PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Ante la pérdida de la superficie de los ecosistemas naturales y de las especies que los habitan, en México y el mundo se han implementado distintas estrategias tendientes a reducir las presiones que los amenazan, mitigar sus efectos y revertir el deterioro. Tales estrategias se han orientado, principalmente, a dos de los niveles de la biodiversidad: las especies y los ecosistemas. Aun cuando se han dedicado esfuerzos para la preservación de la riqueza genética de las poblaciones de algunas especies (principalmente las domesticadas de importancia alimenticia o comercial), éstos han sido muy específicos.

En el caso de las acciones implementadas para la conservación o recuperación de especies con algún interés particular, destaca el desarrollo de los Programas de Recuperación de Especies Prioritarias (PREP). Ante el enorme reto de conservar el elevado número de especies de flora y fauna mexicanas, y considerando la dificultad de contar con programas individualizados para todas ellas, el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000 propuso una serie de proyectos para un conjunto de plantas y animales que, a juicio de los especialistas, deberían ser consideradas como especies prioritarias. Hasta 2008 se habían elaborado y publicado un total de catorce programas para distintos grupos y especies (Tabla 4.1).

En 2008, bajo la guía de la Conanp, se inició el Programa de Especies Prioritarias para la Conservación, el cual busca proteger a las especies mexicanas más amenazadas, en particular aquellas inscritas en la Lista Roja de especies en riesgo de la IUCN y algunas otras emblemáticas para la cultura de nuestro país. Adicionalmente, y con el fin de proteger a las especies de tortugas marinas que anidan en las playas del país, se desarrolla el Programa Nacional de Protección, Conservación, Investigación y Manejo de Tortugas Marinas, ahora a cargo de la Conanp, que coordina los 27 Centros para la Conservación de las Tortugas Marinas y el Centro Mexicano de la Tortuga, todo ello en 13 estados costeros del país (ver el Recuadro Las tortugas marinas mexicanas).

Para el caso de la conservación de los ecosistemas, se han seguido dos estrategias principales. Por un lado, destacan los esfuerzos en materia de la preservación de la integridad de los ecosistemas y de sus servicios ambientales (específicamente a través de la creación de Áreas Naturales Protegidas y de los Programas de Pago por Servicios Ambientales), y por otro, los esfuerzos encaminados al aprovechamiento sustentable de la biodiversidad (p. e. el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, Suma) que, de manera indirecta, conservan los ecosistemas donde habitan las especies objetivo. En esta última línea también existen programas de otros sectores (forestal, principalmente) que promueven el uso racional de la biodiversidad de los bosques nacionales, como son el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) y el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales (Procymaf). Detalles de éstos y otros programas pueden encontrarse en el capítulo de Ecosistemas terrestres.

Áreas Naturales Protegidas (ANP)

La creación de ANP ha sido, a nivel global, la principal estrategia de conservación en respuesta a la destrucción de los ecosistemas naturales desde el siglo pasado. Estas áreas son porciones terrestres o acuáticas (ya sean continentales o marinas), representativas de diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido alterado significativamente por la actividad humana, que proporcionan servicios ambientales de diversos tipos, e incluso pueden albergar recursos naturales importantes o especies de importancia ecológica, económica y/o cultural.

En el mundo, el crecimiento en el número y la superficie de ANP ha sido muy significativo en las últimas décadas. En 1972 se habían declarado 3 mil 392 áreas con una superficie de 2.78 millones de kilómetros cuadrados, las cuales para el año 2007 se habían incrementado a 107 mil 34 áreas, contabilizando alrededor de 19.6 millones de kilómetros cuadrados (UNEP, 2008). En este último año, la mayor superficie neta de ANP se encontraba en Asia (5.7 millones de km², es decir, 29.2% del total de área protegida en el mundo), seguida de Sudamérica (3.6 millones de km², 18.6%) y Norteamérica (3.5 millones de km², 17.9%; Figura 4.11). Las regiones con la menor superficie de ANP son Centroamérica y el Caribe (247.6 mil hectáreas, 1.27% del área protegida global) y Antártica (69.7 mil hectáreas, 0.35%).

En México, la creación de ANP también ha sido la estrategia de conservación más utilizada en los niveles federal y estatal. Actualmente, la Conanp es la responsable de todas las actividades que se realizan en las ANP federales del país. La entrada formal de México a la corriente internacional de parques nacionales comenzó durante el periodo del presidente Venustiano Carranza, con el decreto para constituir al Desierto de los Leones como el primer parque nacional en 1917 (Melo, 2002).

Durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo considerable para incrementar el número de áreas protegidas en México. En 1997 existían 130 áreas con una superficie total de alrededor de 18.9 millones de hectáreas, es decir, 9.7% de la superficie nacional. Para octubre de 2008, se tenían 166 ANP y una superficie protegida de aproximadamente 23.3 millones de hectáreas, de las cuales 18.7 millones corresponden a zonas terrestres (alrededor del 80.6% del total de la superficie protegida) y poco más de 4.5 millones de hectáreas a zonas marinas (19.4%; Figura 4.12; Tabla 4.2; Mapa 4.2; Cuadro D3 BIODIV04 12; IB 6.1-6, 6.3-10, 6.3.1-5, 6.4.1-7y 6.4.2-7).

La superficie nacional protegida en 2008 equivale al 11.9% de la superficie terrestre del país, porcentaje ligeramente inferior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) calculado para 2007 (12.7%; Figura 4.13) y al promedio mundial para ese mismo año (12.2%). Si se considera la superficie total protegida, México ocupa uno de los primeros cinco lugares dentro de la OCDE, tan sólo detrás de los Estados Unidos, Australia, Canadá y Alemania (OCDE, 2008).

La mayoría de los ecosistemas del país están representados dentro de las ANP. En la porción terrestre predominan los matorrales xerófilos de zonas áridas (cerca de 6.8 millones de hectáreas, 37.7% de la superficie terrestre protegida), los bosques templados (3.3 millones de hectáreas, 18.4%) y las selvas subhúmedas y húmedas (3.1 millones de hectáreas, 9.3% y 7.8%, respectivamente) los que ocupan la mayor proporción (Figura 4.14). Por su parte, las ANP marinas protegen importantes zonas de arrecifes coralinos: para julio de 2008, un total de 15 ANP protegían estos ecosistemas (IB 6.3.1-5).

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), existen seis categorías de manejo para las ANP: reservas de la biosfera (RB), parques nacionales (PN), monumentos naturales (MN), áreas de protección de los recursos naturales (APRN), áreas de protección de flora y fauna (APFyF) y santuarios (S). Además, existen los parques y reservas estatales (PyRE) y las zonas de preservación ecológica de los centros de población (ZPE). Para octubre de 2008, la categoría con mayor número de áreas decretadas a nivel federal fue la de PN, con 68 áreas, sin embargo, su contribución relativa a la superficie protegida nacional fue de tan sólo 6.3% (Figura 4.15; Cuadro D3_BIODIV04_13).

Las 38 reservas de la biosfera existentes en el país cubren alrededor de 51.2% de la superficie protegida del país. Su principal función es la de constituirse como espacios de investigación, conservación y desarrollo regional sostenible. Las 32 áreas de protección de flora y fauna abarcan 27.1% de la superficie protegida nacional, encontrándose principalmente en zonas con una considerable riqueza de flora o fauna o donde se presentan especies, subespecies o hábitats de distribución restringida. Las siete áreas decretadas de protección de los recursos naturales, representan 15.3% de la superficie protegida y, finalmente, las cuatro áreas decretadas como monumentos naturales comprenden sólo el 0.1% y contienen uno o varios elementos naturales que por su carácter único, estético, valor histórico y científico, requieren estar incorporadas a un régimen de protección absoluta.

Uno de los instrumentos que se utilizan para formalizar las estrategias de conservación y el uso de las áreas naturales protegidas federales es el llamado Plan de Manejo. Estos instrumentos, además de incluir aspectos relativos a las características del sitio (p. e. de orden ecológico, físico y cultural), incluyen también los objetivos de corto, mediano y largo plazos establecidos para el ANP relacionados con la investigación científica, la educación ambiental y la prevención y control de contingencias, entre otros. En México, hasta octubre de 2008, un total de 55 ANP contaban con planes de manejo publicados, lo que equivale a una superficie de 12.3 millones de hectáreas, es decir, cerca del 53% de la superficie total bajo este régimen de protección.

Un número importante de ANP forma parte de las redes internacionales de áreas protegidas. 36 ANP mexicanas (una de ellas de carácter estatal) están incluidas dentro del Programa El Hombre y la Biosfera (MAB, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia (UNESCO, por sus siglas en inglés), cuya principal intención es promover la investigación científica y la comunicación de las experiencias en el campo de la conservación y el uso racional de los recursos naturales. Por otro lado, dentro de los humedales de Importancia Ramsar, 49 de ellos se encuentran dentro de áreas naturales protegidas en nuestro país (Conanp, 2008). En este sentido, la Convención Ramsar sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en favor de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Para mayores detalles de los humedales nacionales en la convención Ramsar, ver los capítulos de Agua y Ecosistemas terrestres.

Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Suma)

Con el propósito de contribuir a promover la conservación de la biodiversidad sin dejar a un lado las necesidades de producción y desarrollo socioeconómico del sector rural, en 1997 se estableció el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Suma). Su objetivo general es la conservación de los hábitats naturales y sus servicios ambientales, así como las poblaciones y ejemplares de especies silvestres, para fines de restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, educación ambiental y aprovechamiento sustentable.

El Suma está integrado por todos aquellos predios (denominados Umas; ya sean de propiedad privada, ejidal o comunal) que se registran en el Sistema y en los que se realizan actividades de conservación exclusivamente, o de conservación y aprovechamiento sustentable. También pueden integrarse al Suma los predios de propiedad federal, incluidos los bienes nacionales destinados o concesionados conforme a la ley de la materia, cuyos fines sean de conservación o uso sustentable.

Dependiendo de su tipo de manejo, las Uma pueden ser de manejo en vida libre, cuando se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos; o de manejo intensivo, que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio. Las Uma deben operar de conformidad con un plan de manejo aprobado por la Semarnat, el cual funge como el documento técnico operativo que describe y programa las actividades para el manejo de las especies silvestres y sus hábitats, y que establece también las metas e indicadores de éxito de la Uma en función del hábitat y las poblaciones que maneja. Dependiendo de las cualidades y características de los productos que manejan las Uma, pueden ser de aprovechamiento extractivo o no extractivo (Tabla 4.3).

Bajo el esquema del Suma, hasta noviembre de 2008, se tenían registradas, de manera preliminar, 8 mil 859 Uma, lo que representa una extensión de 30.9 millones de hectáreas (es decir, alrededor del 15.7% de la extensión terrestre nacional; Figura 4.16). Si se analiza su distribución geográfica, las Uma se han establecido predominantemente en el norte del país, siendo, en orden decreciente, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Baja California los estados donde se han registrado mayor número de unidades (Mapa 4.3).

Bajo los términos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, los predios o instalaciones que manejen vida silvestre de forma confinada, fuera de su hábitat natural, y que no tengan como fin la recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, no requerirán aprobación de sus planes de manejo por parte de la Semarnat y no serán consideradas como Uma, sino como Predios e Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS). Entre ellos destacan los criaderos intensivos, zoológicos, viveros, jardines botánicos, circos, espectáculos fijos y espectáculos ambulantes. Hasta noviembre de 2008, se registraron un total de mil 965 PIMVS, de los cuales la mayor proporción correspondió a criaderos intensivos (57.6%), viveros (21%) y circos (6.5%; Tabla 4.4).

Centros de Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS)

De conformidad a la Ley General de Vida Silvestre, los Centros de Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS; Cuadro D3_R_BIODIV04_04) se refieren a las instalaciones que llevan actividades de recepción, rehabilitación, protección, recuperación, reintroducción, canalización y cualquier otra actividad que contribuya a la conservación de ejemplares que son producto de rescate, entregas voluntarias o aseguramientos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o de la Procuraduría General de la República (PGR). Asimismo, los CIVS llevan a cabo actividades de difusión, capacitación, monitoreo, evaluación, muestreo, manejo, seguimiento permanente y cualquier otra que contribuya al desarrollo del conocimiento de la vida silvestre y su hábitat, así como la integración de éstos a los procesos de desarrollo sustentable.

Actualmente existen ocho centros en el país, seis administrados por la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) y dos a través de convenios de colaboración: uno firmado entre la Semarnat y una ONG y el otro con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Los CIVS se encuentran ubicados en los estados de Jalisco, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, Chihuahua y el Estado de México; en esta última entidad existen dos centros (Mapa 4.4).

Desde 1998 hasta el año 2008, los CIVS han recibido un total de 11 mil 865 ejemplares, de los cuales la mayor parte correspondió a reptiles (38.4%), seguidos por aves (27.5%), arácnidos (12.7%) y mamíferos (10.1%; Cuadro D3_BIODIV04_10). De los ingresos registrados en los CIVS en el mismo periodo, se liberaron un total de mil 619 ejemplares (alrededor de 13.6% de los ingresados). De los ejemplares liberados, 30.1% fueron reptiles, 26.7% arácnidos, 23.0% mamíferos y 19.5% aves.