PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

En México y el mundo, las estrategias implementadas para proteger a la biodiversidad se han orientado principalmente a dos de sus niveles de estudio: el de especies y el de ecosistemas. En el caso de las especies, destaca el desarrollo de los Proyectos de Conservación y Recuperación de Especies Prioritarias (PREP), los cuales tuvieron su origen en el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000. Dicho programa propuso una serie de proyectos para un conjunto de plantas y animales que, a juicio de los especialistas, deberían ser consideradas como especies prioritarias. Como resultado de estos trabajos, a la fecha se han elaborado y publicado un total de 16 programas (Tabla 4.2).

Por otro lado, en el año 2007 se puso en marcha el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (Procer), a cargo de la Semarnat y otras secretarías de estado (como Sedesol y Sagarpa, entre otras), cuyo objetivo principal ha sido lograr la recuperación de ciertas  especies (ver  el Recuadro Conservación de especies prioritarias: los casos de algunas especies reintroducidas). Cada una de las especies consideradas dentro del Procer se atiende por medio de los Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE), los cuales contienen las estrategias, actividades y acciones específicas, calendarizadas en el corto, mediano y largo plazos, que se planea ayuden a la conservación, protección y recuperación de las poblaciones de las especies. Actualmente, el Procer cuenta con una lista de 30 especies, organizadas operativamente en tres grandes rubros: 1) tortugas marinas, 2) especies terrestres y epicontinentales y 3) especies marinas, costeras e insulares (Tabla 4.3).

Además de las especies atendidas en los programas anteriores, uno de los grupos biológicos que ha recibido mayor atención para su protección en las últimas décadas es el de las tortugas marinas. A pesar de que estos reptiles desempeñan un papel muy importante en el equilibrio de los ecosistemas  marinos y costeros (León y Bjorndal, 2002), sus poblaciones en todo el mundo han sido afectadas significativamente por las actividades humanas, entre ellas la pesca incidental, los desarrollos turísticos costeros, la contaminación del agua marina, el aprovechamiento ilegal de su carne y el saqueo de sus  huevos  para el consumo humano. En las playas mexicanas anidan 6 de las 7 especies conocidas de tortugas marinas; todas clasificadas en peligro de extinción según la NOM-059-SEMARNAT-2010. La conservación de estas especies en el país se ha llevado a cabo por más de 40 años a través del Programa Nacional para la Conservación de Tortugas Marinas, actualmente a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dentro del Procer. Las acciones de protección las realizan los 26 Centros para la Conservación de las Tortugas Marinas (10 playas dentro de ANP clasificadas como Santuarios y 17 con designación Ramsar, que en algunos casos se traslapan, como es el caso de la Playa Tortuguera Tierra Colorada que comparte ambas denominaciones), así como un Centro Mexicano de la Tortuga. En conjunto monitorean más de 500 kilómetros de costa en 13 estados del país.

El principal objetivo de las acciones de protección en los campamentos es la colecta de huevos para protegerlos de la depredación y el saqueo e incubarlos para obtener el mayor número de crías posible y liberarlas a sus poblaciones silvestres. En la figura 4.6 se muestra el total de crías liberadas por año entre 1995 y 2011⁴. En ese periodo, el promedio anual de tortugas liberadas de las seis especies en las playas mexicanas fue de 38.9 millones de crías. Paralelamente a las actividades de los campamentos, en las principales playas de anidación de las tortugas marinas, el Gobierno Federal a través de la Profepa, la Secretaría de Marina (Semar) y la Conanp, llevan a cabo acciones de protección mediante la vigilancia de las playas, esto con el fin de evitar el saqueo de nidos y captura ilegal de ejemplares.

Para el caso de la conservación de los ecosistemas, se han seguido dos estrategias principales. Por un lado, destacan los esfuerzos en materia de la preservación de la integridad de los ecosistemas y de sus servicios ambientales (específicamente a través de la creación de Áreas Naturales Protegidas, de los sitios Ramsar, del establecimiento de sitios marinos prioritarios, de ordenamientos ecológicos en zonas marinas y costeras y de los Programas de Pago por Servicios Ambientales), y por otro lado, los esfuerzos encaminados al aprovechamiento sustentable de la biodiversidad (p. e., el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, Suma) que, de manera indirecta, conserva los ecosistemas donde habitan las especies objetivo. En esta última línea también existen programas de otros sectores (forestal, principalmente) que promueven el uso racional de la biodiversidad de los bosques nacionales, como son el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) y el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales (Procymaf). Detalles de éstos y otros programas pueden encontrarse en el capítulo de Ecosistemas terrestres.

