INTRODUCCIÓN


El cambio climático global y la pérdida de la biodiversidad son dos de los problemas ambientales más importantes que enfrenta la humanidad hoy día. La expansión e intensificación de las actividades humanas desde mediados del siglo pasado han cambiado radicalmente el funcionamiento en muchos ecosistemas en diversas regiones del mundo e, incluso, han alterado los patrones de biodiversidad a nivel local y regional. En algunos casos, estos cambios han provocado la extinción de muchas especies. Estimaciones sugieren que la tasa actual de extinción de especies a nivel mundial podría ser entre 10 y 1 000 veces mayor a la registrada con anterioridad a la presencia humana (Pimm et al., 1995).

No obstante, los grandes esfuerzos que se han hecho en las últimas dos décadas a nivel internacional para conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, han sido insuficientes para avanzar hacia el cumplimiento de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica (SCBD, 2014). De no haber cambios importantes, los pronósticos basados en la proyección de las tendencias actuales de los factores de presión más importantes, sugieren que la pérdida de la riqueza biológica global podría continuar cuando menos hasta el año 2020 (SCDB, 2010).

Los efectos de la pérdida de la biodiversidad no se restringen al aspecto ambiental. Es ampliamente reconocido que el bienestar social y el desarrollo económico de las naciones, y en particular el de los países en desarrollo y el de las comunidades más vulnerables, están fincados en la continuidad de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas y su biodiversidad (MEA, 2005).

Para muchos países, incluido México, la pérdida de biodiversidad cobra mayor relevancia debido a que es considerado como uno de los centros de diversidad biológica más importantes del planeta, de hecho, forma parte del grupo de los 15 países megadiversos que concentran en conjunto entre el 60 y 70% de la biodiversidad global (Mittermeier et al., 1997; UNEP 2010). En el caso mexicano, también debe mencionarse su riqueza biocultural, que permitió el desarrollo de uno de los centros de domesticación de especies de plantas más importantes del mundo.

 





MÉXICO Y SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA


La notable diversidad biológica de México se explica por la influencia e interacción de diversos factores, entre los que destacan su historia geológica y su posición geográfica. En cuanto al primer aspecto, el territorio nacional se caracteriza por una variada topografía, con amplias serranías, cadenas volcánicas y mesetas. Sobresalen la Sierra Madre Occidental, que se extiende paralela a la costa del Pacífico, la Sierra Madre Oriental, que corre hacia el sur paralela al Golfo de México hasta el Escudo Mixteco, y el Eje Neovolcánico Transversal, en el que sobresalen los picos volcánicos de mayor altura en el país.
 
La ubicación geográfica de México y su topografía explican, en parte, su variedad de climas, los cuales van desde los cálidos húmedos hasta los fríos alpinos, pasando por los subhúmedos, los templados y los secos de las zonas áridas. Además, su ubicación lo coloca en una zona de transición entre dos regiones biogeográficas: la Neártica (dominada por asociaciones y especies de clima templado-frío emparentadas con las del Viejo Mundo), que abarca el centro y norte de México, las zonas templadas y frías de las sierras Madre Oriental y Occidental, y las sierras volcánicas del centro del país; y la región Neotropical (con especies de afinidad Afrotropical), que comprende las tierras bajas cálido-húmedas o subhúmedas, así como algunas zonas altas de las sierras de Chiapas y de la Sierra Madre del Sur (Sánchez et al., 2007).

Todos estos factores han generado en México las condiciones necesarias para permitir la presencia de la mayoría de los ecosistemas reconocidos en el planeta (Rzedowski, 1978 y 2006). Las comunidades vegetales que pueden encontrase en nuestro territorio van desde las selvas húmedas, subhúmedas y secas, pasando por los bosques templados y mesófilos de montaña, hasta los matorrales xerófilos, pastizales, manglares y otros tipos de humedales. Esta diversidad lo coloca, junto con Brasil y Colombia a nivel latinoamericano, como uno de los países con mayor variedad de ecosistemas terrestres y acuáticos en su territorio (Dinerstein et al., 1995). Para más información sobre la vegetación nacional y su dinámica en el país, se sugiere consultar el capítulo sobre Ecosistemas terrestres.

México se ubica como el décimo segundo país con mayor extensión de litorales y de superficie marina del mundo (Lara-Lara et al., 2008). El estar flanqueado por el Océano Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México y el Caribe, además de contar con un gran número de islas e islotes, lo hace también poseedor de una excepcional riqueza de ecosistemas costeros y marinos, entre los que pueden encontrarse manglares, vegetación de dunas arenosas, arrecifes, praderas de pastos marinos, comunidades de algas, además de una variedad de topoformas como montes y cañones submarinos, ventilas hidrotermales y abismos oceánicos, entre otros (Conabio, 2014).

En cuanto a la diversidad de especies, de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), en el mundo se han descrito poco más de 1.73 millones, principalmente invertebrados (Figura 4.1). Sin embargo, esta cifra podría resultar pequeña en virtud de que el conocimiento de la biodiversidad global es aún incompleto. Los cálculos más conservadores estiman que en el planeta podrían habitar más de 100 millones de especies (Mora et al., 2011).

 

 

Para México, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio, 2015a), en 2014 se tenían registradas 27 322 especies de plantas vasculares, 4 476 especies de hongos, 5 714 especies de vertebrados y 48 198 especies de invertebrados. Esta diversidad coloca al país entre los primeros lugares del mundo en riqueza  para algunos grupos taxonómicos (Figura 4.2).

 

 

 

Se ha calculado que esta riqueza equivale a cerca del 10% de la biodiversidad global (Martínez-Meyer et al., 2014; Figura 4.3). Sin embargo aún existen muchas áreas en el territorio que no se han estudiado con detalle, como por ejemplo, algunas zonas tropicales o muchos ecosistemas marinos, particularmente los de mar profundo. Además, ciertos grupos, como los invertebrados, hongos y criptógamas tampoco se han colectado ni estudiado suficientemente (Smith-Ramírez, 2005), por no mencionar el caso de los microorganismos. Aún dentro de los grupos relativamente bien conocidos, como los moluscos y crustáceos, también hay órdenes y familias que no se conocen con profundidad (Martínez-Meyer et al., 2014). Por esta razón se calcula que la cifra de especies descritas para el país podría representar entre el 30 y 50% de la biodiversidad que realmente lo habita (Martínez-Meyer et al., 2014).

 



Respecto a la riqueza de plantas vasculares descritas en el país, dominan las angiospermas con 25 992 especies, principalmente de las familias de las compuestas (Asteraceae, 3 529 especies), leguminosas (Fabaceae, 2 204 especies) y de las cactáceas (Cactaceae; 720 especies; Cuadro D3_BIODIV02_13). La mayor riqueza de plantas vasculares se encuentra en los estados del sur, donde se localizan algunos de los ecosistemas con mayor biodiversidad del país, como las selvas altas perennifolias o los bosques mesófilos de montaña, que se entremezclan en complejos relieves topográficos; resaltan los estados de Oaxaca, que posee el 39% de las especies nacionales, (con 9 804 especies), Veracruz (34%, 8 617 especies) y Chiapas (33%, 8 334 especies; Figura 4.4; Tabla 4.1).

 

 

 

En cuanto a los vertebrados, las 5 714 especies registradas en México equivalen a cerca del 9% del total descrito a nivel mundial (Figura 4.3). En el caso de las aves, en el país se registran poco más del 10% de las especies conocidas globalmente (1 100 especies), concentrándose el mayor número en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas (Conabio, 2015a). Los mamíferos mexicanos (556 especies) también suman alrededor del 10% de las especies conocidas globales, con el mayor número también al sur del país (en Chiapas, 214 especies; Oaxaca, 211; y Veracruz, 203) y en el occidente del país (en Jalisco, con 204 especies).

