DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MEXICANA

De la misma manera que las variables relacionadas con la edad y la distribución geográfica de la población mexicana presentan una alta heterogeneidad, las variables socioeconómicas muestran también diferencias muy importantes a lo largo del país. Las variables que se utilizan en este informe son: Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Marginación (IM) y la situación de pobreza.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

El IDH fue desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y clasifica a los países o regiones en función de tres aspectos básicos de la población: salud, educación e ingreso. El resultado es un valor entre o y 1 que agrupa tres categorías: IDH bajo, con valores menores a 0.5; IDH medio, entre 0.5 y 0.79; e IDH alto, entre 0.8 y 1 (PNUD, 2007a).

El primer informe sobre IDH en México fue publicado en 2003 con datos del año 2000. En ese año, el IDH nacional fue de 0.794, el cual se ha incrementado ligeramente desde entonces: en el año 2001 fue de 0.7962; en 2002, de 0.7986 y en 2003 de 0.8003. En la evaluación más reciente publicada en 2007 con datos del 2004, se estimó en 0.8031. Este valor se encuentra ligeramente por arriba del límite que separa a los países de IDH alto del resto del mundo. Sin embargo, este valor enmascara una considerable desigualdad en los niveles de desarrollo entre las diferentes entidades federativas y municipios, e incluso, entre los grupos indígenas y no indígenas.

A nivel entidad federativa, el IDH más alto en 2004 lo tenían el Distrito Federal (0.8837) y Nuevo León (0.8513) y los más bajos, Chiapas (0.7185) y Oaxaca (0.7336) (Mapa 1.4; PNUD, 2007b).

La diferencia en el desarrollo humano nacional se hace más evidente cuando se considera la división política por municipios y delegaciones políticas y la presencia de grupos indígenas. Los valores más recientes de IDH a nivel municipal corresponden a 2005 y fueron publicados en 2008. La delegación Benito Juárez en el Distrito Federal, y los municipios de San Pedro Garza García en Nuevo León y San Sebastián Tutla, en Oaxaca, tienen el IDH más alto del país (0.9509, 0.95, 0.9204, respectivamente), mientras que cuatro municipios se encontraron en el grupo de IDH bajo: Tehuipango (Veracruz, 0.4985), Coicoyán de las Flores (Oaxaca, 0.4768), Batopilas (Chihuahua, 0.4734) y Cochoapa el Grande (Guerrero, 0.4354; Mapa 1.5). Los municipios de IDH alto se encuentran en el mismo rango de valores que los de países desarrollados como Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido o Nueva Zelanda. En el extremo de IDH bajo, los municipios antes señalados son comparables a países del África subsahariana como Eritrea, Nigeria, Angola o Zambia. La entidad federativa que tiene la menor diferencia en el desarrollo humano entre sus municipios es Baja California, y la de mayor diferencia es Oaxaca (Figura 1.7; PNUD, 2008).

México es un país multicultural y pluriétnico en donde se hablan 68 agrupaciones lingüísticas (DOF, 2008) y viven alrededor de 10.2 millones de personas indígenas (CDI-PNUD, 2006). En 2006 se publicó el Primer Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas (IDH PI, con datos del año 2000), el cual reporta para este sector de la población un valor de 0.7057, muy por debajo del valor promedio nacional del año 2000 (0.794). Cabe señalar que aun dentro de la propia población indígena existen grandes diferencias entre grupos y regiones (CDI-PNUD, 2006). El lugar de residencia y la pertenencia étnica se reflejan en los valores de IDH PI registrados en el país. En 11 municipios con mayoría de población indígena, el IDH PI estimado se encuentra por debajo de 0.5. Coicoyán de las Flores, en la región Mixteca de Oaxaca, tiene el IDH PI más bajo de todas las demarcaciones territoriales del país (0.4455). Coicoyán es un municipio rural con más de 98% de población indígena. La principal actividad económica es la agricultura de subsistencia y sólo una pequeña parte de la población económicamente activa se dedica al comercio y las artesanías. En el otro extremo, la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal registró el IDH PI más alto del país, con 0.9242. En el año 2000, la población indígena de esta demarcación era superior a 10 mil personas, pero apenas representaba 2.9% de la población total que la habitaba. A diferencia de los municipios con IDH PI bajo, Benito Juárez es una zona urbana con una elevada calidad de vida (Mapa 1.6).

En las zonas en donde se asienta una alta proporción de población indígena se encuentra también una parte importante de los bosques y selvas mejor conservadas del país, así como la parte alta de las cuencas de captación de agua de los principales ríos. Desafortunadamente, las comunidades indígenas han estado frecuentemente excluidas de los modelos nacionales de desarrollo, por lo que no es casualidad que los municipios con mayor índice de marginación y pobreza sean los que presenten menores índices de desarrollo humano.

