situación nacional con la tendencias global y regional de la población, ver el recuadro Tendencias de la población mundial.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 1910 y 2015 la población nacional creció casi ocho veces, pasando de alrededor de 15.2 a 119.9410 millones de personas. Por el tamaño de su población, México es el onceavo país más poblado en el mundo, y el segundo lugar en Latinoamérica, tan sólo detrás de Brasil, que en 2010 tenía una población de 195.2 millones de personas (UN, 2014).
En las últimas décadas, sin embargo, la tasa del crecimiento de la población se ha reducido. Entre 2000 y 2015, pasó de 1.49 a 1.15% anual (ICV CSE 1.1.1; Figura 1.3). Su disminución ha sido el resultado principalmente de la reducción de la fertilidad (que pasó de 6.8 a 2.2 hijos por mujer en promedio entre 1950 y 2014) que sobrepasó el efecto positivo sobre la tasa de crecimiento ocasionada por la reducción de la tasa de mortalidad (que se redujo de poco más de 16 personas por cada mil habitantes en 1950 a solo 5.7 en 2010; Figura 1.3). De acuerdo con las proyecciones poblacionales, aún con la tasa de crecimiento a la baja, la población mexicana seguirá creciendo para alcanzar en el 2050 los 150.8 millones de habitantes (Conapo, 2013; Figura 1.3).
Con el crecimiento poblacional también vino el aumento de la densidad poblacional. En poco más de un siglo, su valor se multiplicó por un factor de ocho veces y media: mientras que en 1900 la densidad estimada era de 6.9 habitantes por kilómetro cuadrado, en 2014 alcanzó los 58.311, valor superior al promedio mundial de 51 habitantes por kilometro cuadrado en 2010. Con base en las proyecciones poblacionales, se espera que para 2030 la densidad alcance los 70.1 habitantes por kilómetro cuadrado y para 2050; los 76.9 (Conapo, 2013). Para este último año, la densidad estimada sería cerca de dos veces mayor que el valor latinoamericano para esa misma fecha (38 hab/km2) y un poco más alto que el valor mundial (70 hab/km2).
La población mexicana es, en términos generales, una población joven. Alrededor del 39% de la población es menor de 20 años (Figura 1.4). Sin embargo, en años recientes la proporción de infantes se ha reducido, mientras que la de jóvenes y adultos mayores crecieron, es decir, estamos en un periodo de envejecimiento poblacional que se prolongará por varias décadas. En 1950, la proporción de niños y niñas en edad pre-escolar (0-4 años) era de 15.4%, la que bajó a 9.85% en 2010; por su parte, los adultos mayores de 65 años y más, pasaron de 3.4 a 6.2% de la población en el mismo periodo. En el caso de la población en edad productiva (es decir, la que se encuentra entre los 15 y los 64 años), pasó de 59 a 62% de la población entre 2000 y 2010.
El envejecimiento o rejuvenecimiento de la población puede tener consecuencias económicas y sociales importantes; la llamada “razón de dependencia” muestra el esfuerzo relativo teórico que la población en edad productiva debería realizar para sostener las necesidades y la calidad de vida de la población más vulnerable que no labora en un momento particular12. Dicho de otro modo, es la relación entre los que “dependen” y los que “producen”. En 1970, el número de personas dependientes era de 99.7 por cada 100 productivas, y para 2010 se calculaba en 55.8 (Figura 1.5; ICV 1.1.5). Se considera que la reducción de dicha razón puede ser benéfica para la economía en virtud de que posibilita el incremento en el consumo e incrementa la capacidad de ahorro de la población, entre otros efectos. Si se analiza por separado la dependencia infantil y la de adultos mayores, se observa que la infantil ha seguido una tendencia decreciente, en contraste con la de los de adultos mayores, que pasó de 7.43 a 9.63 por cada 100 personas en edad productiva entre los años 1990 y 2010.
Distribución geográfica de la población en México
La colonización histórica de ciertas regiones del país favorecidas por su clima y disponibilidad de recursos naturales, sumado a su crecimiento poblacional posterior, han contribuido a crear un mosaico heterogéneo en la distribución geográfica de la población nacional. Aunado a ello, fenómenos económicos y sociales que empezaron en la segunda mitad del siglo pasado y que continúan hasta la fecha, como por ejemplo el de la urbanización y la migración, han contribuido a intensificar este patrón.
La población del país se concentra en la zona central del territorio (Mapa 1.1). En 2015, en tan solo siete entidades del centro del país (Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala), que suman el 5% del territorio, habitaban 39.3 millones de habitantes, es decir, el 32.9% de la población nacional. En ese año, las entidades con mayor población fueron el estado de México (16.2 millones de habitantes, 13.5% de la población nacional), el Distrito Federal (8.9 millones, 7.5%), Veracruz (8.1 millones; 6.8%) y Jalisco (7.8 millones; 6.6%). Las entidades con menor población fueron Colima (711 mil habitantes; 0.6%), Baja California Sur (712 mil; 0.6%) y Campeche (poco menos de 900 mil; 0.8%).
En 2010, la población de México se distribuía en poco más de 192 mil localidades, de las que aproximadamente 189 mil eran de tipo rural13, poco más de 3 mil del tipo mixto o de transición y 630 urbanas14 (Figura 1.6). La mayor densidad de localidades se encuentra en el centro del país, en estados como Aguascalientes, que en 2010 promediaba 35.6 localidades15 por cada cien kilómetros cuadrados de territorio, seguido por Tlaxcala (33.1), Morelos (30.4), Guanajuato (29.4) y Veracruz (28.6; Mapa 1.2). En contraste, los estados del norte del país, con los mayores territorios y con una ocupación histórica significativamente menor a la del centro del país, registraban en el mismo año la menor densidad de localidades: Coahuila (2.5 localidades/100 km2), Baja California Sur y Sonora (cada una con 3.9) y Quintana Roo (3.86).
Aun cuando la mayor parte de las localidades en el país son rurales, la población mexicana, al igual que la población global, ha tendido a la urbanización. En 2015, las 59 zonas metropolitanas albergaban 68.1 millones de personas (56.98% de la población nacional), siendo la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) la más poblada, con 20.8 millones de habitantes (30.6% del total de las zonas metropolitanas; Mapa 1.3). En segundo y tercer lugar se encontraban las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, con 4.8 y 4.5 millones de habitantes (ambas con alrededor del 14% del total de la población viviendo en zonas metropolitanas, respectivamente).
Se espera que para 2020 las zonas metropolitanas alberguen 72.4 millones de personas, lo que equivaldría al 57% de la población. De acuerdo con las proyecciones poblacionales del Conapo, a las once zonas metropolitanas con un millón o más de habitantes que existían en el país en 201016 se les sumarán en 2020 las zonas metropolitanas de Aguascalientes, Cuernavaca, Mérida y Mexicali, y en 2030 las zonas metropolitanas de Cancún, Chihuahua, Tampico y Saltillo (Figura 1.7).
El crecimiento poblacional y fenómenos como la urbanización y la migración han contribuido a incrementar la densidad poblacional de manera asimétrica en el territorio. La mayor parte de la población se concentra en la zona central del país. De acuerdo con el INEGI, en 2015 las entidades federativas con mayor densidad de población eran el Distrito Federal (5 950 hab/km2), seguido por el estado de México (754 hab/km2), Morelos (385 hab/km2), Tlaxcala (325 hab/km2) y Aguascalientes (235 hab/km2; Mapa 1.4). Por el contrario, los estados con menor densidad poblacional en ese mismo año eran Baja California Sur (10 habitantes/km2), Durango y Chihuahua (14 hab/km2) y Sonora (15 hab/km2).