La riqueza de reptiles, que suma 885 especies, convierte a México en el segundo país más rico a nivel mundial después de Australia. Los estados del sureste como Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los más diversos en este grupo, con 257, 219 y 195 especies, respectivamente. Finalmente, en el caso de los peces, comprenden alrededor del 8.4% de las especies registradas a nivel mundial. Predominan las especies de ambientes exclusivamente marinos (57% de las 2 782 especies registradas), seguidos por las especies estuarinas (31%) y las exclusivamente dulceacuícolas (13%). Particularmente ricos en especies marinas, estuarinas y vicarias son los estados que bordean al mar de Cortés: Baja California Sur y Sonora, con 304 y 225 especies, respectivamente. En el caso de los peces continentales, son particularmente ricas en especies las cuencas de los ríos Bravo (74 especies), Grijalva-Usumacinta (72 especies), Lerma-Santiago (57 especies) y río Pánuco (52 especies; Mapa 4.1).

 



Los invertebrados (entre los que destacan los insectos por su diversidad), aunque menos conspicuos que la mayoría de las especies de vertebrados, tienen importancia fundamental para mantener la estructura y función de los ecosistemas, por ejemplo, a través de su participación en el reciclado de materia orgánica, la movilización de nutrientes del suelo, la polinización y el control de plagas, entre otros. De acuerdo con la Conabio (2015a), en nuestro país existen poco más de 30 mil especies de insectos; sin embargo, de acuerdo con Zhang (2011) México podría albergar hasta el 10% del total de la biodiversidad de insectos a nivel mundial, lo que representaría cerca de 100 mil especies.

Además de la riqueza de especies, el endemismo, que se refiere a las especies que habitan exclusivamente una región geográfica, también es una característica importante de la biodiversidad nacional. En nuestro país, la mayor parte de las zonas de alto endemismo se concentran en las zonas montañosas y los desiertos (Medina-Macías et al., 2010; Figura 4.5). Dentro de los grupos de plantas vasculares con un alto número de especies exclusivas al país están los encinos (género Quercus) con alrededor de 107 especies endémicas (casi 67% del total de especies mexicanas y alrededor del 21% de las especies a nivel mundial), los pinos (género Pinus) con 40 especies endémicas (85% del total de especies reportadas en nuestro país), las cícadas con 41 especies endémicas (79% del total) y las orquídeas (585 especies, 37%; Figura 4.6; Conabio 2015a). México es también el centro más importante de diversificación de las cactáceas a nivel mundial: aquí se registran 720 especies de las cuales el 72% son endémicas (518 especies; Jiménez, 2011; Cuadro D3_BIODIV02_13b).

 

 

En cuanto a la fauna, los grupos de mayor endemismo en el país son los anfibios y los reptiles. En el caso de los anfibios, de las 381 especies registradas, 252 son endémicas, es decir, el 66% (Parra-Olea et al., 2014); de las 885 especies de reptiles, 493 son endémicas (56%; Figura 4.6). Con menores niveles de endemismo están los mamíferos (29% del total, 162 de las 556 especies) y las aves (17%, 194 de las 1 110 especies; Navarro-Sigüenza et al., 2014; Cuadro D3_BIODIV02_14b).

 

 

El territorio que ahora ocupa México ha estado habitado por grupos humanos por lo menos desde hace 12 o 13 mil años (Del Olmo et al., 2011). La prolongada interacción de muchos de ellos con la biodiversidad local provocó la domesticación y semidomesticación de muchos grupos de plantas y de algunos animales. Por ello, también es reconocido como uno de los ocho principales centros vavilovianos 1 de origen, domesticación y diversidad genética de más de 130 especies de plantas cultivables en el mundo (Acevedo et al., 2009). Destacan por su importancia el maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus spp.), chile (Capsicum annuum), calabaza (Cucurbita spp.), cacao (Theobroma cacao), jitomate (Solanum lycopersicum), tomate (Physalis ixocarpa), camote (Ipomoea batatas), yuca (Manihot esculenta), jícama (Pachyrhizus erosus), amaranto (Amaranthus leucocarpus), huauzontle (Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae), cacahuate (Arachis hypogaea), papaya (Carica papaya), guayaba (Psidium guajava), algodón (Gossypium hirsutum) y tabaco (Nicotiana tabacum) (Hernández-Xolocotzi 1998; Cuadro D3_BIODIV05_03). Además, México ha sido centro de diversificación secundaria de otros cultivos importantes como la papa y el girasol (Helianthus annuus), así como de especies maderables de uso forestal de los géneros Pinus (Styles, 1993) y Quercus (Nixon, 1993).

En el caso del maíz, en América Latina se han descrito cerca de 220 razas, de las cuales, 64 (29%) se han identificado y descrito para México (Conabio, 2012). Todas las especies de chile son originarias del continente americano, cinco de las cuales han dado lugar a más de 40 variedades en el país (Montes-Hernández, 2010; Conabio, 2015b). Respecto al frijol, existen más de 70 variedades y aproximadamente 150 especies en el mundo, de las cuales 50 se encuentran en nuestro país (Conabio, 2013).

En contraste con la gran cantidad de especies vegetales domesticadas en México, existen solo dos especies animales propiamente domesticadas: un ave, el guajolote (Meleagris gallopavo) y un mamífero (el perro xoloitzcuintle; Perales y Aguirre, 2008), así como nueve especies de insectos semidomesticadas2 (hormigas, chapulines y gusanos de maguey, entre otras; Conabio, 2015a).

Aun cuando el conocimiento de la diversidad de especies de México es aún incompleto, es mucho mayor que el que se posee respecto a la diversidad genética de sus especies y poblaciones. Hasta finales de la década pasada, en el país se habían estudiado desde el punto de vista de su riqueza genética alrededor de 200 especies, entre microorganismos, coníferas, encinos, epífitas, cícadas, parasitoides, áfidos, aves y mamíferos marinos (Tabla 4.2). Si este número se compara con la riqueza de especies que se lista para el país actualmente, resulta sorprendentemente bajo. No obstante, a pesar del esfuerzo que aún debe realizarse en esta área, los estudios realizados permiten suponer que la riqueza de muchas de las especies silvestres también podría ser significativa (Piñero et al., 2008).

 

 





AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD


La riqueza biológica de las comunidades y ecosistemas es, al fin y al cabo, el resultado de la compleja interacción de procesos geológicos, climáticos, ecológicos y evolutivos. Los cambios ambientales que sufren los ecosistemas por estos factores han conducido a la continua diversificación de los grupos biológicos y, en contados periodos de la historia del planeta, a la repentina extinción de muchas de sus especies.

Desde su aparición, la humanidad se ha convertido en una fuente constante de presión sobre los ecosistemas y su biodiversidad. Para conseguir sus bienes de subsistencia, desde milenios atrás los grupos humanos han empleado la caza, la pesca, la recolección de frutos y más tardíamente la modificación del hábitat para el desarrollo de la agricultura. La colonización y presencia humana llevó a la extinción de numerosas especies (como en el caso de algunos de los grandes herbívoros como el mamut, el milodón y el megaterio; Barnosky y Lindsey, 2010; Sandom et al., 2014; Wojtal y Wilczynski, 2015) y a cambios sustanciales en el funcionamiento de sus ecosistemas, en ambientes particularmente sensibles como las islas. Sin embargo, durante muchos siglos estos cambios y sus afectaciones fueron, hasta cierto grado, locales. Ha sido a partir de los siglos XIX y XX — y sobre todo desde la década de los años cincuenta de este último — que los seres humanos se convirtieron en el factor de cambio más importante para los ecosistemas terrestres y acuáticos del planeta (MEA, 2005). Los efectos del cambio de la humanidad en el paisaje (con sus consecuentes impactos en el clima y en la pérdida de la diversidad biológica que vivimos actualmente) han sido de tal magnitud que muchos científicos han propuesto desde inicios del presente siglo, y con mayor impulso en años recientes, nombrar a la época actual como el Antropoceno (ver Crutzen, 2002).

Una de las diferencias fundamentales de los efectos derivados,  tanto de los cambios que suceden de manera natural como de las actividades humanas, radica en la tasa y complejidad a la cual ocurren (Challenger et al., 2009). En el caso particular de la biodiversidad, la velocidad a la que los científicos han calculado que el planeta está perdiendo sus especies rebasa ampliamente (entre 10 y 1 000 veces; Pimm et al., 1995) las tasas de extinción observadas en el registro geológico en épocas previas a la aparición humana. Es por ello que se reconoce que la biodiversidad podría estar enfrentando en nuestros días la sexta crisis de extinción más grave de su historia (Barnosky et al., 2011; Ceballos et al., 2015).

