A inicios de la década de los noventa del siglo pasado, ante el escaso beneficio social del crecimiento económico y el evidente deterioro ambiental, creció la necesidad de plantear la transición del modelo económico tradicional, el de la economía “marrón”, basado en el uso intensivo de los combustibles fósiles y el agotamiento y la degradación del capital natural, hacia otro que permitiera alcanzar el desarrollo sustentable1.
El modelo alternativo, el de “crecimiento” o “economía verde”2, cambia el enfoque para dar un sitio preponderante no sólo a la economía, sino también a las dimensiones social y ambiental. Su intención se ha enfocado en alentar el crecimiento económico con una mayor inclusión social y con una mejor calidad ambiental, reconociendo que el medio ambiente y el capital natural son piezas fundamentales para garantizar la sustentabilidad de la producción actual y la de las generaciones futuras (OECD, 2011 y UNEP, 2011a). Es importante señalar que este nuevo modelo no pretende sustituir el concepto de desarrollo sustentable, simplemente se plantea como un camino que conduce hacia él, con una visión y una agenda que permite alcanzar objetivos concretos y medibles.
México se ha planteado recientemente enverdecer su camino hacia el desarrollo sustentable a través de políticas públicas que, además de buscar el cuidado del medio ambiente, promuevan el aumento de la productividad y detonen el desarrollo económico, consiguiendo así una economía baja en carbono que además maneje adecuadamente sus recursos hídricos y detenga la pérdida de la biodiversidad. Todo lo anterior deberá contribuir, y no dejar de lado, el objetivo primordial de reducir los niveles de pobreza e incrementar el bienestar y la calidad de vida de todos los mexicanos.
Resulta claro que no existe un camino único para todos los países en su marcha hacia el desarrollo sustentable; las distintas rutas dependen, en esencia, de las condiciones y situaciones propias de cada país: del tipo y estado de las reservas de recursos, de las condiciones ambientales, la situación social y económica y de los arreglos políticos e institucionales existentes (OECD, 2011). Por lo anterior, cualquier conjunto de indicadores que pretenda monitorear el tránsito hacia una economía más verde deberá integrarse con base en las condiciones específicas del país para el cual se ha diseñado.
El Conjunto de Indicadores de Crecimiento Verde pretende ser un apoyo para medir el ritmo del tránsito que nuestro país se ha planteado hacia un desarrollo más verde. Aunque su construcción se ha inspirado en los marcos conceptuales y ha retomado un número importante de los indicadores presentes en las iniciativas de crecimiento y economía verdes propuestas por importantes organismos internacionales, ha sido adecuado y complementado para describir cabalmente las circunstancias nacionales. Claramente, la lista actual de indicadores no será definitiva; a ella deberán sumarse en el futuro nuevos indicadores una vez que más y mejor información se genere y permita seguir con mucho mayor detalle los fenómenos del metabolismo de nuestra sociedad que por el momento no son posibles de analizar. No obstante, constituye un muy buen inicio para seguir algunos de los objetivos generales que como país nos hemos impuesto para nuestro futuro inmediato.
Estructura del Conjunto de Indicadores de Crecimiento Verde
Los 69 indicadores que constituyen el conjunto se agrupan en cuatro grandes secciones que engloban los principales aspectos del metabolismo y del crecimiento verde de nuestra sociedad, los cuales guardan importantes interrelaciones entre sí: 1) la producción y el consumo, 2) el capital natural, 3) la innovación, las oportunidades económicas y las políticas públicas que promueven el crecimiento verde y, 4) el contexto socioeconómico nacional. Su interrelación se muestra en la Figura 1 y se explica con mayor detalle en los párrafos siguientes.
Figura 1. Estructura del Conjunto de Indicadores de Crecimiento Verde
Indicadores de producción y consumo
Los indicadores de producción y consumo constituyen el corazón del conjunto. Actualmente se reconoce que los patrones de producción y consumo de la sociedad global son los factores que más deterioran la calidad ambiental y producen el agotamiento de las reservas de recursos naturales (MEA, 2005; Krausmann et al. 2009). A principios del siglo XXI, la humanidad utilizaba diez veces más materias primas para la producción que cien años antes, y este volumen continúa creciendo, según estimaciones, a una tasa del 3.4% anual (Schaffartzik et al. 2014). Sin embargo, debido a que la biosfera es un sistema finito, sujeto a leyes naturales que imponen restricciones a los subsistemas que de ella dependen (como es el caso de la economía, y por tanto, de la producción y el consumo), no se puede pretender que éstos crezcan indefinidamente, de manera estable y segura, en un ecosistema global limitado3 (Daly, 2005; UNEP, 2010).