Observado con un mayor nivel de detalle, las densidades poblacionales más altas se encuentran en las zonas urbanas, y en particular dentro de las zonas metropolitanas (Figura 1.8). Las zonas metropolitanas con la mayor densidad poblacional en 2015 fueron la Zona Metropolitana del Valle de México (2 669 hab/km2), Guadalajara (1 769 hab/km2), Puebla-Tlaxcala (1 240 hab/km2), Oaxaca (1 088 hab/km2), León (1 015 hab/km2) y la Zona Metropolitana de Toluca (993 hab/km2).
La concentración de la población en ciertas zonas del país está relacionada con la degradación ambiental que puede observarse en ellas. La recurrencia, acumulación y la extensión de las actividades humanas (reflejo en muchos casos del crecimiento de la densidad poblacional) produce impactos significativos sobre el medio ambiente (Theobald, 2013; González-Abraham et al., 2015). Si se calcula la proporción del territorio de las entidades federativas con huellas humanas altas, es decir, con zonas en donde existen afectaciones importantes por actividades agropecuarias, acuícolas, mineras o por la presencia de zonas urbanas e infraestructura (ver la sección sobre La huella humana, al final de este capítulo, para mayores detalles respecto a su cálculo), se observa que guardan una relación positiva con su densidad poblacional (Figura 1.9). Entidades con bajas densidades poblacionales, como Baja California Sur, Coahuila, Sonora y Durango, muestran porcentajes reducidos de sus territorios con huellas humanas altas. Mención aparte merece la Ciudad de México, la entidad con la mayor densidad poblacional del país y en donde el 60% de su superficie muestra huellas humanas altas.
SOCIOECONOMÍA DE LA POBLACIÓN MEXICANA Y AMBIENTE
La relación causal entre la condición socioeconómica y el deterioro ambiental ha sido un tema de amplio debate por muchos años. Desde el Informe Brundtland (1987) se sugería que la degradación ambiental estaba relacionada, en el caso de los países no desarrollados, con la pobreza de su población, mientras que en el caso de los países desarrollados, con sobreconsumo. Otros estudios empíricos han demostrado que la mejora de la condición económica de la sociedad puede actuar en uno u otro sentido sobre el estado del ambiente, es decir, con impactos altos o bajos, según sea el caso que se estudie (UNDP, 2011).
La condición socioeconómica de la población no solo debe analizarse y considerarse desde la perspectiva de una causa que afecta al ambiente, sino también del otro lado de la moneda: la calidad ambiental repercute en el bienestar de la población, disminuyendo y retrasando, en muchos casos, sus oportunidades de desarrollarse plenamente. Actualmente es reconocido que la degradación ambiental afecta relativamente más a los pobres y a los más desfavorecidos (UNDP, 2011). En el caso de la salud, solo por mencionar un ejemplo, muchas comunidades en condiciones desfavorables no tienen acceso a agua potable, sus habitantes están expuestos a la inhalación del humo que se genera por la quema de los combustibles sólidos que se emplean para calentar las viviendas o cocinar y sus viviendas son vulnerables a deslaves de tierras en cuencas donde se ha afectado la cubierta forestal.
En esta sección se examina, primeramente, la condición socioeconómica de la población mexicana, aproximada a través de dos indicadores importantes: el índice de desarrollo humano (IDH) y la situación de pobreza. Finalmente, se ha incluido información respecto a la presión que puede ejercer la condición socioeconómica sobre el ambiente.
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MEXICANA
Evaluar la condición socioeconómica de la población no ha sido una tarea fácil, ni en México ni en el mundo. Los indicadores propuestos para hacerlo han evolucionado desde aquellos que se basaban exclusivamente en el monto de los ingresos, a otros “multidimensionales” que incluyen aspectos tan importantes para el bienestar humano como son la salud y la educación. Detrás de esta lógica está la noción de que alcanzar el desarrollo humano no se basa tan solo en percibir cierto nivel de ingreso económico, sino que se obtiene a través de acceder a un más amplio grupo de satisfactores. En nuestro país, los indicadores más ampliamente utilizados para caracterizar la condición socioeconómica de la población son los índices de desarrollo humano y los de pobreza17.
Además del desarrollo humano o la pobreza, la desigualdad18 de los ingresos puede tener repercusiones económicas y sociales importantes en cualquier sociedad. Desde el punto de vista ambiental, existe evidencia de que la desigualdad tiene un vínculo importante con la pérdida de biodiversidad, el consumo de agua y generación de residuos, entre otras variables (Nazrul, 2015). Para medir la desigualdad se emplea el coeficiente de Gini, que se trata más adelante en esta sección y se estudian sus vínculos con algunas variables de presión sobre el medio ambiente.
El Índice de Desarrollo Humano
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objeto de medir el desarrollo de la población en tres dimensiones básicas: salud (considerando la esperanza de vida al nacer), educación (años promedio de escolaridad y años esperados de escolarización) e ingreso (empleando el ingreso nacional bruto per cápita). Se mide desde el año 1990 y toma valores entre 0 y 1, siendo los valores cercanos a la unidad indicativos de una mejor condición de desarrollo (PNUD, 2011).
En México, el reporte nacional más reciente señala que el IDH para 2014 fue de 0.756, que aunque representó una ligera mejoría con respecto al valor de 2013 (0.755), significó la caída del lugar 73 al 74 en la lista de los países con mayor valor del índice. El valor del IDH lo clasifica dentro de los países de alto desarrollo humano, arriba de países de la región latinoamericana como Brasil, Perú o Ecuador, pero debajo de otros como Cuba, Costa Rica y Venezuela (para mayores detalles respecto a la posición de México respecto a otros países, consultar el recuadro El desarrollo humano en el mundo).
Sin embargo, el valor nacional de IDH enmascara importantes diferencias regionales. Si se desagrega por entidad federativa, en 201219 el Distrito Federal (0.830), Nuevo León (0.790) y Sonora (0.799; PNUD, 2014) registraron los valores más altos del índice, con los cuales se clasificarían como entidades de muy alto desarrollo humano. En el otro extremo, Chiapas (0.667), Guerrero (0.679) y Oaxaca (0.6814) se ubicaron en el mismo año en la categoría de IDH medio con los valores más bajos a nivel nacional (Mapa 1.5). Entre 2010 y 2012, 29 entidades federativas mejoraron su valor del IDH (Figura 1.10); los mayores avances los tuvieron Chihuahua, Campeche y Sonora; tres entidades, Nayarit, Baja California y Nuevo León tuvieron retrocesos en su grado de desarrollo humano.
El examen a nivel municipal del IDH, aunque confirma la imagen general de los valores estatales, permite apreciar aún más la heterogeneidad de la condición de desarrollo humano (Mapa 1.6). Pueden observarse municipios con valores cercanos a los de algunos de los países más desarrollados del mundo (por ejemplo, la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal, presentó el mismo valor que Suiza en 2013: 0.917). En contraste, los siete municipios ubicados al final del cuartil del IDH bajo (Cochoapa el Grande, en Guerrero; San Miguel Santa Flor, San Simón Zahuatlán, Santa Ana Ateixtlahuaca, Coicoyán de las Flores y San Martín Peras en Oaxaca, y Batopilas, en Chihuahua), presentaron valores menores a 0.4, similares a los registrados en países del África subsahariana como Eritrea, Sierra Leona, Burkina Faso o Guinea-Bissau (PNUD-México, 2014; PNUD, 2014).