Entre las principales causas de pérdida de biodiversidad, ocasionadas por los humanos, están la transformación, degradación y fragmentación de los ecosistemas naturales, en particular por la expansión de la agricultura y la ganadería, la urbanización, la construcción de infraestructura (como carreteras, muelles y presas) y por la apertura de minas y canteras (PNUMA, 2012). A ello debe sumarse la sobreexplotación de las poblaciones silvestres de muchas especies (por la pesca, la caza y la recolección), la introducción de especies exóticas invasoras y el cambio climático global. En esta sección se describe, de forma general, la problemática derivada de la agricultura, la construcción de carreteras y la introducción de especies exóticas como fuente de amenazas para la biodiversidad de México. En el capítulo sobre Ecosistemas terrestres se pueden consultar mayores detalles respecto a otras presiones que afectan los ecosistemas naturales (y a su biodiversidad) como son el cambio de uso del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y los incendios forestales.

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA

La expansión de las actividades agropecuarias, en los últimos cincuenta años, ha sido el principal motor de la pérdida de la vegetación natural, y por tanto una de las principales amenazas para la biodiversidad, tanto en México como en el mundo. Además de sus efectos por la transformación y pérdida de los ecosistemas, las actividades agropecuarias también afectan directamente a la biodiversidad por medio de la eliminación de especies competitivas o reguladoras (por ejemplo, los depredadores), por el uso de agroquímicos y por la erosión genética de los cultivares tradicionales al ser sustituidos por variedades mejoradas y genéticamente modificadas (INIFAP, 1995; Raya-Pérez et al., 2010; FAO, 2015). Indirectamente, la extracción de agua de ríos y lagos y su contaminación por las escorrentías cargadas con sedimentos, nutrimentos, antibióticos y químicos tóxicos, son otros de los efectos negativos de las actividades agropecuarias sobre la biodiversidad. 

En México, de acuerdo a las Cartas de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI, la expansión histórica de la agricultura hasta los años setenta había alcanzado, a costa de ecosistemas naturales, poco más de 26 millones hectáreas, esto es, el 13.3% de la superficie total del país (Figura 4.7a). Para 2011 avanzó hasta alcanzar cerca de 31 millones de hectáreas, principalmente sobre superficies ocupadas originalmente por selvas (13 millones de ha), matorrales (7.4 millones de ha), bosques templados (6.3 millones de ha) y pastizales (5 millones de ha).

Extensas superficies de ecosistemas naturales, incluidos los pastizales naturales, también han sido transformadas a sitios dedicados a la ganadería. En la década de los setenta, los pastizales inducidos y cultivados cubrían una superficie de más de 14.3 millones de hectáreas (7.3% de la superficie total del país), la cual creció a 19.1 millones de hectáreas en 2011 (9.7% del país; Figura 4.7a). En este último año, la superficie de pastizales cultivados e inducidos se habían extendido sobre superficies ocupadas originalmente por selvas (10.8 millones de ha), bosques templados (3.7 millones de ha), matorrales (3.4 millones de ha) y aún sobre pastizales naturales (602 mil ha).

Si se consideran en conjunto a los terrenos agrícolas y ganaderos, entre la década de los años setenta y 2011, crecieron 11.4 millones de hectáreas, con lo cual, su presencia se amplió del 20.5 al 26.3% del territorio nacional. No obstante, la tasa de expansión anual de la frontera agropecuaria ha disminuido gradualmente: en el periodo 2002-2007 alcanzó 296 mil hectáreas (0.59% anual) y entre 2007 y 2011 fue de 123 mil hectáreas (0.24% anual; Figura 4.7b y c).

 

 

El daño de la ganadería a los ecosistemas naturales va más allá de su transformación para implantar pastizales inducidos o cultivados. En muchas ocasiones, los hatos de ganado pastan dentro de los ecosistemas naturales, promoviendo en muchos casos su degradación, así como la erosión y compactación de los suelos, sobre todo cuando el número de cabezas excede la capacidad de la vegetación para recuperarse. De acuerdo a la Carta de Uso del Suelo y Vegetación del año 2011, los pastizales inducidos y cultivados cubrían poco más 19 millones de hectáreas (9.7% del país), sin embargo, según los datos de la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero (Cotecoca, 2004 y 2015), en 2012 la superficie ocupada por la actividad pecuaria era de casi 110 millones de hectáreas (56% de la superficie total de México). Esto podría sugerir que al menos 91 millones de hectáreas de superficie ganadera estarían fuera de los pastizales inducidos o cultivados, es decir, sobre superficies ocupadas por vegetación natural.

El número de cabezas de ganado en 23 entidades del país excede la capacidad de sus superficies pecuarias y de sus ecosistemas naturales para mantenerlas3. En particular, la sobrepoblación es mayor en el centro del país y algunas de las entidades de la costa del Golfo de México (Mapa 4.2). En Tlaxcala, por ejemplo, la sobrepoblación de cabezas de ganado estimada podría alcanzar el 96% de la población existente. En otros estados, como Veracruz e Hidalgo, esta cifra llega al 91%. En contraste, algunos de los estados del norte del país y del sureste son los que mantienen poblaciones pecuarias que no han excedido la capacidad de sus superficies pecuarias y de ecosistemas naturales para mantenerlas.

 

 

 

INFRAESTRUCTURA

Red de caminos y carreteras

El crecimiento de la población, la expansión de las zonas urbanas y de las actividades agropecuarias e industriales, así como el movimiento de personas y mercancías, requieren del crecimiento de una amplia red de infraestructura que incluye caminos y carreteras, puertos, presas para el abasto de agua y la generación de energía eléctrica y de torres y estaciones para su transporte, entre otras obras.

La infraestructura es también, a pesar de sus beneficios, un factor de presión sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, ocasionando frecuentemente la transformación y fragmentación de los hábitats de muchas de sus especies, lo que conlleva a la pérdida de biodiversidad. Esta sección se enfocará al caso de la infraestructura carretera (que también se trata, sobre todo por sus efectos en la fragmentación de los ecosistemas terrestres, en el capítulo 2), en las presas y la construcción y operación de puertos.

Algunos de los efectos negativos directos de la construcción y operación de caminos y carreteras son, al lado de la pérdida de superficie de ecosistemas, la aparición de barreras no naturales en las áreas de distribución de las poblaciones de las especies (sobre todo en el caso de la fauna) y el incremento de su tasa de mortalidad. La presencia de carreteras produce el aislamiento reproductivo, la mortalidad por atropellamiento en el caso de la fauna y favorece también la dispersión y proliferación de especies exóticas (Puc-Sánchez et al., 2013). Es importante señalar que los distintos tipos de caminos y recubrimientos tienen impactos distintos en la biodiversidad. A diferencia de los caminos de terracería, carreteras más amplias con recubrimientos impermeables y barreras de concreto o metálicas entre carriles tienen mayores efectos de aislamiento y causan, por lo general, mayor mortalidad en la fauna (González y Benítez, 2013).

México tiene una densidad de carreteras cercana a los 19 kilómetros por kilómetro cuadrado, cifra comparativamente baja a la que registran otros países de la OCDE como Irlanda (137 km/km2), España (132 km/km2) o la de países asiáticos como India (125 km/km2; Figura 4.8).

 

 

El crecimiento de la red de caminos y carreteras, sobre todo en el centro del país, ha sido muy importante en las últimas décadas. Entre inicios de los años noventa y 2013, la extensión nacional de carreteras creció en poco más de 100 mil kilómetros (Figura 4.9).

 

 

Si se observa el tipo de vegetación sobre el que está construida la red carretera, en 2014 la mayor densidad de caminos se encontraba dentro del bosque mesófilo de montaña, con un valor 0.19 kilómetros por kilómetro cuadrado4 (Figura 4.10). Le seguían las selvas subhúmedas y húmedas (0.09 y 0.07 km/km2, respectivamente) y el bosque templado (0.08 km/km2). En general, la mayor parte de la densidad carretera dentro de ecosistemas naturales corresponde a vías pavimentadas, con excepción del bosque mesófilo de montaña y el bosque templado, en donde predominan las terracerías. En el caso del bosque mesófilo, poco más del 62% de su red de caminos correspondía a terracería, mientras que para los bosques templados, esta cifra alcanzaba cerca del 61%.

