DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MEXICANA

De la misma manera que la estructura y la distribución geográfica de la población presentan una gran heterogeneidad en el territorio, sus características socioeconómicas también muestran diferencias importantes. Para describirlas se puede usar un amplio número de indicadores, ya sea de tipo económico, demográfico, religioso o político. De entre ellos, en esta obra se seleccionaron el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Índice de Marginación (IM) y la situación de pobreza, debido a que resumen las condiciones de ingreso, salud y educación que tiene la población mexicana en todo el territorio.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

El IDH fue desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y mide los logros en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: salud (medida como la esperanza de vida al nacer), educación (años promedio de escolaridad y años esperados de escolarización) e ingreso (medido como el ingreso nacional bruto per cápita). Para facilitar la comparación entre países, a partir del Informe Mundial 2010, se calcula la media geométrica de estas tres dimensiones, dando como resultado un valor entre 0 y 1, siendo los valores cercanos a la unidad indicativos de una mejor condición de la población. Con este índice, los países, estados o municipios pueden clasificarse en una escala relativa basada en cuartiles: el primer cuartil agrega a los países con IDH muy alto, el segundo a los de alto, el tercero a los de medio y el cuarto, a los de bajo (PNUD, 2011).

El Informe internacional sobre Desarrollo Humano más reciente (publicado en 2011) reportó el IDH de 187 países. México se ubicó en el segundo cuartil con un valor de 0.770, por debajo de países latinoamericanos como Uruguay (0.783) y Cuba (0.776), y por arriba de Panamá (0.768) y Perú (0.725). De los países evaluados, el de mayor valor de IDH fue Noruega (0.943), mientras que la República Democrática del Congo registró el valor más bajo del listado (0.286; PNUD, 2011).

El valor de IDH a nivel país, sin embargo, no refleja la heterogeneidad que se vive hacia el interior de su territorio, por lo que este indicador se calcula también para otros niveles de la división política interna (p. e., entidades, municipios o provincias) e incluso a nivel de personas, lo cual permite hacer un análisis más cercano a las circunstancias particulares de cada nación. Para el caso específico de México, este índice se genera a nivel nacional, estatal y municipal, aunque debido a la disponibilidad de los datos, se publica en años diferentes a los reportes internacionales y se actualiza menos frecuentemente. A nivel de entidad federativa, el IDH más reciente corresponde al año 2006 (PNUD-México, 2011) y a nivel municipal, a 2005 (PNUD-México, 2008).

A causa de este desfase temporal, la metodología de cálculo empleada en todas las publicaciones realizadas hasta el momento para México es diferente a la que utiliza el PNUD a nivel internacional y que fue descrita anteriormente. En los reportes nacionales, el IDH de México corresponde a la media aritmética de tres indicadores relacionados con el acceso a salud, educación e ingreso. El resultado se ubica entre 0 y 1, y permite clasificar a cada entidad o municipio en categorías de IDH alto, (cuando presentan valores entre 0.8 y 1), medio (entre 0.5 y 0.79) o bajo (con valores menores a 0.5; PNUD-México, 2011).

El primer informe sobre IDH para México fue publicado en 2003 con datos del año 2000. En esa fecha, el IDH nacional fue de 0.8059, valor que se ha incrementado ligeramente desde entonces: en el año 2003 fue de 0.8131 y en 2006 alcanzó 0.8225. En esta última fecha, once entidades se clasificaron en la categoría de IDH alto y 21 se ubicaron en IDH medio, con ninguna entidad en la categoría de IDH bajo. El valor más alto lo tuvieron el Distrito Federal (0.9099) y Nuevo León (0.8713) y los más bajos, Chiapas (0.7336) y Guerrero (0.7513; Mapa 1.4; PNUD-México, 2011).