En 2010, Oaxaca fue la entidad con el mayor número de municipios con IDH bajo (299, 52.5% del total de municipios del estado), seguida por Chiapas (59, 50%; Figura 1.11). En contraste, Baja California, Baja California Sur y el Distrito Federal no solo no tuvieron municipios y delegaciones, respectivamente, dentro de esta categoría, sino que la totalidad de sus demarcaciones se ubicaron en el cuartil de IDH muy alto (PNUD-México, 2014).
Índice de pobreza
En nuestro país, la evaluación de la condición de pobreza siguió la tendencia global: pasó de un enfoque unidimensional basado en el ingreso a otro de carácter multidimensional. En este último, y con base en lo que señala la Ley General de Desarrollo Social, su medición debe incluir dos grandes rubros: 1) el ingreso de los hogares, y 2) las carencias sociales en materia de educación, acceso a los servicios de salud y seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. De esta manera, las personas se ubican en situación de pobreza cuando no tienen garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades. En el caso de la pobreza extrema, un individuo se encuentra en esta situación cuando padece tres o más carencias sociales y sus ingresos son inferiores a la línea de bienestar mínimo20 (Coneval, 2013).
Según el índice de pobreza, en 2014 en el país había 55.34 millones de pobres, es decir, el 46.2% de la población de ese año (Figura 1.12). Esta cifra es 1.99 millones de personas mayor que la cifra de 2012, que alcanzaba 53.35 millones. De los habitantes en situación de pobreza en 2014, 11.44 millones se consideraban en pobreza extrema, es decir, el 9.5% de los mexicanos. En ese mismo año, 39.95 millones de personas en el país se consideraban vulnerables (31.48 millones por carencias sociales y 8.48 millones por ingresos) y 24.58 millones no eran ni pobres ni vulnerables. Para conocer el estado de la pobreza a nivel global, consultar el recuadro La pobreza en el mundo.
En 2014, el mayor número de mexicanos en condición de pobreza se encontraba en las zonas urbanas, donde su número, además, ha crecido más rápidamente que en las zonas rurales (Figura 1.13). Alrededor de 38.4 millones de personas en esta condición habitaban dichas zonas, en comparación con los 17 millones de las zonas rurales. En ambas zonas el número de personas en condición de pobreza aumentó entre 2012 y 2014: alrededor de 300 mil personas en el caso de la población rural y cerca de 1.8 millones en las zonas urbanas.
Al igual que en el caso del IDH, la pobreza también se distribuye heterogéneamente en el país. En 2014, Chiapas tenía 3.97 millones de personas en condición de pobreza, es decir, el 76.2% de su población; de ellas, 1.65 millones de personas se encontraban en condiciones de pobreza extrema (31.8% de la población; Mapa 1.7). En el otro extremo, en Nuevo León en el mismo año había alrededor de un millón de personas en pobreza (20.4% de su población), con alrededor de 66.7 miles de personas en pobreza extrema (1.3% de la población).
Si se quiere desagregar aún con más detalle la información de la pobreza multidimensional a nivel geográfico, el cálculo más reciente a nivel municipal corresponde a 2010 (Figura 1.14). En ese año existían 741 municipios con 80% o más de su población en condición de pobreza, lo que representa alrededor del 30.2% de los municipios del país. Dentro de este grupo, los que tenían el mayor porcentaje de población en pobreza fueron Mixtla de Altamirano, Veracruz (97%); Aldama y San Juan Cancuc, Chiapas (97.3%) y San Juan Tepeuxila, Oaxaca (97.4%). En el extremo contrario, había 20 municipios con menos de 21% de su población en situación de pobreza, siendo la delegación Benito Juárez del Distrito Federal (8.7%) y San Nicolás de los Garza (12.8%) y Guadalupe (13.2%) en Nuevo León, los que registraron los valores más bajos (Coneval, 2011c).
Considerando la pobreza extrema, en 2010 había 35 municipios con más de 70% de su población viviendo en esta condición (Mapa 1.9). Entre éstos sobresale Cochoapa el Grande, en Guerrero, con 82.6% de su población en pobreza extrema y el cual ocupó el último lugar municipal a nivel nacional en el índice de desarrollo humano. Sus condiciones de retraso contrastan con las de 1 027 municipios y delegaciones con menos de 15% de su población en pobreza extrema; en diez de estos municipios menos del uno por ciento de sus habitantes vivía en pobreza extrema, como en los casos de las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal, y los municipios de San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza y Guadalupe, en Nuevo León. La pobreza guarda una estrecha relación con el desarrollo humano (Figura 1.15). Los municipios del país con los menores IDH tienen también los mayores porcentajes de su población en situación de pobreza extrema.
Inequidad en el ingreso
Comúnmente se emplea a nivel nacional e internacional el coeficiente de Gini para estimar la magnitud de la desigualdad en el ingreso en la población. El indicador puede tomar valores entre cero y uno; conforme el coeficiente se acerca al valor de la unidad, mayor es la desigualdad en el ingreso, denotando una alta concentración en ciertos segmentos de la población, mientras que valores tendientes a cero denotan condiciones de equidad en la distribución.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el coeficiente de Gini en México entre 2010 y 2014 pasó de 0.509 a 0.503 (Figura 1.16). Según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México era en 2014, tan solo por arriba de Chile21, el país con la mayor inequidad en el ingreso de la Organización. A nivel de Latinoamérica y el Caribe, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015), México22 junto con Bolivia tienen el mismo valor de desigualdad de la región (0.491) y se encuentra por arriba de países como Costa Rica (0.505), Chile (0.509) y Honduras (0.564), pero por debajo de países menos inequitativos como Venezuela (0.407) o Uruguay (0.379).
A nivel de entidad federativa, Puebla registró el mayor valor de desigualdad o concentración de la riqueza (0.572), seguida por Chiapas y Oaxaca, con 0.517 y 0.513, respectivamente. En el otro extremo, los de menor valor del coeficiente, que se interpreta como menor inequidad en la distribución del ingreso, fueron Tlaxcala con 0.411, Baja California con 0.434 y Durango con 0.446. Los progresos en la reducción de la desigualdad en el ingreso entre 2012 y 2014 se muestran en la Figura 1.17. En total, 20 estados redujeron la brecha de su desigualdad, registrándose los mayores progresos en Tabasco (con un cambio de 0.06 unidades), Durango (0.05) y Guerrero (0.04). Por el contrario, Puebla, Yucatán y el Distrito Federal aumentaron el valor de su coeficiente, es decir, aumentaron la inequidad en la distribución del ingreso en 0.086, 0.05 y 0.049, respectivamente.
Dentro de los municipios, la medición más reciente del coeficiente de Gini corresponde al año 2010 (Mapa 1.8). El municipio con el valor del coeficiente más alto fue Atlatlahucan, Morelos, con 0.565; el valor más bajo fue San Antonio Acutla, Oaxaca, con 0.252. En la Figura 1.18 se observa, por entidad federativa, la distribución de los municipios de acuerdo a su valor en el coeficiente de Gini.