Áreas Naturales Protegidas (ANP)

La creación de ANP ha sido desde el siglo pasado una de las principales estrategias empleadas en el ámbito global para la conservación de los ecosistemas naturales y sus especies. Éstas son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados (Conanp, 2010).

En 1911, en todo el mundo se habían declarado 141 áreas protegidas, las cuales sumaban 113 634 kilómetros cuadrados; para 2011 se reconocían más de 130 mil áreas que cubrían poco más de 24 millones de kilómetros cuadrados (Figura 4.7). En México, la creación de ANP también ha sido una de las estrategias de conservación más significativas; inició formalmente en 1917 durante el periodo del presidente Venustiano Carranza con el decreto para constituir al Desierto de los Leones como el primer parque nacional (Melo, 2002). Actualmente, la Conanp es la responsable de todas las actividades que se realizan en las ANP federales del país.

Durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo significativo para incrementar el número de áreas protegidas. En 1997 existían 130 ANP federales con una superficie total de alrededor de 19.8 millones de hectáreas, es decir, 10.1% de la superficie nacional. Para 2011, se contabilizaban 174 ANP y una superficie protegida ligeramente superior a los 25.5 millones de hectáreas, de las cuales 20.7 millones correspondían a zonas terrestres (alrededor de 81.2% del total de la superficie protegida) y poco más de 4.8 millones de hectáreas (18.8%) a zonas marinas (Figura 4.8; Mapa 4.2; Tabla 4.4; IB 6.1-6, 6.3-10, 6.3.1-4, 6.4.1-7 y 6.4.2-7).

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), existen seis categorías de manejo para las ANP federales: reservas de la biosfera (RB), parques nacionales (PN), monumentos naturales (MN), áreas de protección de los recursos naturales (APRN), áreas de protección de flora y fauna (APFyF) y santuarios (S). Además existen los parques y reservas estatales (PyRE) y las zonas de preservación ecológica de los centros de población (ZPE). Para 2011, la categoría con mayor número de áreas decretadas a nivel federal fue la de parque nacional, con 67, sin embargo, su contribución relativa a la superficie protegida nacional fue de tan sólo 5.7% (Figura 4.9). Las 41 reservas de la biosfera existentes en el país cubren alrededor de 49.9% de la superficie protegida. Su principal función es la de constituirse como espacios de investigación, conservación y desarrollo regional sostenible. Las 35 áreas de protección de flora y fauna abarcan 26% de la superficie protegida nacional, encontrándose principalmente en zonas con una alta riqueza de flora o fauna o donde se encuentran especies, subespecies o hábitats de distribución restringida. Las ocho áreas de protección de los recursos naturales representan 17.8% de la superficie protegida y, finalmente, las cinco áreas decretadas como monumentos naturales comprenden sólo 0.1% y contienen uno o varios elementos naturales que por su carácter único, estético, valor histórico y científico, requieren estar incorporadas a un régimen de protección absoluta.

Las ANP federales no son las únicas que existen en el país, también se han establecido áreas protegidas por los gobiernos de las entidades federativas, municipios, e incluso las llamadas “certificadas”. Para 2009 se habían decretado 296 ANP estatales y 98 de carácter municipal, que ocupaban una superficie aproximada de 3.3 y 0.17 millones de hectáreas, respectivamente (Bezaury-Creel et al., 2009a y b). En el caso de las áreas certificadas, en 2008 la Conanp inició el proceso de certificación de áreas voluntarias de conservación como una estrategia para incorporar nuevas zonas del territorio nacional a esquemas de conservación. Estas áreas existen como una categoría más de ANP, con el mismo grado de importancia, pero en la que sus propietarios conservan el dominio, manejo y gobernanza del área (Elizondo y López, 2009). En este sentido, la certificación es un proceso unilateral por parte del proponente y en donde la Conanp participa como fedatario de la voluntad de conservar sus predios y de las políticas, criterios y acciones que el promovente pretende realizar para lograr sus fines. Entre junio de 2002 y septiembre de 2012 se han incorporado un total de 324 áreas certificadas que abarcan 370 804 hectáreas en 19 estados de la república (Tabla 4.5) .

Si se compara el porcentaje de la superficie nacional cubierta por ANP con el de otros países y organizaciones, en 2012 resultaba ligeramente superior al promedio más reciente reportado para los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que en 2007 ascendía a 12.7%. De igual manera, el valor nacional resulta superior al promedio mundial de 10.2% reportado en los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2010. A nivel de América Latina, la superficie terrestre protegida de nuestro país en 2010 (10.5%) representaba un porcentaje ligeramente mayor al promedio general de la región (Figura 4.10).