Los efectos ambientales de la producción y el consumo, fácilmente reconocibles a lo largo y ancho del planeta, no sólo son visibles en la creciente escasez de muchos recursos para la producción, también pueden apreciarse en la degradación y la reducción de los hábitats naturales, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación del aire, suelo y agua, entre los más importantes, sin olvidar las consecuencias debidas al cambio climático (uno de los problemas globales más importantes hoy en día) y sobre la salud humana (MEA, 2005; Conabio, 2008; UNEP, 2010; IPCC, 2015). Aunado a ello, es sabido que el deterioro ocasionado por los patrones de producción y consumo insostenibles no se ha circunscrito a la esfera ambiental: sus efectos sociales y económicos agravan en muchas regiones del globo las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que sufre una parte importante de la población.
Con el fin de revertir esta tendencia, uno de los objetivos de la economía verde es la búsqueda del desacoplamiento gradual y sistemático de las tasas a las que crecen la economía y a la cual se aprovechan las reservas naturales usadas en la producción (Pearce, 1992). Alcanzar la descarbonización y la desmaterialización de las economías puede traducirse, en términos generales, en el aumento de la productividad y en una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales4; además, tiene también consecuencias ambientales benéficas, como son la reducción de los impactos que resultan de la extracción y el procesamiento de materias primas y la posibilidad de un aprovechamiento más duradero de las reservas de recursos naturales.
En este sentido, los indicadores incluidos en esta sección analizan la productividad de los insumos más importantes que sustentan la producción y la economía nacionales: los materiales (incluyendo los minerales, hidrocarburos y la biomasa), la energía y el agua. Respecto al flujo de materiales en la economía, se han incluido indicadores que analizan la extracción y el consumo doméstico (tanto total como por habitante) y la balanza física del comercio, todos ellos útiles para aproximar la magnitud del uso de recursos por parte de nuestra economía. Sumados a los anteriores, se presentan indicadores sobre la evolución de los desechos más relevantes de la producción: el bióxido de carbono (el principal gas de efecto invernadero y mayor responsable del cambio climático global) y los residuos sólidos, los cuales se consideran como fiel reflejo del ritmo de consumo de la sociedad y cuyo manejo inadecuado puede deteriorar la salud humana y el ambiente.
Indicadores del contexto socioeconómico
Detrás de los patrones de producción y consumo de un país están factores tan importantes como la demografía, la economía y el estilo de vida de los habitantes, entre otros (UNEP, 2010). Durante el siglo pasado, los patrones de producción y consumo cambiaron como nunca antes en la historia de la humanidad. El explosivo crecimiento de la población mundial (que alcanzaría en el año 2000 cerca de 6,400 millones de habitantes) y de la economía (que vio multiplicarse al PIB global por un factor de 20) acompañaron la transición de un régimen de características básicamente agrícolas a otro industrial alimentado por un crecimiento vertiginoso en el uso de recursos y en el deterioro ambiental (Maddison, 2001; Krausmann et al. 2009; Schaffartzik et al., 2014). México no fue la excepción a este patrón: entre 1950 y 2010 pasó de 25.8 a 112.3 millones de habitantes y su PIB se multiplicó por un factor de trece (Semarnat, 2015; Feenstra et al., 2015).
Actualmente, los países industrializados consumen cerca de diez veces más recursos per cápita que los más pobres del planeta (SERI et al., 2009). El crecimiento de las clases medias en los países de alto ingreso ha impulsado niveles crecientes de consumo, caracterizados por una mayor compra de productos manufacturados, alimentos y servicios. La generalización de este patrón podría ser preocupante: se ha sugerido que si cada habitante del planeta adoptara el nivel de consumo de los países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el consumo de materiales pasaría de los 70 mil millones de toneladas de hoy día a cerca de 160 mil millones en el año 2030 (GLOBAL 2000 y SERI, 2013).
Por todo lo anterior, queda claro que conocer los vínculos entre el uso de los recursos naturales y el desarrollo económico será muy importante para afrontar el reto de desacoplar el uso de materiales del crecimiento económico (Steinberger et al., 2010; OCDE, 2011). El conocimiento de dichos vínculos hará posible diseñar políticas que dirijan cambios estructurales que no sólo permitirán un uso más sustentable de los recursos naturales, sino también disminuir los impactos ambientales de los procesos productivos y del consumo.