Desarrollo humano, degradación ambiental y consumo de recursos naturales
Diversos estudios empíricos han mostrado que la condición socioeconómica de la población puede tener un impacto relevante en el uso de los recursos naturales y en la degradación ambiental. Aunque desde la publicación del trabajo de Grossman y Kruger (1991) se estableció la idea de que la degradación ambiental podría crecer y llegar a cierto límite y entonces disminuir con el aumento del ingreso per cápita23, 25 años después se sabe que el impacto ambiental no sigue necesariamente la tradicional “U” invertida, sino que puede crecer monotónicamente con el ingreso, como por ejemplo, en los casos de la producción de residuos y en la emisión de gases de efecto invernadero (Stern, 2015). Este reconocimiento ha tenido consecuencias importantes, entre ellas y quizá la más importante, la de cuestionar la idea seguida por décadas por muchos países (muchos de ellos, países en desarrollo) que suponía un modelo en el cual la priorización del crecimiento económico a costa del deterioro ambiental podría ser una estrategia adecuada para generar la riqueza que permitiera el desarrollo social, y a mediano plazo, contar con los recursos económicos para atender la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales.
En el caso de México, cuando se relaciona el índice de desarrollo humano (IDH), que incluye otras medidas de bienestar además del ingreso, con la magnitud del impacto en el territorio (medido a través de la llamada “huella humana”24), se aprecia que las entidades con niveles mayores de desarrollo humano presentan una mayor degradación ambiental en el territorio (Figura 1.19). Entidades como el DF, con el valor de IDH más alto del país (0.830), muestran también los valores promedio más altos de huella humana en el territorio.
Guerrero, por el contrario, con el segundo valor más bajo de IDH en el país (0.679) tiene valores relativamente menores de impacto humano. La condición socioeconómica no debe considerarse como el factor causal más importante para explicar el grado de deterioro en el país, ya que deben sumarse otros factores asociados con cuestiones históricas, ambientales, económicas y políticas que se reconoce que han tenido importantes efectos en la degradación que se observa en el país hoy día.
La relación entre el desarrollo humano y otras variables útiles para medir la presión sobre los recursos naturales sugieren que la mejoría en la condición de desarrollo puede conducir a una mayor presión sobre los recursos naturales. En el caso de los recursos hídricos, entre las entidades del país se observa que a una mejor condición de desarrollo humano el consumo diario de agua per cápita también se incrementa (Figura 1.24). Por ejemplo, un habitante de una entidad con un IDH relativamente alto, como Sonora (IDH 0.779), consumió en 2014 un volumen diario del líquido (480 l/hab/día) cerca de cuatro veces mayor al de un habitante de Oaxaca (113 l/hab/día; IDH 0.681)25. En algunos casos, al efecto que puede tener sobre el consumo de agua la condición de desarrollo, debe sumarse la condición ambiental que domina en algunas de las entidades, la cual puede favorecer un mayor requerimiento de líquido, como en los casos de las entidades del norte del país. Del análisis de la Figura 1.20 también puede desprenderse que si bien los habitantes de algunas de las entidades con mayores IDH consumen más líquido diariamente, el mayor efecto neto de presión sobre los recursos hídricos nacionales no proviene de ellas, sino más bien de entidades con valores de desarrollo humano menores en comparación pero con tamaños poblacionales mayores, como por ejemplo, el estado de México, Veracruz y Puebla.
El consumo de energía eléctrica sigue un patrón muy similar al del consumo de agua: los mayores consumos que se observan a nivel nacional ocurren en algunos de los estados con el mayor nivel de desarrollo humano (Figura 1.21). Un habitante de Nuevo León (IDH 0.789) consumió en 2014 alrededor de seis veces más energía al año que un habitante de Chiapas (IDH 0.667), esto es 3.5 versus 0.56 mW. Al igual que en el caso del agua, los factores climáticos también podrían influir sobre este patrón: los estados del norte, con climas secos y cálidos, con uso mayor de climas artificiales, consumen mayores cantidades de energía eléctrica.
IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL AMBIENTE: HUELLAS, COSTOS Y SALUD AMBIENTAL
La producción de bienes y servicios, así como su consumo han sido dos de las fuerzas impulsoras más importantes del cambio en la biosfera. La escala y la magnitud que sus efectos han dejado en la corteza terrestre son tan evidentes y pueden ser tan duraderas que incluso se ha propuesto que se distinga este periodo como una nueva era geológica y se le llame “antropoceno” (Steffen et al., 2007).
Las modificaciones antropogénicas al sistema planetario son evidentes en el cambio climático; en la pérdida de los ecosistemas naturales y su biodiversidad; la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos y la degradación de la capa de ozono (MEA, 2005; IPCC, 2014; Steffen et al., 2015). Muchos de los graves problemas ambientales actuales han trascendido la esfera ambiental para repercutir en las sociedades y economías globales. Incluso en la esfera de la salud humana podemos apreciar las consecuencias de los cambios inducidos en la biosfera (WHO, 2015).
Ahora se reconoce la dependencia del sistema socioeconómico de la integridad del sistema planetario. De ahí la necesidad de generar información que permita no solo conocer con mayor detalle la magnitud y el sentido de los efectos que las actividades humanas tienen en su conjunto sobre el sistema planetario y los ecosistemas; sino que también permita evaluar los avances hacia la sustentabilidad. La información necesaria para hacerlo no solo comprende los flujos de materia y energía entre los sistemas socioeconómico y ambiental, sino también respecto a la valoración económica de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas y de los costos en los que incurren las “fallas del mercado” en el ambiente.
En esta sección se abordan algunos de los índices e indicadores más comúnmente empleados para medir el impacto de las actividades humanas en el ambiente y en algunos de sus elementos.Se analizan también los costos ambientales que la sociedad y economía mexicanas tienen, en materia de degradación y agotamiento de los recursos naturales, sobre el ambiente nacional. Finalmente, se muestran algunos indicadores que relacionan la degradación del ambiente nacional con la salud humana, un tema que a la fecha aún no se ha explorado con el detalle que amerita.
LAS HUELLAS HUMANAS
La huella ecológica
Uno de los indicadores más empleados para medir la presión de la sociedad global, los países o los individuos sobre el ambiente es la llamada “huella ecológica”. Puede ser interpretada como la demanda humana, en términos de superficie, que se necesita para generar tanto los recursos que consume (fundamentalmente productos agropecuarios, forestales y pesqueros), como la necesaria para albergar los asentamientos humanos y la infraestructura y la requerida para absorber el bióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles26 (WWF, 2014). La huella ecológica se contrasta con la biocapacidad de los ecosistemas naturales y manejados de un territorio, es decir, del área biológicamente productiva de tierras agrícolas, ecosistemas y zonas pesqueras27 (WWF, 2014). Tanto la huella ecológica como la biocapacidad de un país o a nivel global se expresan en términos de las denominadas hectáreas globales28.
Se considera que existe un “crédito ecológico” cuando la huella ecológica no excede la biocapacidad; en contraste, se considera que existe una “deuda”, “sobregiro” o “déficit ecológico” cuando la huella calculada es mayor que su biocapacidad. A nivel global se estima que en 1961 la huella de la humanidad era de 7 522 millones de hectáreas globales (equivalente a 2.4 ha/hab), mientras que la biocapacidad ascendía a 9 736 millones de hectáreas globales (3.2 ha/hab); esto significaba que la humanidad tenía un crédito ecológico de 2 214 millones de hectáreas globales (0.8 ha/hab; Figura 1.22). Nueve años después, en 1970, las magnitudes de la huella y de la biocapacidad se igualaron en 2.8 hectáreas por persona, debido tanto al incremento de la huella ecológica como al decremento de la biocapacidad global.