Sin embargo, al hacer el análisis a nivel municipal, sí se presentaron municipios en las tres  categorías. En  la  categoría de IDH alto había 606 municipios; en  la  de  medio 1 844, y en la de bajo, cuatro. Los dos municipios con mayor IDH fueron la delegación Benito Juárez (0.9509) y San Pedro Garza García (0.95), pertenecientes a las entidades que tuvieron los mayores valores de IDH (Distrito Federal y Nuevo León, respectivamente). Sin embargo, en tercer lugar se ubicó el municipio de San Sebastián Tutla (0.9204), en Oaxaca, el cual resalta en virtud de que esta entidad ocupa el lugar 30 dentro del contexto nacional de IDH y alberga a uno de los cuatro municipios del país que tienen IDH bajo (Coicoyán de las Flores, 0.4768). Estos resultados muestran que aún dentro de los límites políticos de una misma entidad, las condiciones de la población presentan contrastes importantes (Figura 1.7). Los tres municipios restantes que en ese año registraron IDH bajo fueron: Tehuipango, Veracruz (0.4985); Batopilas, Chihuahua (0.4734) y Cochoapa el Grande (Guerrero, 0.4354; Mapa 1.5; PNUD-México, 2008).

Las diferencias metodológicas mencionadas anteriormente con respecto al cálculo de IDH a nivel internacional y nacional no permiten comparar estrictamente los valores de estados y municipios de México con los obtenidos para otros países del mundo. Sin embargo, la mención de algunos de ellos podría servir como marco de referencia para mostrar los contrastes y las condiciones en las cuales habita una parte de la población nacional. Mientras que los municipios de IDH alto se encuentran en el mismo rango que países desarrollados como Noruega, Estados Unidos, o Canadá, los de IDH bajo están en condiciones similares a países del África subsahariana como Eritrea, Nigeria, Angola o Zambia (Figura 1.7; PNUD, 2011).

La heterogeneidad del IDH municipal se incrementa cuando los valores se analizan a partir de la pertenencia a grupos indígenas. Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en México vivían 10.8 millones de personas en hogares donde el jefe del hogar o su cónyuge hablan alguna lengua indígena⁵. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) reconoce 25 regiones indígenas en todo el territorio mexicano, en donde habitan 62 pueblos (CDI y PNUD, 2006) y se hablan más de 60 lenguas originarias (DOF, 2008). Es por ello que a México se le considera como un país multicultural y pluriétnico.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, “las comunidades rurales e indígenas son propietarias de más del 80% de los ecosistemas en buen estado de conservación, en donde se concentra gran parte de la biodiversidad. Cerca de 18 millones de hectáreas de los 24 millones que ocupan los pueblos indígenas, están cubiertas por vegetación natural. La mitad de las selvas húmedas y de los bosques de niebla (mesófilos de montaña) y la cuarta parte de los bosques templados están en territorios indígenas. En las partes altas de las cuencas donde habitan comunidades indígenas se capta el 21.7% de toda el agua del país” (Presidencia de la República, 2007).

Debido a la disponibilidad de información, el cálculo más reciente del IDH para la población indígena de México corresponde al año 2005 (PNUD-México, 2010). Sus resultados muestran que de los 2 032 municipios considerados en el cálculo⁶, y en los cuales se concentraba el 99.9% de la población indígena del país en 2005, en once de ellos (0.54%) la población indígena se encontraba por debajo del valor de 0.5, es decir, el umbral que clasifica al IDH bajo. La población indígena de 1 627 municipios (80.06%) se clasificaba en el rango de IDH medio y 394 como de IDH alto (19.4%). Sin embargo, dentro de estos últimos, sólo cinco municipios (0.25%) se encontraban por arriba de 0.9 de IDH.

La población indígena con IDH más bajo se localizaba en el municipio de Batopilas (Chihuahua), con un valor de 0.3011. En el reporte internacional más reciente de IDH, sólo dos países del mundo se encuentran por debajo de este valor: Níger (0.285) y la República Democrática del Congo (0.286; PNUD, 2011). Batopilas pertenece a la región Tarahumara, y junto con otros cinco municipios de la misma región que también se encuentran por debajo del límite de 0.5 en el IDH, conforman un conjunto de población indígena que manifiesta importantes rezagos frente al resto del país.

En el otro extremo se encuentra la población indígena del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, con un IDH de 0.9207, similar al valor reportado para Australia (0.929) o los Países Bajos y Estados Unidos (0.910). Es importante señalar, sin embargo, que éste no es un municipio considerado como indígena⁷, puesto que el porcentaje de la población indígena que lo habita apenas alcanza el 1.8% (Figura 1.8). 