No obstante, muchos grupos indígenas conservan una gran cantidad de conocimiento tradicional acerca del manejo de los recursos naturales, por lo que es importante que las políticas públicas ambientales consideren explícitamente a este sector de la población en el diseño de políticas encaminadas a alcanzar un desarrollo sustentable.

Índice de Marginación (IM)

El IM se diferencia del IDH en que clasifica a la población con base en sus privaciones y carencias en cuanto a educación, vivienda, ingresos y distribución de la población. El cálculo del IM arroja valores positivos y negativos. Entre mayor es el valor del índice, también es mayor el grado de marginación.

El IM de los 2 mil 454 municipios existentes en el país en 2005 confirma la desigualdad mostrada por el IDH. En términos generales, los municipios con menor IDH tienen también el mayor grado de marginación. En ese año, mil 254 municipios tenían grado de marginación alto y muy alto, y en ellos vivían 17 millones de personas (16.5% de la población del país). El conjunto de municipios con grado de marginación medio ascendió a 502, con 11.9 millones de personas (11.6% de la población). Los restantes 698 municipios con 74.3 millones de personas (72% de la población del país), tienen grados de marginación bajo y muy bajo (Conapo, 2006b).

El municipio de reciente creación Cochoapa el Grande, Guerrero, es la unidad político-administrativa con mayor marginación en el país. Su población apenas rebasa las 15 mil personas; 76% de los habitantes de 15 o más años de edad es analfabeta y 88% no terminó la educación primaria; 95% de la población ocupa viviendas con piso de tierra y sin drenaje ni sanitario; seis de cada diez personas habitan viviendas sin energía eléctrica y sin agua entubada; 83% de las viviendas tienen algún grado de hacinamiento; 77% de la población vive en localidades menores a 700 habitantes y 87% de sus trabajadores obtiene ingresos que no sobrepasan dos salarios mínimos.

El menor grado de marginación del país se encuentra en la delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, donde viven más de 350 mil personas; tan sólo 1% de la población de 15 o más años está en condición de analfabetismo y menos del 0.2% de sus residentes habita en viviendas con piso de tierra o no cuentan con drenaje ni sanitario o energía eléctrica (Mapa 1.7).

Pobreza

El tercer indicador socioeconómico de la población mexicana es la condición de pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es el organismo oficial encargado de su medición, y la clasifica en tres tipos:

a) Pobreza de patrimonio: son los hogares o las personas cuyo ingreso per cápita es insuficiente para cubrir satisfactores indispensables como vivienda, vestido, calzado y transporte público para cada uno de los miembros del hogar. En 2006, el límite de ingreso mensual en el ámbito rural era de mil 86.40 pesos, y en el urbano de mil 624.92 pesos.

b) Pobreza de capacidades: son los hogares o las personas cuyo ingreso per cápita es menor al necesario para invertir de manera mínimamente aceptable en la educación y salud de cada miembro del hogar. En 2006, el límite de ingreso mensual en el ámbito rural era 707.84 pesos, y en el urbano de 993.31 pesos.

c) Pobreza alimentaria: son los hogares o las personas cuyo ingreso per cápita mensual es menor al necesario para adquirir la canasta básica alimentaria INEGI-CEPAL. En 2006, este límite mensual en el ámbito rural era de 598.7 pesos, y en el urbano de 809.87 pesos.

Para 2006, el Coneval estimó que a nivel nacional había 44.7 millones de personas (42.6% de la población) y 9.4 millones de hogares en situación de pobreza de patrimonio, de los cuales 14.4 millones de personas (13.8% de la población) y 2.8 millones de hogares se encontraban en situación de pobreza alimentaria. La mayoría de estas personas (9.4 millones) y hogares (1.8 millones) se encuentran en zonas rurales (Figura 1.8; Coneval, 2007b).

La medición de la pobreza a nivel municipal en 2005 mostró que existían mil 856 municipios con más de 50% de su población en condición de pobreza de patrimonio (Mapa 1.8a); 780 municipios con más de 50% de su población en condición de pobreza de capacidades (Mapa 1.8b) y 503 municipios con más de 50% de su población en condición de pobreza alimentaria (Mapa 1.8c; Coneval, 2007a).