En 2012, la huella ecológica alcanzó 20 107 millones de hectáreas globales (2.8 ha/hab), mientras que la biocapacidad sumaba 12 249 millones (1.7 ha/hab); esto resultaba en un déficit ecológico de 7 859 millones de hectáreas (1.1 ha/hab). Lo anterior se interpreta como que la humanidad rebasó, en alrededor del 64%, la capacidad del planeta para mantenerla de forma sustentable. En otros términos, sería equivalente a decir que para el año 2012 se necesitaban 1.6 planetas con una biocapacidad como la del nuestro para sostener los patrones de consumo de la sociedad humana en ese año.
De los componentes de la huella ecológica per cápita en el mundo en 2012 (2.8 ha/hab), 20.5% correspondía a la superficie para cubrir las necesidades de pesquerías, tierras de pastoreo, madera y asentamientos humanos, y 20% a la superficie para obtener productos agrícolas (Figura 1.23). El 59.5% restante (1.69 ha/hab) de la huella correspondía a la superficie necesaria para absorber el CO2 emitido principalmente por la quema de combustibles fósiles.
En el caso de México, en 1961 la huella ecológica estimada era de alrededor de 2 hectáreas globales por persona, que para 2012 había crecido hasta alcanzar un valor de 2.9 hectáreas globales. En el mismo periodo, la biocapacidad descendió de alrededor de 4 hectáreas globales por persona a 1.3 (Figura 1.24). Esto significa que en 50 años cada mexicano pasó de tener un crédito ecológico de alrededor de 2 hectáreas globales a un déficit de 1.6 hectáreas globales.
Al igual que la mayor parte de los países del mundo, en México el componente que mayor peso tiene en la huella ecológica es la superficie requerida para absorber el CO2 producto de la quema de combustibles fósiles. En 2012 representó el 60.2% de la huella ecológica per cápita (1.74 ha/hab, un valor muy similar a la biocapacidad nacional actual), mientras que la categoría de menor impacto fue la de los asentamientos humanos con 1.7% de la huella ecológica (0.05 ha/hab).
Si se relaciona la huella ecológica con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), se observa que todos los países con muy alto desarrollo humano (es decir, un IDH mayor a 0.8) tienen huellas ecológicas por arriba de la biocapacidad promedio mundial(1.73 ha/hab en 2012), es decir, están en condición de déficit ecológico (Figura 1.25). Esto parecería apoyar la noción de que el alcance de dicha condición y el estilo de vida actual de sus ciudadanos no han seguido consideraciones de sostenibilidad.
La huella hídrica
La huella hídrica es una medida de la apropiación de los recursos hídricos, y se define como el volumen total de agua que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de un país, aunque también puede utilizarse para empresas o productos particulares (Chapagain y Hoekstra, 2004). Este concepto se introdujo con el fin de proporcionar información sobre cómo se usa el agua en la producción, y complementar así los indicadores tradicionales (por ejemplo, el volumen de extracción) de uso del líquido por los diferentes sectores y de la población en general.
La huella hídrica tiene tres componentes: azul, verde y gris. La huella azul se refiere al consumo de recursos hídricos superficiales y subterráneos que se evaporan o incorporan a un producto. La verde corresponde al volumen de agua de lluvia consumido, lo cual es particularmente relevante en la producción de cultivos de temporal. Finalmente, la huella gris es el volumen de agua dulce necesaria para asimilar la carga de contaminantes que se desechan en las aguas domésticas y en aquellas que son producto de las actividades industriales y agropecuarias (Mekonnen y Hoekstra, 2011).
El cálculo disponible para la huella hídrica corresponde al periodo 1996–2005 (Mekonnen y Hoekstra, 2011). En ese periodo, la huella hídrica promedio per cápita a nivel mundial era de 1 385 metros cúbicos por año, con grandes diferencias entre países y regiones (Mapa 1.9). Los países industrializados alcanzaron una huella hídrica per cápita de entre 1 258 y 2 842 metros cúbicos por año, con el Reino Unido en el extremo inferior del intervalo y Estados Unidos en el extremo superior. Sin embargo, un alto uso de los recursos hídricos no es particular a los países industrializados: varios países en vías de desarrollo registraron huellas hídricas per cápita altas, principalmente como resultado de una baja eficiencia en el uso del agua y de las condiciones y tipos de cultivo. Entre ellos se encuentran Mongolia
(3 775 m3/hab/año),
Níger (3 519 m3/hab/año) y Bolivia (3 468 m3/hab/año).
La producción de alimentos es la actividad que más consume agua en el mundo, muy por arriba de las actividades industriales. De la huella hídrica per cápita mundial, casi 49% correspondió a la producción de cereales y carne (27% para los cereales y 22% para la carne), mientras que las que menos consumieron (por debajo del 5%) fueron las leguminosas en grano y las fibras (Figura 1.26). La producción industrial global contribuyó con tan solo el 5% a la huella per cápita global.
En México, la huella hídrica per cápita registrada entre 1996 y 2005 fue la número 49 en el mundo, con 1 978 metros cúbicos por año. Esto representa 42% más que el promedio mundial (1 385 m3/año). El 92% de la huella per cápita del país (1 820 m3/año) se debió, al igual que en el caso mundial, al consumo de productos agropecuarios, el 5% al consumo doméstico y el resto a productos industriales (3%; Figura 1.27).
La huella hídrica de la producción29 en México se estimó en 148 527 hectómetros cúbicos por año30, ubicándolo en el onceavo lugar a nivel mundial. La producción agrícola fue el componente mayoritario con 108 372 hectómetros cúbicos anuales, equivalente al 73.4% de la huella, seguido del sector pecuario con 25 916 hectómetros. El resto se dividió entre el consumo doméstico (7%; 10 380 hm3/año), la producción industrial (1.9%; 2 864 hm3/año) y el consumo pecuario (0.7%; 995 hm3/año). Si se divide la huella hídrica de la producción en sus componentes, la mayor parte de la huella verde y azul está asociada a la actividad agrícola (76 y 84%, respectivamente); mientras que en la gris dominan el uso industrial y doméstico (Figura 1.28).
Con respecto a la huella hídrica del consumo31, México ocupa la octava posición en el mundo con 197 425 hectómetros cúbicos por año. Del total del consumo mexicano, 2.7% se debe a productos industriales y 5.3% al consumo doméstico; la mayoría (92%) se atribuye a productos agropecuarios. Al considerar los diferentes grupos de productos consumidos, México es un gran importador de agua a través de la actividad agropecuaria (44% es huella externa32) e industrial (67%). Considerando el origen de la huella hídrica del consumo, 57.5% es interna33, y el restante 42.5%, externa, siendo el componente verde el que ocupa la mayor proporción en ambas huellas (Figura 1.29).
La huella humana
Otra aproximación para evaluar el impacto de las actividades humanas en el ambiente terrestre se basa en el cálculo de la llamada “huella humana” (HH), definida como la transformación de los ambientes físicos y de los ecosistemas que sostienen por efecto de las actividades humanas (Theobald, 2013)34. Existen distintos métodos para estimar la HH, basados fundamentalmente en el análisis de información geoespacial detallada y en el supuesto de que la intensidad de la influencia humana sobre el ambiente es el resultado del tipo de actividad realizada, de la superficie que ocupa esa actividad y de la acumulación de actividades a través del tiempo y del espacio ocupado (González-Abraham et al., 2015).
En un estudio reciente, Venter y colaboradores (2016) calcularon la huella humana global para los años 1993 y 2009 empleando ocho variables que medían, directa o indirectamente, la presión humana sobre el ambiente terrestre35. El valor promedio de la huella humana36 creció 9% entre 1993 y 2009, pasando de 5.67 a 6.16. Según el estudio, alrededor del 75% de la superficie terrestre mostraba en 2009 algún grado de impacto por el hombre (Figura 1.30a). Las regiones con los mayores impactos se ubicaron en los bosques templados del oeste europeo, el este de los Estados Unidos y China, en los bosques secos tropicales de la India y parte de Brasil y en los bosques tropicales húmedos del sureste de Asia (Figura 1.30a).