Las ANP federales incluyen la mayoría de los ecosistemas presentes en el país. En la porción terrestre predominan los matorrales xerófilos (36% de la superficie protegida, cerca de 7.3 millones de ha), los bosques templados (21%, 4.2 millones de ha) y las selvas subhúmedas y húmedas (9 y 7%, respectivamente, 3.1 millones de ha en conjunto; Figura 4.11). De la superficie protegida, 98% los matorrales xerófilos conserva su estado primario; le siguen los bosques templados (con cerca del 69% de su superficie en esa condición), los bosques mesófilos de montaña (68%) y las selvas subhúmedas y húmedas (55 y 52%, respectivamente; Figura 4.12).

Con respecto a los ecosistemas acuáticos continentales, en 2011 un total de 87 ríos y 3 628 km de sus cauces estaban incluidos total o parcialmente dentro de las ANP federales del país. Los ríos Santa María, Grande de Santiago, Bravo, Sabinas y San Fernando son los que tienen una mayor longitud de sus cauces dentro de las ANP.

En el caso de los ecosistemas marinos, en 2011 existían 32 ANP marinas con una superficie total de 4.8 millones de ha, esto es, 18.8% de la superficie total de ANP nacionales (IB 6.3-10). Dentro de ellas se protegen algunos de los más importantes sistemas arrecifales del país, destacando, en la costa del Océano Pacífico, Cabo Pulmo; en el Golfo de México, el Sistema Arrecifal Veracruzano; y en el Caribe, los arrecifes de Cozumel y la Barrera Arrecifal Mesoamericana (esta última considerada como la segunda más grande e importante del mundo después de la Gran Barrera de Arrecifes en Australia). En conjunto, en 2011, diecisiete ANP federales protegían estos importantes ecosistemas (IB 6.3.1-4).

Uno de los instrumentos que se utilizan para formalizar las estrategias de conservación y el uso de las áreas naturales protegidas federales es el llamado Programa de Manejo. Estos instrumentos, además de incluir aspectos relativos a las características del sitio (p. e., de orden ecológico, físico y cultural), incluyen también los objetivos de corto, mediano y largo plazos establecidos para las ANP relacionados con la investigación científica, la educación ambiental y la prevención y control de contingencias, entre otros. En México, hasta junio de 2012, un total de 66 ANP (que equivalen a una superficie aproximada de 13.5 millones de hectáreas, es decir, cerca de 52.7% de la superficie total bajo este régimen de protección) contaban con programas de manejo, de los cuales 64 se encontraban publicados en el Diario Oficial de la Federación (Conanp, 2012a).

Un número importante de ANP forma parte de las redes internacionales de áreas protegidas. Hasta 2012, 41 ANP mexicanas (una de ellas de carácter estatal) estaban incluidas dentro del programa El Hombre y la Biosfera (MAB, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), cuyo principal objetivo es promover la investigación científica y la comunicación de las experiencias en el campo de la conservación y el uso racional de los recursos naturales. Cuatro áreas naturales protegidas más han sido designadas por el mismo organismo como sitios de Patrimonio Mundial Natural: Sian Ka’an (inscrita en 1987), el Santuario de ballenas de El Vizcaíno (1993), las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (2005) y la Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca (2008).

Humedales Ramsar

La Convención de Humedales de Importancia Internacional, firmada en la ciudad iraní de Ramsar en 1971, es un tratado intergubernamental que constituye el marco para la acción nacional y la cooperación internacional en favor de la conservación y uso racional de los humedales de importancia mundial y de sus recursos dentro de los territorios de los países firmantes. La Convención considera como humedales a todas las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o las superficies cubiertas de agua de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros (Ramsar, 2006). México se adhirió a la Convención el 4 de julio de 1986, en un esfuerzo encaminado a proteger y conservar sus humedales  (IB 6.2-4 e IC 2). Para febrero de 2012 nuestro país contaba con 138 sitios Ramsar, con una superficie total de 9.2 millones de hectáreas,  de los cuales 55 sitios se encontraban dentro de áreas naturales protegidas (Figura 4.13; Mapa 4.3; Conanp, 2012b).

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Uma)

En 1997 se estableció el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Suma). El objetivo de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Uma) es la conservación de los hábitats naturales y sus servicios ambientales, así como de las poblaciones y ejemplares de especies silvestres, para fines de restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, educación ambiental y aprovechamiento sustentable.