Los indicadores de esta sección analizan el contexto socioeconómico de la sociedad mexicana; además de dar información fundamental para entender la estructura y el crecimiento de la economía (y sus efectos en la producción y el consumo), permitirán al lector seguir el progreso de la transición hacia una economía más verde desde la perspectiva socioeconómica. Se han incluido además de los indicadores económicos, otros relacionados con las características demográficas básicas (como por ejemplo, crecimiento poblacional, esperanza de vida y razón de dependencia), con las condiciones socioeconómicas (como los relacionados con el ingreso y la pobreza) y sobre el estado de la educación de la población (analizado a través del grado de escolaridad, matriculación y eficiencia terminal). Finalmente, forman también parte del conjunto un grupo de indicadores sobre el deterioro de la salud humana vinculado al deterioro ambiental (principalmente por la degradación de la calidad del aire y el agua) y sobre la cobertura de servicios básicos para el bienestar de la población, como son el acceso a agua potable, saneamiento y la recolección de residuos.
Indicadores del capital natural
La producción de los bienes y los servicios que consume la sociedad está ineludiblemente vinculada al capital natural (MEA, 2005; UNEP, 2011b). Éste se concibe como el conjunto de recursos naturales y servicios ambientales que proveen los ecosistemas y que hacen posible la vida en la biosfera y el desarrollo humano5. El capital natural no sólo constituye el insumo básico para la producción de alimentos, agua, vestido, materiales para la construcción de vivienda e infraestructura, combustibles, entre muchos otros, sino que además realiza la función de sumidero de muchos de los residuos que resultan de las actividades productivas y del consumo. La importancia del capital natural es tal que se le considera como la base de la pirámide sobre la cual se construyen los capitales humano, social, manufacturado y financiero (Conabio, 2010).
No obstante su importancia, el uso del capital natural ha pasado durante décadas inadvertido por el sistema económico. El modelo económico tradicional ha fallado en reconocer e incorporar en sus transacciones el valor de capital natural y los costos del deterioro ecológico ocasionados por la producción y el consumo, lo que ha sido sin duda una de las principales causas del agotamiento de los recursos y la degradación ambiental (Costanza y Daly, 1992). Como consecuencia, el deterioro del capital natural no sólo se ha limitado a la incapacidad actual de muchos ecosistemas para sostener la base de los recursos necesarios para la producción, sino también para poder asimilar y procesar los residuos que se vierten en ellos, todo ello con graves consecuencias para el bienestar de la actual generación y sin duda de las generaciones futuras.
La falta de consideración del capital natural en la economía se atribuye, al menos en parte, a las llamadas “fallas de mercados”: ya sea por el hecho de que el sistema de precios no ha incluido los costos o las externalidades negativas6 derivadas de la producción o el consumo o, en segundo lugar, porque simplemente no existen mercados para muchos de los servicios que brindan los ecosistemas (UNEP, 2011b). A ello debe sumarse la ausencia de políticas públicas que hayan intentado corregir dichas fallas para tomar en cuenta los costos externos y los beneficios de la producción y el consumo.
Para la economía verde, el capital natural es la base de la actividad económica y el bienestar humano (UNEP, 2011; OCDE, 2014). Su conservación es un requisito indispensable para conseguir la sostenibilidad de la producción actual y futura. En este sentido, busca prevenir el agotamiento y la degradación de la base de los recursos naturales, así como minimizar los impactos ambientales asociados a su extracción y procesamiento, de tal modo que permitan también reducir la calidad ambiental y los impactos a la salud humana y de los ecosistemas.
Los indicadores de capital natural incluidos en esta sección analizan el estado de los principales recursos renovables y no renovables, así como de los ecosistemas nacionales y su biodiversidad. Para los recursos renovables, los indicadores se enfocan en los recursos hídricos (tanto de origen superficial como subterráneo), forestales y pesqueros (considerando tan sólo las pesquerías de altura de los mares nacionales).
En el caso de los recursos no renovables, se analizan las reservas de hidrocarburos (básicamente en cuanto a su volumen y velocidad de agotamiento) y para los minerales solamente se ha incluido un indicador sobre su volumen de producción, debido a la falta de datos sobre el estado de las reservas nacionales. Finalmente, seis indicadores cubren el estado de los ecosistemas (principalmente terrestres, debido a la escasez de información sobre el estado de los ecosistemas dulceacuícolas y marinos), de la biodiversidad, uso sustentable de los ecosistemas y de la condición de los suelos del país.
Indicadores de innovación, oportunidades y políticas
Los actuales desafíos en materia económica, ambiental y social han llevado a muchos países, entre ellos México, a elegir entre permanecer en un modelo que durante décadas sólo les ha permitido modestas tasas de crecimiento (acompañadas por altos costos para el capital natural y por preocupantes condiciones de pobreza) o cambiar por otro que conlleve a un crecimiento económicamente sostenido y que permita, además de mejorar las condiciones de bienestar de su población, que el capital natural asegure la provisión de los bienes y servicios ambientales indispensables. México ha elegido este último.