El cambio en la huella humana calculado para el periodo 1993-2009, observado a través de las ecorregiones en las que se divide al planeta, puede apreciarse en la Figura 1.30b. De las 823 ecorregiones consideradas, en 523 los autores observaron incrementos en los valores promedio de su huella, algunas en zonas caracterizadas por la presencia de una alta biodiversidad, como en el caso de la costa atlántica brasileña y las islas del sureste asiático. En contraste, en 223 ecorregiones se pudieron identificar reducciones en los valores promedio de la huella, principalmente en las regiones templadas de Norteamérica y el oeste europeo.
Para el caso de México, un ejercicio similar ha permitido calcular la huella humana para el año 201137. Para este caso, el valor de la huella humana de una zona puede oscilar entre -1 y 10, donde 10 denota ambientes con el mayor impacto posible y -1 ambientes sin evidencia de perturbación38. Los resultados del análisis mostraron que, en 2011, el valor promedio de la huella ecológica en el país fue de 1.87, lo que correspondería a un impacto bajo (0.1 a 2; Mapa 1.10). Esto se explica en que una proporción importante del país conserva aún su cubierta de vegetación natural (sea en condición primaria o secundaria; en 2011 la vegetación natural cubría 71.7% del territorio). Para mayores detalles respeto a la cubierta y a su condición ver el capítulo de Ecosistemas terrestres). Ahora bien, si tan solo se consideran las áreas con evidencia de impacto, el promedio de la huella humana en el país es de 3.74, lo que lo ubicaría en la categoría de impacto medio (2.1 a 4).
En términos de superficie, en el 53% de la superficie nacional no había o no era detectable el impacto de las actividades humanas (Mapa 1.10). En contraste, el 11% del territorio tiene un nivel muy alto de huella humana (7.1 a 10), el cual se concentra en zonas de los estados del centro, sureste y en la zona costera del noreste frente al Golfo de California.
Los estados con mayores niveles de huella humana en esa fecha fueron la Ciudad de México (con el 59% de su territorio con muy alto impacto, el mayor de todas las entidades del país), Guanajuato, Estado de México, Morelos, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz (Figura 1.31a). Por el contrario, los estados con menor huella humana fueron Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Quintana Roo y Sonora (Figura 1.31b), los cuales conservan más del 65% de su superficie con cobertura vegetal.
COSTOS ECONÓMICOS DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
La producción y el consumo de bienes y servicios, motores del desarrollo económico de los países, generan efectos negativos en la sociedad y el ambiente que frecuentemente no se incorporan en los precios con los que se comercian en el mercado (conocidos como “externalidades negativas” o “fallas de mercado”). La degradación ambiental, la contaminación del aire, el agua y los suelos, y la emisión de los gases de efecto invernadero que contribuye al cambio climático, son algunos de las “fallas del mercado” más relevantes.
Debido a que el crecimiento económico es uno de los componentes del desarrollo sustentable y que la degradación ambiental tiene un impacto directo en el crecimiento sostenido de la economía, se cuenta con información que permite hacer un balance objetivo de los costos de la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales, así como de lo que se invierte en acciones de protección y uso sustentable de los recursos naturales. Ambos aspectos se abordarán en la presente sección.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como parte del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM), calcula desde 198539, los llamados Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA). Dichos costos representan las erogaciones que la sociedad tendría que realizar para remediar, restituir o prevenir el agotamiento y la degradación de los recursos naturales y el medio ambiente (INEGI, 2013). Los CTADA se dividen en costos de agotamiento y costos por degradación.
Los datos más recientes para los CTADA corresponden al periodo 2003-201440. Éstos muestran que los CTADA aumentaron de 648 mil millones de pesos en 2003 a 911 mil millones en 2014, lo que significó un aumento del 40.5% (Figura 1.32; Cuadro D2_CAMBIENT02_004). Si los CTADA se comparan con el PIB, mientras que en 2003 representaban el 8.4% de este último, para 2014 esta cifra alcanzaba 5.3%. Esta reducción relativa debe interpretarse básicamente como resultado del crecimiento diferencial de ambos conceptos: en el citado periodo el PIB creció más rápidamente (al 7.59% anual considerando el periodo) que como lo hicieron los CTADA (3.14% anual).
Al interior de los CTADA, los costos por degradación (CD) representaron, en promedio, el 75% de los costos entre 2003 y 2014. En 2003 totalizaron 520 mil millones de pesos, mientras que en el año 2014 sumaron 760 mil millones de pesos (Figura 1.33). Los costos por la degradación ambiental crecieron anualmente en el citado periodo a una tasa anual de 3.5%, esto es, más rápidamente que el crecimiento de los costos por agotamiento (ver más abajo). Dentro de los CD se incluyen los asociados a la degradación del aire, suelo y agua (Figura 1.33). Entre ellos, los asociados a la degradación del aire son los que más contribuyen a la degradación ambiental, siendo el 71.3% del total en 2014, seguidos por los costos de la degradación del suelo (18.9%) y del agua (9.8%). Éstos últimos fueron, entre 2003 y 2014, los que crecieron más en términos relativos (505% al 18% anual), le siguieron los costos por la degradación causada por residuos (131%, 8% anual), erosión y degradación de suelo (77%; 5% anual) y del aire (25%; 2% anual). Si se comparan los costos relacionados a la degradación ambiental con el PIB, entre 2003 y 2014 disminuyeron de 6.7 al 4.4%, respectivamente.
En el caso de los costos por agotamiento (CA), se incluyen los relativos a los hidrocarburos, recursos forestales y el agua subterránea. Como puede observarse en la Figura 1.32, su contribución a los CTADA es menor a los relacionados con los costos de la degradación ambiental: entre 2003 y 2014 su contribución promedió el 25% del total. Los CA crecieron en el citado periodo de 128.3 a 150.5 mil millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual del 1.46% (Figura 1.34). De entre los componentes de los CA, el correspondiente a los hidrocarburos ha contribuido en mayor proporción con el costo del agotamiento total: en 2014 alcanzó el 70% y le siguieron por su valor los costos por el agotamiento del agua (20% del total de los CA) y por los recursos forestales (10%). En el caso de este último, es el único que muestra una tendencia decreciente en el tiempo: mientras que en 2003 sus costos se estimaron en 18.5 mil millones de pesos, en 2014 alcanzaron 14.7 mil millones de pesos, es decir, representaron una disminución de alrededor del 20%, la cual puede explicarse por la reducción de la pérdida de volumen de madera en los bosques resultado de la disminución de la tasa de deforestación en el país en ese periodo y las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales (para más detalles consultar el capítulo de Ecosistemas terrestres).
Los gastos gubernamentales en proteccion ambiental (GPA) se definen como las erogaciones que se realizan por la sociedad en su conjunto para prevenir, controlar o disminuir el daño ambiental generado por las actividades de producción, distribución y consumo41. Una manera de medir la suficiencia del esfuerzo de los GPA es contrastar su monto erogado contra los CTADA. En 2014, los GPA representaron el 16.2% de los CTADA (Figura 1.35). No obstante que esta diferencia es importante, debe notarse que la diferencia entre los GPA y los CTADA se ha venido reduciendo desde 2003.