Índice de Marginación

El Índice de Marginación (IM) clasifica a la población a partir de sus carencias en cuanto a educación, vivienda, ingresos y distribución. Algunos de los indicadores utilizados en cada uno de estos ámbitos son: en educación, el porcentaje de la población analfabeta de 15 años o más, o que no ha concluido la primaria; en vivienda, el porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje o con algún nivel de hacinamiento; en ingresos, el porcentaje de la población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos; y en el caso de la distribución de la población, el porcentaje de la población que reside en localidades de menos de cinco mil habitantes. A partir de ellos, se calcula el Índice de Marginación, que puede tener valores positivos y negativos, de tal manera que entre mayor es el valor del índice, también es mayor el grado de marginación.

El IM confirma la desigualdad mostrada por el IDH a nivel estatal y municipal. En términos generales, los municipios con menor IDH tienen también el mayor grado de marginación (Figura 1.9). En 2010, 849 municipios tenían grado de marginación muy alto y alto, y en ellos vivían 11.5 millones de personas (10.3% de la población nacional). El 42.4% de estos municipios se encuentra en Oaxaca, entidad de la cual 360 de sus 570 municipios se encuentran en estas categorías; el resto está distribuido en otras 21 entidades. Cabe señalar que en ese mismo año, en 10 entidades (Distrito Federal, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Morelos, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala) no había municipios cuya población se encontrara en grados de marginación muy alto y alto (Conapo, 2011).

Los municipios con grado de marginación medio sumaron 944, con 21.2 millones de personas en 2010, es decir, 18.9% de la población nacional. También en esta categoría de marginación, Oaxaca tuvo el mayor número de municipios (171), los cuales representan el 18.1% del total de municipios con grado de marginación medio en el país. Las categorías de marginación baja y muy baja incluyeron 663 municipios, en los que habitaban 79.6 millones de personas, es decir, 70.9% de la población nacional. En Jalisco, por ejemplo, más de la mitad de los municipios se encuentra en las categorías baja y muy baja; en Baja California, sus cinco municipios tienen grado de marginación muy bajo; y en el Distrito Federal, 15 de las 16 delegaciones tuvieron un grado de marginación muy bajo (sólo Milpa Alta se clasificó en la categoría de marginación baja; Mapa 1.6; Conapo, 2011).

En el año 2010, el municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, fue la unidad político-administrativa con mayor marginación en el país. Contaba con casi 19 mil habitantes, de los cuales 66.7% con 15 o más años era analfabeta y 81.3% no contaba con educación primaria concluida. Al mismo tiempo, 89.9% de la población ocupaba viviendas sin drenaje ni sanitario. En ese mismo año, en el extremo opuesto, estaba la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, donde vivían más de 385 mil personas de las cuales menos del uno por ciento con 15 o más años era analfabeta y 3.1% no había terminado la primaria; en cuanto a la vivienda, menos del 0.02% de sus residentes habitaba en viviendas sin drenaje ni sanitario y 0.01% no contaba con energía eléctrica. 

De la misma manera que el análisis del IDH muestra graves deficiencias en la atención a la población indígena del país, el IM ratifica esta tendencia. El Conapo estimó que de los 441 municipios del país que presentaron grado de marginación muy alto en 2010, 218 eran municipios indígenas⁸ y en ellos vivían 2.1 millones de personas de 5 años o más hablantes de alguna lengua indígena. En el otro sentido, no hubo municipios considerados indígenas que se encontraran en grados de marginación bajo y muy bajo (Conapo, 2011).

Pobreza

El tercer indicador utilizado en este Informe es la condición de pobreza. La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) mandata al Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a realizar su medición cada dos años a nivel estatal y cada cinco años a nivel municipal utilizando la información generada por el INEGI. Tradicionalmente, el cálculo se hacía desde una perspectiva unidimensional en la cual consideraba al ingreso como una aproximación del bienestar de la población. Bajo este enfoque, una persona u hogar se encuentra en pobreza de patrimonio cuando sus ingresos son insuficientes para cubrir satisfactores como vivienda, vestido, calzado y transporte público para cada uno de los miembros del hogar. En el caso de la pobreza de capacidades, se presenta cuando el ingreso es menor al necesario para invertir de manera mínimamente aceptable en la educación y salud de cada miembro de la familia; y finalmente, la pobreza alimentaria existe cuando hay insuficiencia de ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aún si todo el ingreso disponible en el hogar se destina exclusivamente para la adquisición de estos bienes (Coneval, 2007).