Los municipios más pobres y con mayor rezago social se encuentran en las mismas regiones montañosas y de difícil acceso en donde el IDH es bajo y el IM es elevado. Esta condición de dispersión y aislamiento dificulta el desarrollo humano de sus pobladores, debido a que las mayores carencias en los servicios sanitarios en las viviendas y el acceso a los servicios de salud están estrechamente relacionadas con la ubicación y el tamaño de las localidades. El 62% de la población de habla indígena del país habita en localidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes.

Población en zonas de riesgo ambiental

La situación de pobreza de la mayor parte de la población rural está acompañada por condiciones precarias de vivienda, infraestructura social y vías de comunicación que, al combinarse con la deforestación, la degradación del suelo y la dispersión e instalación de asentamientos humanos en zonas no aptas para ello, incrementa la vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de fenómenos naturales como ciclones, inundaciones, sequías y heladas.

En 2005, 18.3 millones de habitantes de los municipios rurales residían en alguna de las zonas sísmicas del país. De éstos, 6.2 millones se encontraban en las zonas de mayor sismicidad de las regiones Pacífico y Centro. Las inundaciones también producen graves afectaciones a la población rural. Pueden ocurrir por exceso de lluvia, desborde de ríos, drenajes y cuerpos de agua o por el ascenso del nivel del mar. Aproximadamente 5.6 millones de personas viven en municipios susceptibles a inundaciones, los cuales se localizan principalmente en Sinaloa, Durango, Sonora, Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En contraste, se estima que en las zonas susceptibles a la sequía en el Norte y Centro del país habitan 7.6 millones de personas, de las cuales 4.6 millones se encuentran en condiciones de muy alta marginación (Figura 1.9).

Otros fenómenos hidrometeorológicos de gran importancia son los ciclones tropicales. Se estima que 560 municipios rurales de las costas y próximos a éstas son susceptibles de ser afectados. Las zonas con mayor exposición se encuentran en la península de Yucatán, en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Baja California Sur y Sinaloa (Figura 1.9, Mapa 1.9).

Economía y medio ambiente

Durante mucho tiempo se aceptó que el deterioro ambiental era un costo inevitable del desarrollo económico de los países y una condición necesaria para aliviar la pobreza, así como que los problemas ambientales se atenderían una vez resuelta la problemática económica y social. Afortunadamente, esta visión del dominio del hombre sobre el medio natural que surge a partir de la Revolución Industrial y que fue diseñada para la explotación intensiva de los recursos naturales, ahora está siendo reemplazada por el reconocimiento de que el bienestar humano depende del buen estado de los ecosistemas. La percepción de los recursos naturales como “bienes libres” y de oferta ilimitada está cambiando por la visión relativamente reciente de que son escasos y que su ritmo actual de aprovechamiento afecta su disponibilidad, y en consecuencia, la productividad sostenida de la economía, con efectos en la salud y el bienestar humano.

La preocupación por mantener el crecimiento económico de los países frecuentemente deja en segundo plano los costos ambientales de corto y mediano plazo generados por las propias actividades económicas. En México, el INEGI ha calculado los costos económicos de la degradación ambiental y del agotamiento de los recursos naturales que ha tenido el país en los últimos años. De 1996 a 2006, los costos totales por el agotamiento y la degradación ambiental (CTADA) se incrementaron 3.5 veces, pasando de 259 mil millones a 903.7 mil millones de pesos corrientes. En términos proporcionales al Producto Interno Bruto nacional, el CTADA se había mantenido alrededor de 10% del PIB (Tabla 1.1), lo cual es un costo excesivamente alto para el desarrollo del país (aunque la tendencia general es a disminuir: en 2006 esa proporción bajo a 8.8% del PIB). 

Si el CTADA se compara con el gasto del gobierno en protección ambiental (Tabla 1.2), es evidente el desbalance entre lo que se está perdiendo en términos del capital natural del país y lo que se está invirtiendo en su protección y recuperación. A pesar de que en los últimos dos años se ha incrementado de manera importante el gasto federal en rubros como la reforestación y el manejo forestal sustentable a través del programa ProÁrbol, la consolidación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como el manejo de los recursos hídricos, es evidente que se requieren reducir los costos ambientales del desarrollo del país. En este contexto es necesario que los procesos productivos incorporen estos costos y que se generalicen los estudios de costo-beneficio de proyectos que tomen en cuenta explícitamente el valor del ambiente y de los servicios ambientales de los ecosistemas. Por ejemplo, en el análisis de la factibilidad y pertinencia de un desarrollo turístico sobre manglares o ecosistemas costeros se debería incluir, entre otros aspectos, los costos económicos y ambientales de la reducción potencial de las actividades pesqueras que dependen de estos ecosistemas o el incremento en la vulnerabilidad de la línea de costa ante fenómenos meteorológicos.