En el Suma se registran todos aquellos predios (denominados unidades de manejo ambiental,  Uma), ya sean de propiedad privada, ejidal o comunal, en los que se realizan actividades de conservación exclusivamente, o de conservación y aprovechamiento sustentable. También pueden integrarse al Suma los predios de propiedad federal, incluidos los bienes nacionales destinados o concesionados conforme a la ley de la materia, cuyos fines sean de conservación y uso sustentable.

Existen dos tipos de Uma dependiendo de las condiciones de manejo: pueden ser extensivas cuando se tienen ejemplares o poblaciones de especies silvestres en sus ecosistemas naturales; o de manejo intensivo, cuando los ejemplares o poblaciones se encuentran en condiciones de confinamiento. Para su funcionamiento, las Uma deben operar de conformidad con un plan de manejo aprobado por la Semarnat, el cual funge como el documento técnico operativo que describe y programa las actividades para el manejo de las especies y sus hábitats, y que establece también las metas e indicadores de éxito de la Uma en función del hábitat y las poblaciones que maneja. Dependiendo de las cualidades y características de los productos que manejan, las Uma pueden ser de aprovechamiento extractivo o no extractivo (Tabla 4.6).

Hasta 2011, se tenían registradas 10 855 Uma (8 381 de manejo en vida libre y 2 474 de manejo intensivo) y una superficie acumulada de 36.1 millones de hectáreas⁵ (alrededor del 17% del territorio nacional; Figura 4.14). Si se analiza su distribución geográfica, las Uma se han establecido predominantemente en el norte del país, siendo los estados donde se han registrado mayor número de unidades, en orden decreciente, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Coahuila y Durango (Mapa 4.4).

Bajo los términos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, los predios o instalaciones que manejen vida silvestre de forma confinada, fuera de su hábitat natural, y que no tengan como fin la recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, no requerirán aprobación de sus planes de manejo por parte de la Semarnat y no son consideradas como Uma, sino como Predios e Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS). Dentro de esta categoría, en lo que a flora se refiere, se han englobado a los viveros y los jardines botánicos; para la fauna se consideran a los criaderos intensivos, zoológicos, circos, criaderos fijos y criaderos ambulantes. En el periodo 1999–2011 se registraron un total de 590 PIMVS, de los cuales la mayor proporción (67.8%) correspondió a criaderos intensivos (Figura 4.15).

Centros para la  Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS)

Los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) son instalaciones que llevan a cabo actividades de recepción, rehabilitación, protección, recuperación, reintroducción, canalización y cualquier otra actividad que contribuya a la conservación de ejemplares que son producto de rescate, entregas voluntarias o aseguramientos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o de la Procuraduría General de la República (PGR). También realizan actividades de difusión, capacitación, monitoreo, evaluación, muestreo, manejo, seguimiento permanente y cualquier otra que contribuya al desarrollo del conocimiento de la vida silvestre y su hábitat, así como la integración de éstos a los procesos de desarrollo sustentable. Los seis CIVS existentes son administrados por la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) y se ubican en los estados de Jalisco, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo y el estado de México (éste último con dos Centros; Mapa 4.5).

En el periodo 1998-2011, los CIVS han recibido un total de 19 345 ejemplares, de los cuales la mayor parte correspondió a reptiles (40.2%), seguidos por aves (33%), mamíferos (10.7%) y arácnidos (7.8%); el restante 8.3% correspondió a anfibios, artrópodos, cactáceas y peces (Cuadro D3_BIODIV04_10). De los ejemplares ingresados en los CIVS en el mismo periodo, se liberaron 3 298  ejemplares (alrededor de 17% de los ingresados), de los cuales 34.1% fueron reptiles, 29.7% aves, 22.6%  mamíferos y 13.1% arácnidos.

Notas:

⁴ El aumento en el número de crías liberadas reportadas en esta obra con respecto a ediciones previas del Informe se debe a los ajustes recientes en la información que ha realizado el Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas de la Conanp. La razón fundamental es la incorporación a los datos prexistentes, de la información del Santuario Playa La Escobilla y de la Playa Morro Ayuta, ambas en Oaxaca.  Es importante señalar que dicho Santuario es el área de anidación más importante a nivel internacional para la tortuga golfina.

⁵ La superficie y número de Uma reportadas en el texto corresponden a las que la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) considera como los valores históricos registrados a diciembre de 2011. No obstante, la superficie de las Uma vigentes contabiliza a la misma fecha 32.2 millones de hectáreas.