Usando este criterio, el Coneval estimó que en 2010, había 57.7 millones de personas en pobreza de patrimonio, lo que equivalía al 51.3% de la población del país; poco más de 30 millones de personas (26.7%) en situación de pobreza de capacidades, y 21.2 millones de personas (18.8%) en pobreza alimentaria (Coneval, 2012). Cabe señalar que estas cifras no son acumulativas, ya que las personas que se encuentran en pobreza alimentaria también están incluidas en la pobreza de capacidades y de patrimonio (Figura 1.10).

En un esfuerzo por incluir más elementos que permitieran una mejor evaluación de la pobreza, el Coneval reconsideró el método de cálculo y cambió la visión unidimensional del ingreso por una multidimensional que considera la imposibilidad de disfrutar diversos satisfactores esenciales, muchos de los cuales son provistos por el Estado (como el acceso a servicios de saneamiento o la seguridad pública), o que son considerados fundamentales por formar parte de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales (Coneval, 2011a y b).

En 2011, el Coneval presentó por primera vez los resultados de la medición de la pobreza multidimensional para los 2 456 municipios del país con base en las dimensiones económicas y sociales que señala la LGDS: ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. Bajo el enfoque multidimensional, una persona se considera en situación de pobreza cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando carece de tres o más indicadores relativos a los derechos sociales y sus ingresos son inferiores a la línea de bienestar mínimo⁹ (Coneval, 2010). Con estos criterios, en 2010 en México habían 52.1 millones de personas en condición de pobreza (46.2% de la población), de las cuales 12.8 millones se encontraban en pobreza extrema (10.4% de la población).

A nivel municipal, en ese mismo año existían 741 municipios con 80% o más de su población en condición de pobreza, lo que representa alrededor de 30.2% de los municipios del país. Dentro de este grupo, los que tenían el mayor porcentaje de población en pobreza fueron Mixtla de Altamirano, Veracruz (97%); Aldama y San Juan Cancuc, Chiapas (97.3%) y San Juan Tepeuxila, Oaxaca (97.4%). En el extremo contrario, había 20 municipios con menos de 21% de su población en situación de pobreza, siendo la delegación Benito Juárez del Distrito Federal (8.7%) y San Nicolás de los Garza (12.8%) y Guadalupe (13.2%) en Nuevo León, los que registraron los valores más bajos (Coneval, 2011c; Mapa 1.7 a).

Considerando a las personas en pobreza extrema bajo el enfoque multidimensional, en 2010 había en México 35 municipios con más de 70% de su población en esta condición (Mapa 1.7 b). Cochoapa el Grande, en la región de La Montaña de Guerrero, fue el municipio con mayor proporción de personas (82.6% de su población) en pobreza extrema. Este municipio, creado en 2002, cuenta con cerca de 17 mil personas mayores de tres años hablantes de alguna lengua indígena, también ocupó el último lugar municipal en los índices de marginación y de desarrollo humano descritos anteriormente. Sus condiciones de retraso contrastan con las de 1 027 municipios y delegaciones con menos de 15% de su población en pobreza extrema, diez de los cuales mostraron menos del uno por ciento de sus habitantes viviendo en esta condición.

Población en zonas de riesgo ambiental

Por su ubicación geográfica, características climáticas, orográficas e hidrológicas, y por la elevada actividad volcánica y sísmica, México está expuesto al impacto de diferentes eventos de origen natural: fenómenos hidrometeorológicos (bajas temperaturas, ciclones tropicales, fuertes vientos, inundaciones, lluvias, nevadas, heladas o granizadas, sequías o tornados), geológicos (sismicidad y vulcanismo) y sanitarios (marea roja). A ellos se suman los causados directamente por las actividades humanas, como algunos incendios, fugas y derrames de compuestos químicos. Sin importar su origen, todos estos eventos pueden tener consecuencias negativas en la población, así como en la infraestructura y en la economía de las poblaciones y zonas afectadas.

Dentro de esta gama de fenómenos, los hidrometeorológicos son los que mayor afectación económica producen al país: por ejemplo, en el 2009, 96% de las pérdidas económicas por desastres, que ascendieron a los 14 mil millones de pesos, se debieron a sus efectos. A pesar de que este es un aspecto muy importante para determinar su impacto, las consecuencias de índole humano no son menores: en ese mismo año, 100 personas perdieron la vida y poco más de 550 mil resultaron afectadas, entre heridos, evacuados y damnificados (Cenapred, SEGOB, 2010). Las precipitaciones intensas asociadas a este tipo de fenómenos, junto con la topografía accidentada, el uso del suelo y el estado de la cubierta vegetal pueden provocar daños importantes que se magnifican si no hay medidas preventivas y de mitigación en las zonas vulnerables.