Los gastos en protección ambiental aumentaron de manera constante entre 2003 y 2014. Su mayor crecimiento se observó entre 2003 y 2011, cuando pasaron de 44.8 a 145.9 mil millones de pesos; despues de ese periodo se han estabilizado alcanzando en 2014 los 147.6 mil millones de pesos. En este último año, entre las actividades principales en las que se enfocaron los GPA fueron la protección de la calidad del airem, el ambiente y el clima (15.2% del total), la gestión de las aguas residuales (15.8%) y la gestión de los residuos sólidos (6.3%; Figura 1.36a).
Desde el punto de vista administrativo, en 2014 la mayor parte de los GPA fueron cubiertos por el sector paraestatal (65 mil millones de pesos) y los gobiernos estatales (39 mil millones de pesos; Figura 1.36b)). Le siguieron el nivel federal (32 mil millones de pesos), municipal (7.3 mil millones de pesos) y finalmente los hogares que destinaron un total de 3.7 mil millones de pesos.
La Figura 1.36c muestra la erogación con base en la funcionalidad de las erogaciones. Puede observarse un claro énfasis en las erogaciones destinadas a la remediación, que en 2003 representaban 20 mil millones de pesos y en 2014 alrededor de 90.9 mil millones de pesos. Es importante notar que la prevención ha registrado un crecimiento importante: mientras que en 2003 representaba el 10.2% de los GPA, en 2014 se duplicó para representar el 20%.
ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
La salud ambiental es una rama de la salud pública que busca entender los aspectos del ambiente natural y humano (ya sean físicos, químicos y biológicos) que impactan la salud o alteran los balances ecológicos esenciales para su preservación y el mantenimiento de un ambiente sano. Factores ambientales relacionados con daños a la salud son, por ejemplo, la calidad del agua (que cuando no es adecuada causa enfermedades gastrointestinales) y del aire (causante de enfermedades respiratorias), el cambio climático, y los efectos asociados a las actividades agrícolas, el transporte, el ruido y el manejo de los residuos sólidos, entre algunos otros (Tabla 1.1; WHO, 2011).
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que aunque no hay una estimación oficial del número de personas que resultan afectadas por factores de riesgo ambientales, se sabe que tiene un peso importante en la salud pública. Entre las enfermedades prevenibles asociadas a la calidad del ambiente se encuentran diarreas, infecciones de las vías respiratorias, malaria y las ocasionadas por manejo de sustancias peligrosas, radiación y accidentes industriales o carreteros.
En esta sección se analizan, en función de la calidad y la disponibilidad de la información, las enfermedades de origen hídrico y las denominadas infecciones respiratorias agudas, vinculadas al deterioro de la calidad de aire (véanse los capítulos de Agua y Atmósfera para más detalles al respecto). Ambos grupos de enfermedades se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad tanto en México como en el mundo.
Enfermedades de origen hídrico
Cuando el agua no reúne los requisitos de calidad para el consumo humano puede ser vehículo de bacterias, virus o protozoarios entéricos que causan afecciones conocidas genéricamente como “enfermedades de origen hídrico” (EOH). Entre las principales se encuentran las enfermedades diarreicas, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea, la amebiasis y la hepatitis A (Mazari et al., 2010). Su presencia en la población está relacionada con agua contaminada, saneamiento inadecuado y malos hábitos de higiene.
Las enfermedades de origen hídrico son una causa importante de mortalidad infantil en el mundo, principalmente en los países en vías de desarrollo. En México, en 2014 las EOH figuraban entre las primeras 20 enfermedades con más casos registrados (DGE, Salud, 2015), siendo una de sus principales causas el uso de aguas residuales sin tratamiento para el riego de alimentos que se consumen crudos (Mazari et al., 2010).
La morbilidad atribuible a las EOH en el país presenta, en términos generales y a pesar de un repunte entre 2009 y 2012, una tendencia a la baja entre el año 2000 y el 2014 (Figura 1.37). Pasó de 7.13 millones de casos totales en el año 2000 (con una tasa de 7 068 casos/100 mil hab) a 5.58 millones de casos (4 663 casos/100 mil hab) en 2014 (DGE, Salud, 2015). La mayor proporción de los casos de EOH registrados en ese periodo se debió a infecciones intestinales (en 2014 representó 88.5% de los casos); mientras que enfermedades con menor incidencia fueron el dengue clásico y hemorrágico, la fiebre tifoidea y la hepatitis A (todas con menos del 1% de los casos anuales).
La mortalidad por infecciones intestinales es un indicador complementario a la morbilidad, y ayuda a entender el peso de las condiciones sanitarias hídricas del país en esta variable demográfica. Para el grupo de menores de cinco años, la mortalidad pasó de 21.8 por cada 100 mil habitantes en 2000 a 9.1 en 2011. En este último año, las tasas de mortalidad más altas para este grupo de edad se registraron en Chiapas (30.8 decesos/100 mil hab), Oaxaca (16.7 decesos/100 mil hab) y Puebla (14.3 decesos/100 mil hab), mientras que en Colima no se presentó ningún deceso por esta causa (Mapa 1.11; DGE, SALUD, 2015).
Infecciones respiratorias agudas
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de padecimientos del aparato respiratorio causadas principalmente por bacterias y virus, que evolucionan en tiempos menores a quince días, en algunos casos incapacitantes y cuando no son tratadas a tiempo o adecuadamente, mortales. Se transmiten de persona a persona y aunque generalmente son de origen infeccioso, los factores de riesgo ambientales como la contaminación atmosférica pueden afectar su evolución y gravedad (OMS, s/a). Ejemplos de IRA son el resfriado común, faringoamigdalitis, otitis, sinusitis, influenza y neumonía grave, entre otras. Se estima que el 42% de las enfermedades crónicas pulmonares se debe a factores de riesgo ambientales relacionados con exposición laboral a polvo y químicos, así como la contaminación del aire en espacios cerrados por la quema de combustibles sólidos (como en el caso del uso de leña) para cocinar o como calefacción (Prüss-Üstün, A. y Corvalan, 2006).
En México entre 2000 y 2014, el promedio de la tasa de morbilidad por IRA fue de 25.12 miles de casos por cada 100 mil habitantes (Figura 1.38). El repunte observado en 2009 se relacionó con la pandemia de influenza A/H1N1 que se presentó en el país ese año. Si se analiza por entidad federativa, en 2014 las que registraron las menores tasas de morbilidad fueron Chiapas (12 816 casos/100 mil hab), Veracruz (15 142 casos/100 mil hab) y Baja California (15 964 casos/100 mil hab; Mapa 1.12). En contraste, Aguascalientes, Zacatecas y Durango presentaron los mayores números con 44 636, 38 485 y 34 082 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente (Mapa 1.12; DGE, Salud, 2015).
REFERENCIAS
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Conapo. Proyecciones de la Población de México 2010-2050 y estimaciones 1990-2009. México. Abril 2013. Disponible en: www.conapo.gob.mx. Fecha de consulta: julio de 2015.
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NOTAS
1 Se refiere a una vivienda sin acceso a una fuente de agua mejorada, drenaje y saneamiento adecuado, materiales de construcción apropiados y/o espacio suficiente para vivir.
2 La inequidad en el ingreso se mide a través del coeficiente de Gini, que toma valores entre cero y uno: entre mayor sea su valor indica una mayor concentración de los ingresos, es decir, una mayor desigualdad entre los habitantes.