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, otro de los efectos de la red carretera es el aumento de la mortalidad provocado por el atropellamiento de la fauna. Su efecto más importante e inmediato es la reducción del tamaño de las poblaciones de las especies afectadas. A la fecha, no existen estadísticas precisas ni periódicas respecto a los impactos en las poblaciones naturales de las especies afectadas. Sin embargo, algunos estudios publicados ofrecen una perspectiva general al respecto (Tabla 4.3; ver González y Benítez, 2013). En algunas regiones, el número de especies afectadas puede ser importante. En la selva húmeda de Los Tuxtlas, en Veracruz, se han registrado hasta 73 especies de vertebrados (en su mayoría reptiles y aves) afectados por atropellamiento; en una localidad de selva subhúmeda en Jalisco, esta cifra alcanzó 64 especies (principalmente de aves y mamíferos). Junto al número de especies afectadas deben considerarse también la frecuencia de los eventos y la extensión de los caminos en la que ocurre. En una selva baja caducifolia de Oaxaca, por ejemplo, se encontró que la mortalidad de aves podía alcanzar hasta 0.82 animales por kilómetro de carretera por día (Tabla 4.4); si con esta cifra se calcula cuál sería la mortalidad anual en este grupo, el total ascendería a cerca de 300 aves por año por kilómetro.

 

 

 


El crecimiento futuro de las vías de comunicación en el mundo seguirá fragmentado muchos ecosistemas y ejerciendo una mayor presión sobre su biodiversidad. Se calcula que para mediados del presente siglo se habrán construido cerca de 25 millones de kilómetros de nuevas carreteras, de las cuales 90% se realizarán en países en desarrollo, algunos de ellos de los considerados megadiversos, como es el caso de México, Brasil, Colombia y China (Laurance et al., 2015). Particularmente en México, de acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, la red de carreteras federales se ampliará en alrededor 2 772 kilómetros durante este sexenio (SHCP, 2014), lo que equivale a un aumento del 1.9% respecto a la infraestructura pavimentada existente en 2014.

 

Presas

La construcción de presas ha sido una solución para cubrir la creciente demanda de agua dulce para uso doméstico, industrial y agrícola, así como una alternativa importante para la generación de energía eléctrica. Los impactos de la construcción y puesta en operación de las presas alcanzan a la biodiversidad río abajo y río arriba tanto por los cambios en el volumen y la calidad de los flujos de agua como por la fragmentación del hábitat. Todo ello puede tener un impacto sobre los ciclos de vida de diversas especies y sobre sus relaciones tróficas (Martínez-Yrízar et al., 2012).

Se calcula que el 60% de los ríos del mundo se encuentra represado por casi un millón de obras de infraestructura hidráulica (PNUMA, 2010). En el caso particular de México existen aproximadamente 5 100 presas y bordos. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el país cuenta con 172 grandes presas que representan el 80% del almacenamiento total del país; en 2013 el volumen de agua almacenado en esas presas fue cercano a los 98 mil hectómetros cúbicos (Conagua, 2014; para más detalles del almacenamiento de agua en presas en el país consultar el capítulo sobre Agua).

En el país algunas de las cuencas con una mayor cantidad de represas también son las que poseen gran relevancia por su biodiversidad y grado de endemismo. Es el caso de las cuencas del Río Bravo, Río Santiago y Lerma–Chapala (Semarnat, 2015b; De la Vega, 2003; De Anda, 2014); en el caso de esta última, se considera como la segunda cuenca con mayor diversidad de especies de peces en el país (57 especies, de las cuales alrededor del 58% son endémicas, Miller, 1986). También destacan por su número de presas las cuencas de los ríos Pánuco, Balsas, Yaqui y Nazas; entre ellas, la del río Pánuco es la que cuenta con la mayor diversidad de especies de peces, (75 especies), de las cuales 30% son endémicas (Miller, 1986).

 

Puertos marítimos

El transporte marítimo de bienes materiales y de turistas se ha convertido en un factor de desarrollo económico y de comercio internacional para varios países y bloques económicos. El transporte marítimo es uno de los medios más usados para el traslado internacional de carga; se estima que el 80% de las mercancías que se comercializan en el mundo se mueven por vía marítima (Bermúdez et al., 2009). Por su parte, el transporte de pasajeros en cruceros turísticos se ha convertido en una fuente importante de ingresos para muchas economías locales y nacionales.

A pesar de los beneficios económicos y sociales que traen consigo, la construcción y el uso de los puertos pueden tener importantes efectos para los ecosistemas costeros y marinos. En un inicio, su construcción implica necesariamente el cambio del uso del suelo: la construcción de algunos de los puertos más importantes del país implicó la remoción de superficies importantes de humedales, como en los casos de Lázaro Cárdenas en Michoacán o Tuxpan en Veracruz. A ellas deben sumarse los efectos negativos que produce el dragado periódico de las instalaciones donde anclan las embarcaciones. Por otro lado están los impactos sobre el medio marino que provienen de las embarcaciones, los cuales se derivan de la contaminación del agua (ya sea por la disposición sin tratamiento de los residuos líquidos y sólidos que generan o que pueden derramarse accidentalmente), por la degradación del lecho marino (principalmente por el movimiento del agua que producen las hélices de las embarcaciones y que lo erosionan), por la invasión de especies exóticas (debidas a la descarga del agua de lastre), por los encallamientos de embarcaciones en zonas de arrecifes de coral o por la contaminación acústica, entre otros efectos (González-Lozano et al., 2006).

En México existen 117 puertos distribuidos en todas las entidades costeras, adaptados algunos de ellos tanto para la navegación de altura como de cabotaje. Entre 2009 y 2013, la afluencia de buques de carga en los puertos nacionales mostró una tendencia de crecimiento moderada, que alcanzó 3.2% en el periodo señalado; cuando se observa por litoral, el crecimiento fue mayor en el Pacífico, en donde se incrementó 15.2%, principalmente por la actividad comercial en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas (Figura 4.11). En contraste, la visita de cruceros turísticos, reflejada a través del número de pasajeros, se redujo en el país en 23.7% entre 2009 y 2013, sobre todo por efecto de la caída de las visitas en los puertos turísticos del litoral del Pacífico.

 


En algunos casos, el movimiento de los buques de carga en el país se concentra en puertos cercanos a zonas marinas importantes por su biodiversidad. En el Golfo de México, entre 2009 y 2013, por los puertos de Dos Bocas y Coatzacoalcos (ambos en Veracruz) y Altamira (en Tamaulipas), transitó el 44% del total de buques cargueros que atracaron en los puertos nacionales. Algunos de ellos colindan con zonas clasificadas por la Conabio como de prioridad alta y media para la conservación de su biodiversidad marina: en el caso del puerto de Veracruz se encuentra adyacente al Sistema Arrecifal Veracruzano; en Dos Bocas se cuenta con las zonas de los Humedales Costeros y Plataforma de Tabasco y, en el caso de Coatzacoalcos, con la zona de la plataforma continental frente a los Tuxtlas (Mapa 4.3).

 



En el caso de los barcos de crucero, la mayor presión en el país se concentra en los ecosistemas marinos del este de la península de Yucatán (Mapa 4.3). Tan sólo Puerto Juárez e Isla Mujeres (ambos en Quintana Roo) recibieron entre 2009 y 2013 alrededor del 50% del total de turistas de crucero que visitaron el país (alcanzaron los 15.3 millones de visitantes). Ambos puertos se localizan frente a zonas marinas que se clasifican como de importancia media y alta por su biodiversidad, principalmente por la presencia de humedales costeros en la zona norte de la península de Yucatán y de la zona denominada Cordillera de Cozumel. En el caso del Pacífico, el mayor número de visitantes en dicho periodo se observó en Puerto Vallarta (con cerca del 7% del total de turistas), en una zona clasificada como de muy alta importancia para su conservación (propiamente la de Bahía de Banderas), por ser lugar de la visita estacional de especies de mamíferos marinos como las ballenas gris y jorobada (Mapa 4.3). Destaca también la visita de cruceros en el puerto de Ensenada, en Baja California, en donde el Corredor pesquero Tijuana-Ensenada ha sido clasificado como de importancia media por su biodiversidad.