Después de que ha ocurrido algún tipo de fenómeno natural que afecta viviendas, servicios o infraestructura, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) puede emitir una declaratoria de desastre a solicitud de la entidad federativa afectada o de alguna dependencia federal. Esta declaratoria tiene por objeto proporcionar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos. También se pueden emitir declaratorias de emergencia, que están dirigidas a atender la vida y la salud de la población, y declaratorias de contingencias climatológicas, diseñadas para atender a productores de bajos ingresos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas atípicas, relevantes, no recurrentes e impredecibles (Sistema Nacional de Protección Civil, SEGOB, 2012).

Para mostrar la magnitud del impacto de los fenómenos naturales en el país, así como sus consecuencias negativas, tan solo entre 2000 y 2011 se publicaron cerca de 15 mil registros de municipios con declaratorias de cualquiera de los tres tipos antes citados. Cabe señalar que la publicación de un solo documento de declaratoria (de cualquier tipo) en el Diario Oficial de la Federación puede incluir a más de un municipio. En este periodo, las entidades con municipios que aparecieron un mayor número de veces en declaratorias fueron Veracruz (Nautla en 31 ocasiones y Minatitlán y Tecolutla con 29 cada uno) y Oaxaca; las de menor número fueron Baja California y el Distrito Federal. Por otro lado, 311 municipios fueron citados con una sola mención y para otros 133 no fue necesaria su inclusión en ningún tipo de declaratoria. Las declaratorias por fenómenos hidrometeorológicos fueron las que comprendieron el mayor porcentaje (92.3%) de las causas de las declaratorias en el periodo 2000-2011 (Figura 1.11; Cenapred, SEGOB, 2012).

Al relacionar la incidencia de los municipios con declaratorias de desastre, emergencia o contingencia con sus variables socieconómicas, el resultado muestra que también los municipios con grado de marginación alto y muy alto han sufrido el impacto de los fenómenos naturales, lo que ha complicado todavía más la situación de sus habitantes (Figura 1.12). En casos extremos, las consecuencias de la presencia continua de fenómenos naturales pueden contribuir a que ciertos sectores de la población tomen la decisión de migrar, temporal o definitivamente, para establecerse en otros sitios. Debido a la complejidad del fenómeno migratorio, a la fecha no es posible establecer con certeza el número de personas que han salido de sus lugares de origen o de residencia por cuestiones principalmente ambientales; sin embargo, algunos estudios han documentado que este componente estaría contribuyendo de manera importante a que las personas tomen esta decisión (ver Recuadro Migrantes por razones ambientales).

Economía y medio ambiente

Durante mucho tiempo se aceptó que el deterioro ambiental era un costo inevitable del desarrollo económico de los países y que los problemas ambientales se atenderían una vez resuelta la problemática económica y social. La preocupación por mantener el desarrollo económico dejó en segundo plano, frecuentemente, la importancia que tendrían en el corto, mediano y largo plazos los costos ambientales generados por las actividades económicas. Sin embargo, en la actualidad los diferentes sectores de la sociedad han tomado mayor conciencia de los efectos negativos, tanto económicos como sociales, de la degradación ambiental y de la explotación intensiva e insostenible de los recursos naturales. Debido a que el crecimiento económico es uno de los componentes del desarrollo sustentable y que la degradación ambiental tiene un impacto directo en el crecimiento sostenido de la economía de cualquier país, es necesario contar con información que permita hacer un balance objetivo de los costos de la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales, así como de lo que se invierte en acciones de protección y uso sustentable de los recursos naturales.

En México, el INEGI ha calculado los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA)¹⁰ del país en los últimos años. Los CTADA se calculan con base en: 1) los costos de agotamiento de los recursos forestales, de los hidrocarburos (petróleo y gas natural), del agua subterránea y de los derivados por el agotamiento de los recursos naturales ocasionados por el cambio de uso del suelo; y 2) por los costos asociados a la degradación que incluyen los relacionados con la baja calidad del aire y la degradación y contaminación de los suelos y agua.