El reconocimiento del valor fundamental del capital natural y del medio ambiente como base para la producción de bienes y servicios y como la fuente más importante de beneficios públicos, muy especialmente en el caso de la población cuyos medios de vida y seguridad dependen del ambiente, debe ser una de las bases más importantes para encaminar la transición hacia una economía más verde. En este sentido, uno de los puntos medulares es buscar que el valor de los activos ambientales se traduzca en incentivos de mercado que generen inversiones que utilicen más eficientemente el capital natural. A menos que los mercados reflejen correctamente los costos económicos de la degradación, es decir, que corrijan las fallas de los mercados, las generaciones futuras serán incapaces de obtener los mejores beneficios que los ecosistemas pueden brindarles (MEA, 2005).
Mejorar la productividad en el uso de los recursos naturales también puede representar un cambio muy positivo en esta transición, y en la cual la inversión (tanto pública como privada) será importante (OCDE, 2011). Las ganancias no sólo pueden rendir en un mejor aprovechamiento del capital natural nacional, sino también en menores impactos ambientales derivados de los procesos de producción.
La inversión necesaria para realizar los cambios tecnológicos o de infraestructura requeridos para una producción con menor impacto sobre el capital natural y los recursos naturales es cuantiosa. Para muchos países, especialmente los países en desarrollo, destinar los recursos internos en estos cambios resulta insuficiente; de ahí que la inversión extranjera directa y la asistencia oficial para el desarrollo resulten fundamentales para apoyar el cambio.
En esta sección del conjunto se analizan algunas de las acciones de gobierno y del sector privado que pueden impulsar un desarrollo verde. La primera sección se enfoca en el apoyo gubernamental y sus resultados para la generación de conocimiento que pueda generar tecnologías y procesos que resulten en beneficios al ambiente. Enseguida, se ha incluido un indicador sobre el empleo verde y un par más sobre el valor económico del uso sustentable de los recursos naturales y de la producción de bienes y servicios ambientales. Se presentan también indicadores sobre los flujos financieros y los mecanismos internacionales que pueden incidir positivamente sobre el desarrollo y el desempeño ambiental de la economía interna del país. La cuarta sección sistematiza indicadores respecto a los instrumentos económicos (como los impuestos, precios y subsidios) que pueden tener efectos directos en los consumidores y, finalmente, se ha incluido un indicador sobre el gasto gubernamental destinado a la protección ambiental.
Referencias
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Notas
1Ver, por ejemplo, Blueprint for a Green Economy, donde Pearce y colaboradores (1989) consideran que debido a que las economías actuales están basadas en el agotamiento del capital natural para asegurar el crecimiento, el desarrollo sustentable es imposible de alcanzar por esa vía.
2Existen diferencias de enfoque entre organizaciones con referencia a este nuevo modelo. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) la economía verde es “…aquélla que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica.” (UNEP, 2011a). Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo define como “…el crecimiento y desarrollo económico que a la vez previene la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y el uso insostenible de los recursos naturales. Busca invertir en el medio ambiente como un impulsor del crecimiento económico y maximizar las oportunidades de aprovechar fuentes más limpias de crecimiento, desacoplando las presiones ambientales del crecimiento económico.” Su estrategia se basa en el uso de impuestos ambientales y la reducción de distorsiones de precios en forma de subsidios. Incluye otros instrumentos como el uso de permisos comerciables aplicables a emisiones o al uso de recursos naturales, así como la certificación que promueva los mercados verdes. Asimismo, busca maximizar las oportunidades de explotar fuentes limpias de crecimiento, desacoplando presiones ambientales del crecimiento económico. Por último, se enfoca en la productividad, la innovación y la estabilidad económica, así como en evitar la pérdida de biodiversidad y el uso insostenible de los recursos naturales.
3A la fecha existen importantes desacuerdos acerca de si la escasez de recursos o la competencia por ellos representa un problema fundamental para la economía global o si puede ser resuelto por el mercado. Para mayores detalles, consultar los trabajos de Weizsacker y colaboradores (2009) y Heinberg (2010).
4Es importante mencionar que el aumento de la productividad en el uso de los recursos no necesariamente conlleva a una menor tasa de extracción. En algunos casos, puede producir incrementos en los volúmenes de aprovechamiento, por lo cual no debe olvidarse el monitoreo de estos últimos (ver Polimeni et al., 2009).
5Para la OCDE, el capital natural se define como los ”activos naturales que proporcionan insumos en forma de recursos naturales y servicios ambientales para la producción económica". Dicha organización los clasifica en tres categorías principales: reservas de recursos naturales, la tierra y los ecosistemas.
6Se refiere a los costos sociales que no son reflejados en las operaciones del mercado. Un ejemplo claro son los costos derivados por la contaminación que resultan de las actividades productivas y que no se cargan a los precios de los bienes o servicios que los producen.
