Indicadores de respuesta

Programas institucionales para la conservación y rehabilitación de suelos

La conservación y uso sustentable del suelo contribuye en forma fundamental con los servicios ambientales de los ecosistemas, con la preservación de la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza (Haberl et al., 2004; Cotler et al., 2007). El desarrollo de planes y programas que contribuyan a la planeación y uso de los terrenos, con base en su vocación natural y el mejoramiento de la productividad agrícola (promoviendo el uso racional de agroquímicos y mejores sistemas de cultivo) son mecanismos de respuesta hacia los diferentes factores que provocan la degradación del suelo (Dumanski y Pieri, 2000; Hodge, 2001).

En México se han desarrollado programas para la conservación, uso y aprovechamiento del suelo, pero desafortunadamente se han enfocado a garantizar el desarrollo agropecuario y rural, así como el abasto de alimentos y otros productos, bienes o servicios (García-Salazar, 2001), sin prestar la atención debida a sus implicaciones ambientales (DOF, 2002; OCDE, 2003; Cotler, 2007). En los programas institucionales para la conservación y rehabilitación de suelos de índole federal participan distintas instancias, entre las que destacan la Semarnat, a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), esta última con el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes; antes Programa de Desarrollo Regional Sustentable, Proders). También participa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) y con el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (Piasre). En este sentido, la superficie incorporada a Programas Institucionales para la Conservación y Rehabilitación de Suelos es indicador de la respuesta gubernamental al problema del deterioro de los suelos en el país. Sin embargo, por su estrecha relación con el tema agrícola y forestal (Piorr, 2003; Semarnat, Conafor, INE, 2007)  éstos programas no se han enfocado específicamente a su recuperación (Cottler, 2007). Algunos países que también utilizan este indicador son Nueva Zelanda (Lilburne et al., 2002), Australia (Hamblin, 1998) y la Unión Europea dentro su política agrícola (UE, 2007). El Banco Mundial lo ubica dentro de la categoría de capacidad institucional (WBG, 2004) y la ONU lo considera dentro de los mecanismos de reporte por país en el marco del capítulo 10 de la Agenda 21 (ONU-Programa 21, 2003).