 

ESPECIES INVASORAS

El traslado de especies de una región a otra es un proceso que ocurre naturalmente; ejemplo de ello son la migración estacional de muchas especies para la reproducción o en búsqueda de alimento, así como el movimiento por fenómenos meteorológicos. Sin embargo, como resultado del incremento en la frecuencia de tránsito de los medios de transporte y en la expansión de sus rutas, las especies han logrado llegar y establecerse en sitios nuevos, con sus consiguientes impactos, lo que ha llevado a considerar a las especies exóticas invasoras como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo (March y Martínez, 2008; Mendoza y Koleff, 2014). Por citar un ejemplo de su impacto en la biodiversidad global, en el caso de las extinciones de peces se estima que entre el 48 y 62% se deben a exclusivamente a especies invasoras (Pimentel et al., 2000, citado en Mendoza y Koleff, 2014).

El movimiento de los organismos, debido a factores humanos, puede ser por vía aérea, terrestre o acuática; es decir, pueden viajar adheridos a los vehículos automotores, en equipajes y embalajes de mercancías en aviones, trenes y barcos de pasajeros o de carga (CCA, 2008). Los ejemplares también pueden introducirse por razones comerciales, como productos animales o vegetales para consumo humano, como mascotas, para uso en la agricultura, jardinería, acuicultura, horticultura o para hacer investigación, entre otros. El movimiento de organismos también se puede favorecer por la alteración de los hábitats silvestres, la construcción de carreteras, el cambio de uso del suelo, el control biológico y por la unión de cuerpos de agua antes aislados o separados, entre otros.

Las especies invasoras afectan a las especies nativas por diferentes mecanismos: competencia por recursos (directa e indirecta), depredación, modificación de hábitat, hibridación y por actuar como reservorio o vectores de patógenos, entre otros (Capdevila-Argüelles et al., 2013).

Además de los daños que causan en el funcionamiento de los ecosistemas, las especies invasoras pueden ser origen de importantes daños económicos y sociales, por la pérdida y deterioro de recursos importantes para la subsistencia de comunidades locales o incluso de las economías nacionales. Las especies invasoras pueden reducir, por ejemplo, el rendimiento de las cosechas, incrementar los costos de producción, provocar daños a la infraestructura o pérdida de recursos importantes, social y culturalmente. Pimentel y colaboradores estimaron en 2005 que los impactos por las especies invasoras en todo el mundo podrían ascender al 5% del producto interno bruto mundial (citado en Mendoza y Koleff, 2014).

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), hasta 2015 se reportaban en nuestro país 1 789 especies invasoras nativas y no nativas, de las cuales el 53.7% correspondía a plantas (960 especies), 21.7% a invertebrados (388 especies), 8.8% tanto para peces como para algas (158 especies, en ambos casos; ver el recuadro La invasión del pez diablo) y 3.1% a reptiles (56 especies; Figura 4.12), entre las especies más numerosas. Paralelamente, la Conabio reporta 157 especies no nativas para México que aunque no se encuentran presentes actualmente en el territorio, existe el riesgo latente de que se introduzcan  a nuestro país.  Ejemplo de ello son: el caracol gigante africano (Achatina fulica), la palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum), o dentro del grupo de plantas, el kudzu (Pueraria montana) o el perejil gigante (Heracleum mantegazzianum) y otras 79 especies para las cuales no se conoce su estado actual.

 

 





ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD


Conocer con precisión el estado de la biodiversidad de un país o una región es un asunto complejo. La diversidad de ecosistemas que existen en el medio terrestre o acuático (tanto marino como continental) de una región, la complejidad de sus flujos de materia y energía, su estacionalidad y la complicada interacción que guardan con las actividades productivas, hace muy difícil establecer una medida única objetiva de su estado de conservación. Si a ello se le suma el conocimiento aún incompleto que tenemos sobre la riqueza biológica, la estructura y el funcionamiento de la mayoría de los ecosistemas, la tarea se torna aún más difícil.

Pese a lo anterior, se emplean de manera cotidiana diversos indicadores que permiten estimar el estado de los ecosistemas y su biodiversidad. La extensión y condición de la cubierta de ecosistemas naturales, el crecimiento o la reducción de los tamaños poblacionales de ciertas especies o el número de especies dentro de los listados de riesgo son algunos de los más importantes.

Para el caso de los ecosistemas terrestres, México aún conserva una proporción importante de la superficie de sus ecosistemas naturales, con alrededor del 71% del territorio. Aun cuando en una parte de esa superficie son evidentes los signos de degradación, todavía se preservan extensas superficies de vegetación primaria que muestran bajos impactos por actividades de origen humano y dentro de las cuales podría pensarse que se preserva una parte considerable de su biodiversidad original. Más detalles respecto a la extensión, condición, factores de presión y sobre las respuestas encaminadas a la protección y recuperación de los ecosistemas terrestres pueden encontrarse dentro de la sección de Conservación y manejo sustentable de los ecosistemas terrestres y sus recursos en el Capítulo 2 de este Informe.

Por otro lado, en el país no se conoce el estado de conservación de la totalidad de las especies que habitan sus ecosistemas naturales. Sin embargo, desde hace algunos años se da seguimiento, en diferentes ecosistemas y regiones del país (incluyendo numerosas áreas naturales protegidas), a las poblaciones de especies de fauna que resultan importantes ya sea por su función en el ecosistema, por su estado de riesgo y/o por ser de importancia económica o cultural. Dichos esfuerzos se encaminan, entre otros aspectos, a conocer el tamaño de sus poblaciones, el cual resulta uno de los indicadores más relevantes para conocer su viabilidad dentro de los ecosistemas naturales.

A través del Programa de Conservación de Especies en Riesgo (Procer) se promueve la conservación y protección de diversas especies en riesgo, entre las que se encuentran el berrendo, el bisonte y el águila real. El berrendo (Antilocapra americana spp. peninsularis) es una especie endémica de Norteamérica y de alto interés cinegético. Sus poblaciones en nuestro país se redujeron principalmente por la destrucción y fragmentación del hábitat y por la cacería furtiva. Como resultado de diversos esfuerzos, los números poblacionales de esta especie muestran una recuperación importante en las últimas décadas: de cinco ejemplares en vida libre que habitaban los matorrales de Baja California en 1998, en 2015 se registraban 350 animales (Figura 4.13a). Actualmente, en el estado de Chihuahua, viven en vida libre berrendos de la subespecie sonorense (Antilocapra americana spp. sonoriensis) y también se han realizado algunas reintroducciones de esta misma en el estado de Coahuila.

El bisonte (Bison bison) es el mamífero terrestre más grande del continente americano y una especie fundamental para mantener la diversidad y el funcionamiento de los pastizales del norte de nuestro país. En México, las poblaciones de esta especie se redujeron significativamente principalmente por el crecimiento de la frontera agropecuaria y la cacería furtiva. Tras la reintroducción de ejemplares en Janos, Chihuahua, a finales de la década pasada, la población de esta especie se ha recuperado notablemente, pasando de 23 a 83 ejemplares entre 2009 y 2015 (Figura 4.13b).

El águila real (Aquila chrysaetos), además de ser culturalmente relevante por ser parte del escudo de la nación, es un importante depredador de los ecosistemas de los que forma parte. En México, factores como la pérdida y fragmentación de su hábitat, la intoxicación por plaguicidas, la captura de ejemplares, el saqueo de sus nidos y las colisiones con tendidos eléctricos y otras estructuras, han sido los principales responsables de la reducción del tamaño de sus poblaciones. En 2014, se tenían localizados 317 nidos y 119 parejas (Figura 4.13c). Recientemente se tienen nuevos registros de parejas reproductivas en Guanajuato y Sonora, lo que se traduce en la ampliación de la distribución de la especie en sus sitios de distribución histórica.