La última estimación disponible de los CTADA corresponde al periodo 2007-2011 (publicada en 2013), y de acuerdo con ella, pasaron de 914.62 mil millones a 983.89 mil millones de pesos en ese periodo (Tabla 1.1; INEGI, 2013). Debido a los cambios en la metodología de cálculo, los datos para distintos periodos no son comparables, aunque sí permiten conocer con cierta confianza la magnitud de estos costos a través del tiempo. Desde la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado y hasta el año 2011, el comportamiento de los CTADA como proporción del PIB ha mostrado variaciones entre los años. Entre 1996 y 1999, registraron tendencia ascendente: pasaron de 10.3 a 10.9% (INEGI, 2003); a partir del año 2000 y hasta 2005, la tendencia se invirtió a la baja hasta llegar a 7.7% (INEGI, 2006 y 2011d), para después incrementarse nuevamente en 2006 y 2007 hasta alcanzar, en este último año, 8.1%. Durante el periodo 2008-2011, aunque con variaciones, se ha mantenido alrededor de 7%, lo cual sigue siendo un costo excesivamente alto para el desarrollo del país (Tabla 1.1; INEGI, 2013).

En la Tabla 1.2 se observa que la mayor parte de los CTADA se debe a los costos por degradación, que para 2011 representó el 4.9% respecto del PIB, siendo su principal componente los costos asociados a la contaminación del aire (3.62%). Por su parte, los costos por agotamiento fueron de 2%, del cual los hidrocarburos representaron la mayor parte (1.68%), quedando el 0.32% restante distribuido entre los otros componentes (Tabla 1.2).

Si los CTADA se comparan con el gasto del gobierno en protección ambiental (Tabla 1.3), es evidente el desbalance entre lo que se pierde en términos del capital natural del país y lo que se invierte en su protección y recuperación, aún a pesar del incremento en el gasto en protección ambiental que se ha erogado en el periodo 2007-2011. En 2007 se invirtieron 81.58 miles de millones de pesos (que representaron 8.1% de los CTADA de ese año), alcanzando 125.77 miles de millones de pesos para 2011 (12.78% de los CTADA; Tabla 1.3). A pesar de la tendencia a la alza, el gasto en protección ambiental sigue siendo menor a los costos generados por degradación y agotamiento de los recursos naturales, por lo cual se hace evidente la necesidad de reducir los costos ambientales asociados al desarrollo del país.

En 2011, poco más de la mitad de los gastos en protección ambiental (51.2%) se destinó a las actividades de remediación (p. e., la captación y tratamiento de aguas residuales, la recolección y el tratamiento de residuos sólidos urbanos, y para el control, abatimiento y mitigación de la contaminación atmosférica), seguidos por las actividades de administración en protección ambiental (19.7%), las actividades de prevención (17.1%; p. e., protección a la biodiversidad, educación ambiental y ahorro de agua y energía) y las de investigación y desarrollo en ecología (12%; INEGI, 2013).

Notas:

⁵ La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI) considera población indígena (PI) a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe (a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a) declaró ser hablante de lengua indígena. Además, también incluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2012).

⁶ En el cálculo del IDH-PI, la fuente no consideró el total de municipios que había en el país en 2005 (2 454) debido a que en 393 de ellos no había población indígena y en 29 no se contó con la información completa para hacer el cálculo.

⁷ De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un municipio se considera predominantemente indígena cuando su población de este tipo representa más del 40% del total municipal (CDI y PNUD, 2006).

⁸ El Conapo clasificó a los municipios del país en cuatro categorías determinadas por la proporción de población indígena asentada: i) indígenas, donde 79% o más de la población de cinco años o más habla alguna lengua indígena, ii) predominantemente indígenas, donde entre 40 y menos de 70% habla alguna lengua indígena, iii) con moderada presencia indígena, donde entre 10 y menos de 40% de sus residentes domina alguna lengua indígena; y iv) con escasa presencia indígena, donde menos de 10% es hablante de lengua indígena (Conapo, 2011).

⁹ Equivale al valor monetario de la canasta básica alimentaria generada por el Coneval, la cual incluye entre otros productos: maíz, frijol, huevo, arroz y aceite vegetal.

¹⁰ Los CTADA son equivalentes a las erogaciones que la sociedad en conjunto tendría que efectuar para remediar, restituir y/o prevenir el daño al medio ambiente como resultado de las actividades propias del ser humano, como producción, distribución y consumo de bienes y servicios (INEGI, 2011d).