3 El coeficiente ha oscilado entre valores de 0.45 y 0.48.
4 Éste se concibe, en una de sus definiciones más comunes, como el conjunto de recursos naturales y servicios ambientales que proveen los ecosistemas y que hacen posible la vida en la biosfera y el desarrollo humano.
5 Periodo 1990-2012.
6 Periodo 1997-2012.
7 Periodo 1998-2014.
8 Periodo 1993-2011.
9 La extracción de materiales mide el volumen, en toneladas, de la extracción efectuada en el territorio nacional de materias primas que después se insertan en la economía (no necesariamente nacional, pues muchos de ellos se exportan).
10 La cifra de 2015 incluye a las 407.7 mil personas sin residencia o con residencia colectiva del Servicio Exterior Mexicano.
11 En México, uno de los municipios más densamente poblados es el de Ecatepec, en el estado de México, con un valor estimado de alrededor de 87 mil habitantes por kilómetro cuadrado.
12 La razón de dependencia refleja la relación entre el número de personas que por su edad no se encuentran activas en términos económicos (0-14 años y 65 y más años) y las que sí lo están (entre 15 y 64 años). A mayor valor de este cociente, mayor será la carga para la población activa. Es importante considerar que esta medida muestra una relación teórica entre la población dependiente y la población en edad productiva. En realidad no todas las personas menores a 15 años o mayores de 65 años se encuentran inactivas, ni todas las que pertenecen a la población en edad productiva se encuentran laborando en un momento particular.
13 El 16% de ellas mostraban escasa comunicación con otros centros poblacionales al estar alejadas por al menos un kilómetro de distancia de cualquier carretera.
14 Para el INEGI, las localidades rurales son aquellas con menos de 2 500 habitantes, las localidades mixtas o en transición son aquellas con una población entre 2 500 y 14 999 habitantes, y las localidades urbanas poseen 15 000 o más habitantes.
15 Incluye localidades rurales, mixtas o en transición y urbanas. La media nacional es de 9.7 localidades por cada cien kilómetros cuadrados.
16 Corresponden a las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Juárez, La Laguna, Querétaro y San Luis Potosí.
17 En México el Conapo también calcula el índice de marginación, que clasifica a la población a partir de sus carencias en cuanto a educación, vivienda, ingresos y distribución. De este informe se ha omitido, pero puede consultarse dentro del Capítulo 1 del Informe en su Edición 2012 (http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD001623.pdf).
18 Actualmente, la equidad se refiere principalmente a la justicia distributiva, esto es, se orienta a remediar las injustas desigualdades entre las personas (UNDP, 2011).
19 Los datos más recientes sobre el IDH a nivel nacional, estatal y municipal no corresponden a los mismos años: el IDH nacional más reciente corresponde a 2014 y los de entidad federativa y municipal a 2012 y 2010, respectivamente.
20 La línea de bienestar delimita el monto de recursos que son suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere un individuo para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. En el caso de la línea de bienestar mínimo, identifica el ingreso que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes, es decir, la canasta que le permite cubrir sus necesidades alimentarias (Coneval, 2014).
21 Considerando su estimado para 2013.
22 Con datos de 2013.
23 Su propuesta corresponde a la que la literatura reconoce comúnmente como Curva Ambiental de Kuznets (EKZ, por su acrónimo en inglés).
24 Consultar la sección de La huella humana en México para mayores detalles respecto a su cálculo. En términos generales, este índice mide las afectaciones al territorio causadas por las actividades agropecuarias, acuícolas, mineras o por la presencia de zonas urbanas e infraestructura.
25 La media nacional de consumo diario de agua en 2014 fue de 278 litros por habitante.
26 La medición de la huella ecológica no incluye el consumo de agua dulce debido a que su demanda y uso no se pueden expresar en términos de superficie; no obstante, actualmente se calcula, a través de una propuesta similar llamada “huella hídrica” (ver páginas más adelante).
27 La biocapacidad de un país está determinada por el tipo y cantidad de hectáreas biológicamente productivas dentro de sus fronteras, así como de su rendimiento promedio.
28 La hectárea global es una hectárea con la capacidad biológica para producir recursos y absorber desechos sin importar el país donde se encuentre o si está ocupada por cualquier ecosistema o por hielos perpetuos (WWF, 2014).
29 La huella hídrica de la producción es el volumen de agua de extracción local empleado para producir bienes, servicios y productos, tanto para consumo interno como para exportación. Esta medida permite conocer el estrés ocasionado sobre los recursos hídricos, y se obtiene de sumar el agua verde, azul, y gris en todos los procesos productivos agropecuarios, así como el agua azul y gris de los industriales y domésticos (Vázquez del Mercado Arribas y Buenfil Rodríguez, 2012; WWF, AgroDer, SabMiller, 2012).
30 Un hectómetro cúbico (hm3) = 1 millón de metros cúbicos.
31 Se define como la cantidad total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de una nación.
32 El componente de la huella hídrica que se denomina “huella externa” impacta y se produce fuera de la nación e implica la apropiación de los recursos hídricos de otros países para la producción de bienes y servicios que se importan y consumen en el país considerado. La huella hídrica externa es una manera de reducir la presión sobre los recursos hídricos propios (Vázquez del Mercado Arribas y Buenfil Rodríguez, 2012).
33 El componente de la huella hídrica que se denomina “huella interna” es la que impacta y se genera dentro de la nación, es decir, es la apropiación de los recursos hídricos nacionales.
34 El primer trabajo que propuso la huella humana fue el de Sanderson y colaboradores (2002), que evaluó el impacto de las actividades humanas en la superficie terrestre considerando cuatro variables: densidad poblacional, accesibilidad, cambio de uso del suelo e infraestructura eléctrica.
35 Las ocho variables fueron: 1) extensión de ambientes construidos, 2) tierras agrícolas, 3) tierras pecuarias, 4) densidad poblacional, 5) iluminación nocturna, 6) vías férreas, 7) caminos y 8) vías navegables.
36 El valor de la huella calculado en este trabajo oscila entre 0 y 50, con valores crecientes denotando mayor impacto humano.
37 Para la estimación de la huella humana se siguió la metodología propuesta por Sanderson y colaboradores (2002), González-Abraham colaboradores (2015) y Theobald (2013). Los impactos de las actividades humanas consideraron tanto la intensidad de la modificación de los ecosistemas a partir de su condición original, como la extensión del impacto, es decir, la superficie modificada por las distintas actividades. Las actividades productivas consideradas fueron la agricultura, ganadería, acuicultura, plantaciones forestales o minería a cielo abierto, la presencia de zonas urbanas (incluyendo zonas industriales e instalaciones de generación de energía) y de infraestructura (vías de comunicación, presas, aeropuertos, canales, líneas de transmisión eléctrica, sitios de disposición de residuos sólidos y las plantas de tratamiento, entre otras).
38 Las categorías de impacto o de huella humana (HH) corresponden a la siguiente clasificación: no transformada (-1 a 0), bajo (0.1 a 2.0), medio (2.1 a 4.0), alto (4.1 a 7.0) y muy alto (7.1 a 10).
39 A pesar de que se dispone de información para los CTADA desde 1985, debido al cambio de año base de las cuentas nacionales y otros ajustes metodológicos, no existe una serie unificada en valores monetarios que permita hacer comparaciones más precisas de largo plazo.
40 Los datos son calculados con 2008 como año base.
41 A la fecha no se dispone de los montos erogados por parte de las empresas, por lo cual los datos de protección ambiental podrían estar subestimados. Los datos recabados por el INEGI, que son los que aquí se muestran, son únicamente representativos del sector público y del manejo de los residuos en los hogares.