 

 

Por otra parte, el estado de los ecosistemas marinos es más difícil de precisar que el de los ecosistemas terrestres. La gran extensión, la dificultad de acceso y de monitoreo de los organismos de las especies que los conforman y la falta de conocimiento de su estructura y funcionamiento son algunas de las limitantes más importantes. Sin embargo, existen indicadores que, de manera indirecta, pueden ofrecer una aproximación a su estado. El estado de las pesquerías es uno de ellos; en general, se considera que en la medida que el conjunto de pesquerías de una región se encuentra dentro de límites que no amenazan su extracción en el futuro, los ecosistemas marinos podrían no haber sufrido graves consecuencias por la reducción de su biomasa. En México, en el año 2010, en el litoral del Pacífico el 31.5% de las pesquerías se encontraban en aprovechamiento máximo, 26% en deterioro y 26% mostraba potencial de desarrollo. En el litoral del Golfo de México, 58.8% de las pesquerías se reportaban en aprovechamiento máximo sostenible, 29.4% en deterioro y sólo 8.8% con potencial de desarrollo. Mayores detalles respecto al estado de las pesquerías en el país puede encontrarse dentro del capítulo de Agua.

Del estado de los ecosistemas dulceacuícolas del país tampoco se tiene demasiada información. No obstante, la magnitud y la dinámica de algunos de los factores que los afectan podrían permitir suponer que en muchos de ellos la biodiversidad está bajo fuerte presión. Por ejemplo, los todavía bajos niveles de tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales a lo largo del país (que no rebasan el 49 y el 32%, respectivamente, de las aguas generadas a nivel nacional) deterioran muy probablemente la calidad del agua de los cuerpos a donde se vierten, y con ello degradan el hábitat de muchas de sus especies. Por otro lado, el crecimiento de los volúmenes de extracción de agua superficial para los distintos usos consuntivos, también podría imponer una reducción importante en muchas regiones de los caudales y volúmenes necesarios para la preservación de los ecosistemas naturales.

En los ecosistemas marinos tienen una presencia regular o permanente diversas especies de mamíferos. En las aguas nacionales se han registrado 40 especies de cetáceos que representan el 50% de las existentes a nivel global (Semarnat, 2003). Por su estado de riesgo de extinción, las especies de cetáceos que habitan o visitan los mares nacionales se encuentran en la categoría de protección especial, excepto la vaquita marina (Phocoena sinus) y la ballena franca (Eubalena glacialis) que están en peligro de extinción según la NOM-059-SEMARNAT-2010 (ver líneas abajo la sección de Especies en riesgo). Particular seguimiento se ha dado a la ballena gris (Eschrichtius robustus), una especie migratoria que se encontraba en peligro de extinción por su caza a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En los sitios de observación de esta especie, que tiene la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en la Reserva de El Vizcaíno, en Baja California, el promedio de individuos en cada temporada ha sido de 1 500, incluyendo crías y adultos. Uno de los mayores registros que se tiene correspondió a la temporada de avistamiento del periodo 2011-2012, cuando se contabilizaron 3 073 individuos (Figura 4.14). El caso de la vaquita marina, un cetáceo endémico al país, es particularmente preocupante. Sus poblaciones, seriamente afectadas por las actividades pesqueras de la región, no rebasan el centenar de ejemplares según estimaciones recientes. Esta situación pone en serio riesgo la viabilidad de la especie en el futuro. Para mayores detalles al respecto puede consultarse el recuadro Una especie en peligro de extinción: la vaquita marina.

 



ESPECIES EN RIESGO

A pesar de los avances logrados en la construcción y desarrollo de los inventarios de la biota en muchos países, calcular cifras respecto a la tasa de pérdida de especies de flora y fauna es una tarea compleja que implica estudios a largo plazo, muchas veces sobre organismos de los que se posee poca información (Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008). Ante la ausencia de información básica, los listados de especies en riesgo han sido empleados como indicadores del estado de la biodiversidad. Bajo dicha concepción, las especies clasificadas dentro de alguna categoría de riesgo representan la reducción actual o potencial de la biodiversidad de un país o región.

De acuerdo a la IUCN (2015), desde el año 1500 a la actualidad, el número de especies extintas en el mundo por causas humanas asciende a 834, de las cuales, 102 corresponden a plantas y 732 a especies de animales. En México, la NOM-059-SEMARNAT-2010 (que enlista a las especies y subespecies de flora y fauna silvestres que se encuentran en alguna categoría de riesgo) incluye un total de 49 especies probablemente extintas en el medio silvestre, 19 de ellas de aves, 13 de peces, 11 de mamíferos y seis de plantas.

De acuerdo con dicha norma, en el país existen 2 606 especies en alguna categoría de riesgo de extinción. En términos absolutos, los grupos con mayor número de especies en alguna categoría de riesgo son las plantas, que entre angiospermas y gimnospermas suman 949, seguidas por los reptiles (443 especies), aves (392), mamíferos (291), peces (204) y anfibios (194; ver el recuadro La amenaza de la quitridiomicosis). En el caso de algunos grupos, como el de los invertebrados, de los cuales la norma cita 49 especies en riesgo, las cifras podrían ser subestimaciones dada la ausencia de estudios más detallados acerca de la gran mayoría de las especies que lo integran.

Cuando se observa el número de especies en riesgo con respecto al número de especies conocidas en el país, el panorama resulta preocupante para algunos grupos, como los vertebrados. Para los mamíferos, anfibios y reptiles, más de la mitad de las especies conocidas en el país se clasifican en alguna categoría de riesgo (52, 51 y 50% de sus especies, respectivamente). En la Figura 4.15 se observa la distribución de las especies de cada grupo taxonómico de acuerdo a las categorías de riesgo empleadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (ver también el recuadro La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

 

 





PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD


Ante la acelerada pérdida y degradación de los ecosistemas, de sus especies, así como de muchos de los servicios ambientales que brindan a la sociedad por el desarrollo y expansión de las actividades humanas, en México y el mundo se han implementado estrategias dirigidas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. También son cada vez mayores los esfuerzos para la restauración de muchos ecosistemas degradados y la recuperación de las poblaciones silvestres de numerosas especies en alguna categoría de riesgo de extinción, así como el desarrollo de conocimiento que dé soporte a las estrategias y programas para proteger la biodiversidad.

Recientemente, en cumplimiento con los compromisos internacionales, en especial en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, México ha actualizado su Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y su Plan de Acción 2016-2030 (ENBioMex). Dicha estrategia busca, básicamente,  establecer las bases para impulsar y orientar los esfuerzos del gobierno y de la sociedad para la conservación, manejo sustentable y restauración de los ecosistemas naturales, todo ello  mediante el fortalecimiento y la creación de instrumentos regulatorios, económicos y de mercado que promuevan la valoración de la diversidad biológica y que permitan también el reparto justo y equitativo de los beneficios que de ella pueden obtenerse. Paralelamente, también se ha desarrollado la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal y, a nivel estatal, se ha avanzado en el desarrollo de las Estrategias Estatales de Biodiversidad, que promueven la implementación del CDB en el ámbito local.

En términos generales, en nuestro país las principales estrategias de protección de la biodiversidad  siguen dos enfoques: el diseño e implementación de programas o proyectos con acciones dirigidas a la protección o recuperación de especies o grupos biológicos particulares; y por otro, hacia la protección, el uso sustentable o la recuperación de los ecosistemas, con la ventaja colateral de influir en la provisión de los servicios ambientales que brindan a la sociedad.

 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES

Los esfuerzos recientes orientados a la conservación de especies en México tienen como antecedente el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000. En él se plantearon, entre otros objetivos, el desarrollo de los Proyectos de Conservación y Recuperación de Especies Prioritarias (PREP), en los cuales se seleccionaron especies de plantas y animales silvestres que, por sus características particulares, se consideraron como prioritarias. Como resultado de dichos esfuerzos, entre 1999 y 2008 se publicaron un total de 16 PREP (Tabla 4.5).

 

 

En 2007 dio inicio el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (Procer), orientado a la recuperación de especies en riesgo, a cargo de la Semarnat (a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conanp) en colaboración con otras secretarías de estado (como la Sedesol y Sagarpa, entre otras). Cada una de las especies consideradas dentro del Procer se atiende por medio de los Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE), los cuales contienen las estrategias, actividades y acciones específicas que permiten la conservación, protección y recuperación de poblaciones de las especies en el corto, mediano y largo plazos. Con estas estrategias de conservación se busca, además, elevar la calidad de vida de los grupos sociales involucrados mediante el fomento de actividades productivas alternativas y de organización comunitaria (Conanp, 2011). Actualmente, el Procer atiende 45 especies en riesgo (Tabla 4.6).

 



En cuanto a los PACE, uno de los resultados más importantes ha sido la recuperación de las poblaciones silvestres de algunas especies. El lobo mexicano (Canis lupus baileyi) y el cóndor de California (Gymnogyps californianus) son dos de los ejemplos más relevantes. El lobo mexicano fue erradicado de su hábitat natural desde mediados del siglo pasado, principalmente por la cacería furtiva. Se reintrodujo en vida libre en 2011, año en el cual se obtuvo la primera camada. En 2015 se observó la segunda camada y la población actualmente suma 19 individuos; un total de ocho áreas naturales protegidas federales participan en la protección de esta especie.

En el caso del cóndor de California, en 1937 se tuvo el registro de la última observación en territorio mexicano. Después de una campaña de reproducción en cautiverio y de la colaboración entre los Estados Unidos y México, en 2002 se reintrodujeron en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, los primeros ejemplares en vida libre. En 2015, la población en la región ascendía a 36 ejemplares, con tres de las crías nacidas en estado silvestre ya en vuelo.

Con la finalidad de optimizar los esfuerzos futuros de conservación de grupos de especies particulares en el país, en marzo de 2014, la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, que se compone de 372 especies y subespecies de plantas y animales. La identificación de estas especies permitirá promover el desarrollo de proyectos para su conservación y recuperación, así como la de los ecosistemas en los que se encuentran. El listado incluye 123 especies de plantas, 104 de aves, 42 de reptiles, 41 de mamíferos y 18 especies de anfibios, entre los grupos más representativos.

Dentro de los grupos biológicos que han contado con estrategias particulares de conservación en el país están las tortugas marinas. A las playas del país arriban seis de las siete especies conocidas en el mundo. Sus poblaciones a nivel mundial se encuentran amenazadas como resultado, principalmente, de la captura y muerte de hembras anidadoras, de la captura incidental por las actividades pesqueras de juveniles y adultos, del saqueo de nidos y por la fragmentación y pérdida de sitios de alimentación y reproducción. Según la NOM-059-SEMARNAT-2010, las seis especies de tortugas marinas que visitan el territorio nacional se encuentran en peligro de extinción.

Las labores de conservación de estas especies se han articulado por más de 40 años a través del Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas (PNCTM), el cual es coordinado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como parte del Procer. Se implementa en los 32 Centros para la Conservación de las Tortugas Marinas localizados en 15 estados costeros del país; solo Sonora y Tabasco carecen a la fecha de este tipo de centros.

Las labores que realiza la Conanp en los campamentos se enfocan principalmente a la protección de hembras, nidos, huevos y crías de tortuga marina para su posterior liberación hacia su entorno natural. El número de crías liberadas entre 1995 y 2014, considerando a las seis especies5 que desovan en las playas mexicanas, fue en promedio de aproximadamente 43.67 millones de crías por año (Figura 4.16).

 

 

Otra de las presiones importantes sobre muchas especies de flora y fauna en el mundo, incluido México, es la sobreexplotación de las poblaciones naturales con fines de obtención de productos de subsistencia o comerciales. En décadas recientes, este fenómeno ha crecido como resultado de una mayor demanda, en muchos mercados del mundo (principalmente Estados Unidos, Europa y Asia), de ejemplares o partes de organismos de la vida silvestre que se venden como mascotas o plantas de ornato, o bien para la obtención de carne, medicinas, pieles o como piezas de caza, entre otros. Mucha de esta extracción y comercio se realiza de manera ilegal, violando las leyes nacionales de muchos países de donde se extraen, y de aquellos en donde se venden como producto final.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), tiene por finalidad vigilar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Hasta finales de 2015, 181 países se habían adherido a la Convención, entre ellos México que lo hizo en 1991. Las especies amparadas por la CITES suman más de 35 mil especies de plantas y animales enlistadas en tres Apéndices de acuerdo al grado de protección que requieran. En términos generales, el Apéndice I incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio; el Apéndice II incluye a las especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio internacional debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia; y el Apéndice III incluye todas las especies protegidas por algún país que ha solicitado la asistencia de otros países de la Convención para controlar su comercio (CITES, 2016).

Específicamente en el caso de México, poco más de 2 000 especies de los Apéndices I y II de la  CITES son nativas del país; de éstas, alrededor de 500 especies son animales y 1 500 plantas (Tabla 4.7). Es importante resaltar que aunque México no tiene registradas especies en el Apéndice III, algunas especies propuestas por otros países para este apéndice se distribuyen en ecosistemas mexicanos.

 

 

La CITES funciona a través de un sistema de permisos y certificados para la importación, exportación, re-exportación e introducción de especímenes (o sus partes y derivados) de especies enlistadas en sus Apéndices. En términos generales, los permisos y certificados para el comercio internacional de especímenes de los Apéndices I y II son otorgados por la Autoridad Administrativa únicamente cuando una Autoridad Científica del Estado, que es quien los exporta, ha determinado que no será en detrimento de la supervivencia de la especie6.

Respecto a los certificados CITES expedidos, de acuerdo con la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), las exportaciones se mantuvieron relativamente constantes durante el periodo 1996 a 2006 (con un promedio de 243 certificados por año), a partir del cual han crecido hasta alcanzar los 683 certificados en 2014 (Figura 4.17). En el caso de las importaciones, éstas aumentaron, con oscilaciones importantes, desde 1996 hasta alcanzar los 2 204 certificados en 2014 (Cuadro D3_BIODIV03_10).

 

 

 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS

Áreas naturales protegidas (ANP)

La creación de áreas naturales protegidas (ANP) ha sido, desde el siglo pasado, una de las principales estrategias empleadas globalmente para la conservación de los ecosistemas naturales y sus especies. Se conciben como porciones terrestres o acuáticas representativas de los diversos ecosistemas de un país o de una región en donde el ambiente original, por lo general, no ha sido alterado de manera significativa (Conanp, 2015). Su importancia se reconoce no sólo como medio para la conservación de los ecosistemas y de las especies que los habitan, sino también como elemento fundamental para conseguir la continuidad en la provisión de servicios ambientales importantes para el desarrollo social y económico de las comunidades y de los países.

En 2014 se tenían registradas 209 429 áreas protegidas en el mundo, que abarcaban una superficie total de poco más de 32.8 millones de kilómetros cuadrados (20.6 millones de km2 de ecosistemas terrestres y de aguas continentales y aproximadamente de 12 millones en zonas marinas), lo que representaba alrededor del 15.4% de la superficie terrestre global y cerca del 3.4% de los océanos (Figura 4.18). En la porción terrestre, América Central y América del Sur son las regiones que poseen una mayor superficie relativa cubierta por áreas protegidas, con el 28.2 y 25%, respectivamente (Figura 4.19a). En el ambiente marino, las regiones con las mayores proporciones relativas protegidas son los países de los Océanos del Sur (17.7%), Oceanía (15.6%) y América del Norte (6.9%; Figura 4.19b).

 

 

 

En México, las ANP también han sido uno de los instrumentos más importantes para proteger la biodiversidad nacional. Durante las últimas décadas se han realizado esfuerzos importantes para ampliar la superficie de los principales ecosistemas del país dentro de áreas protegidas. A principios de los años noventa se habían decretado 101 áreas de carácter federal en una superficie total de alrededor de 13.9 millones de hectáreas, es decir, 7.1% de la superficie nacional. Hasta junio de 2016 esta cifra había crecido a 177 áreas protegidas federales, las cuales cubrían 25.43 millones de hectáreas (20.57 millones en zonas terrestres y 4.86 millones en zonas marinas), lo que equivale a aproximadamente 10.47% de su superficie terrestre y 1.54 % de la superficie marina (Figura 4.20 y Mapa 4.4; IB 6.1-6, 6.3-10, 6.3.1-4, 6.4.1-7 y 6.4.2-7).

 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento al compromiso adquirido por México y los demás países del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que establece alcanzar el 17% de la superficie terrestre y el 10% de la marina nacional bajo protección para el año 20207, nuestro país deberá ampliar la superficie terrestre protegida actual en 12.6 millones de hectáreas y la marina en 26.6 millones.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las ANP federales se clasifican en seis categorías de manejo: áreas de protección de flora y fauna (APFyF), áreas de protección de los recursos naturales (APRN), monumentos naturales (MN), parques nacionales (PN), reservas de la biosfera (RB) y santuarios (S). En 2015, había 66 parques nacionales que contribuían con apenas el 5.5% de la superficie federal protegida (Figura 4.21). Las 41 reservas de la biosfera decretadas, de gran relevancia por la extensión y condición de los ecosistemas que albergan, cubren alrededor del 49.8% de la superficie protegida; por su parte, las 39 áreas de protección de flora y fauna contribuyen con el 26.5% y las áreas de protección de los recursos naturales con el 17.6%.

 



Dentro de las áreas naturales protegidas federales se pueden encontrar casi todos los ecosistemas terrestres existentes en nuestro país. Por la extensión que cubren destacan los matorrales xerófilos, con casi 7.2 millones de hectáreas (36.3% de la superficie protegida), seguidos por los bosques templados con 4.2 millones (20.9%) y las selvas subhúmedas y húmedas con 3.1 millones en conjunto (8.6 y 6.9%, respectivamente; Figura 4.22).

 

 

No obstante su estatus como áreas de protección, no toda la cubierta vegetal de las ANP conserva su estado primario. Debido a que en una parte de las ANP los procesos de deterioro, ya sea tanto por factores naturales (incendios o fenómenos meteorológicos, por ejemplo) como por las actividades humanas, han continuado hasta la fecha, en todas ellas una proporción de su cubierta se halla en estado secundario8. En el caso de los matorrales xerófilos, alrededor del 98% de la superficie protegida conserva su estado primario9; le siguen por su porcentaje los bosques templados (con cerca del 69%), los bosques mesófilos de montaña (68%) y las selvas subhúmedas y húmedas (55 y 52%, respectivamente; Figura 4.23). Para mayores detalles sobre el impacto de las actividades humanas en las ANP del país, ver el recuadro La huella humana en las áreas naturales protegidas.

 

 

Respecto a los ecosistemas marinos protegidos, en 2015 se tenían un total de 34 ANP que cubrían cerca de 4.9 millones de hectáreas (aproximadamente 18.9% de la superficie total de las ANP federales). Dentro de algunas de ellas se protegen sistemas arrecifales de gran importancia ecológica, como los de Cabo Pulmo, en la costa de Baja California Sur; el Sistema Arrecifal Veracruzano, en el Golfo de México, y en el Caribe los arrecifes de Cozumel y una porción de la Barrera Arrecifal Mesoamericana (catalogada como la segunda más importante a nivel mundial después de la Gran Barrera de Arrecifes en Australia). Para mayores detalles de la condición actual de este ecosistema en el territorio nacional se sugiere consultar el recuadro El arrecife Mesoamericano. En 2015, 18 ANP federales protegían dentro de sus límites arrecifes de coral (IB 6.3.1-4), además de comunidades de pastos marinos, vegetación de dunas costeras, esteros, lagunas costeras y manglares.

Con respecto a las especies que se protegen dentro de las ANP, en 155 áreas se resguarda el hábitat de 983 especies endémicas al país. El grupo taxonómico con mayor número de especies endémicas protegidas es el de las plantas, seguido por el de los reptiles, las aves y los mamíferos. De las 983 especies endémicas en ANP, 187 son consideradas como micro-endémicas, es decir, su distribución geográfica es muy restringida, y se protegen en 84 ANP federales.

Así también, en algunas de las ANP federales del país se protegen a diversas especies prioritarias (Tabla 4.8). Por ejemplo, aves como el quetzal (Pharomachrus mocinno mocinno) y el pavón (Oreophasis derbianus) se han identificado en al menos cuatro ANP cada uno. El jaguar (Panthera onca), una especie que contaba con una amplia distribución histórica, ahora se encuentra dentro de 43 ANP en el país. En contraste, especies como la vaquita marina (Phocoena sinus) y el cóndor de California (Gymnogips californianus) sólo mantienen poblaciones dentro de una ANP.

 

 

Dentro de las ANP de México se conservan, también, una amplia gama de especies migratorias, de las cuales, a la fecha se han identificado 309 en 158 áreas naturales. Estas especies incluyen a siete insectos (como es el caso de la mariposa monarca), 21 tiburones, mantas y peces, seis tortugas marinas, 240 aves, 28 murciélagos y siete mamíferos marinos.

Uno de los instrumentos que se utilizan para formalizar las estrategias de conservación y el uso de las áreas naturales protegidas federales es el Programa de Manejo. Estos instrumentos, además de incluir aspectos relativos a las características del sitio (p. ej., de orden ecológico, físico y cultural), incluyen también los objetivos de corto, mediano y largo plazos establecidos para las ANP relacionados con la investigación científica, la educación ambiental y la prevención y control de contingencias, entre otros. En México, hasta enero de 2016, un total de 103 ANP (58.19% del total de ANP del país) contaban con programas de manejo publicados en el Diario Oficial de la Federación (Conanp, 2016a).

Una proporción importante de las ANP mexicanas poseen también relevancia internacional: 41 ANP (una de ellas de carácter estatal) están incluidas dentro del programa El Hombre y la Biosfera (MAB, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), cuyo principal objetivo es promover la investigación científica y la comunicación de las experiencias en el campo de la conservación y el uso racional de los recursos naturales. Además de lo anterior, nuestro país cuenta con seis ANP inscritas por el mismo organismo como Patrimonio Mundial: Sian Ka’an (inscrita en 1987), el Santuario de Ballenas de El Vizcaíno (1993), las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (2005), las Reservas de la Biosfera de la Mariposa Monarca (2008), El Pinacate y Gran Desierto de Altar (2013) y el Archipiélago de Revillagigedo (2016). Finalmente, la Reserva de la Biosfera de Calakmul fue inscrita por la Unesco, en 2014, como el primer Bien Mixto (cultural y natural) mexicano.

Además de las ANP federales, en México también se han establecido áreas protegidas a nivel estatal y municipal. Para 2015, se habían contabilizado un total de 303 ANP de carácter estatal y, hasta abril de 2016, 169 a nivel de municipio, las cuales ocupaban una extensión de aproximadamente 3.3 y 0.20 millones de hectáreas, respectivamente (Mapa 4.4).

 

 

Paralelamente a las ANP federales, estatales y municipales también existe otro mecanismo de conservación que permite a la sociedad en general, de manera voluntaria, el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas privadas. Estas áreas denominadas como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) son certificadas por la Conanp, la cual participa tanto como fedatario de la voluntad de conservación con la que se crean, como respaldo institucional ante gobiernos locales, estatales, o incluso internacionales o ante las ONG, fundaciones o cualquier fuente de asesoría o financiamiento (Conanp, 2016b). Hasta marzo de 2016, se habían certificado un total de 389 ADVC, lo que representa poco menos de 400 mil hectáreas, distribuidas en 21 entidades del país, siendo Oaxaca (150), Guerrero (134) y Tlaxcala (29; Tabla4.9; Cuadro D3_BIODIV08_01) las entidades con mayor número de áreas certificadas.

 

 

Humedales Ramsar

La Convención Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar en 1971, es un tratado intergubernamental que constituye el marco para la acción nacional y la cooperación internacional en favor de la conservación y uso racional de los humedales10 de importancia mundial y de sus recursos dentro de los territorios de los países firmantes. México se adhirió a dicha Convención en julio de 1986, y es la Conanp la dependencia federal encargada de llevar a cabo su aplicación en nuestro territorio.

Para abril de 2016, nuestro país contaba con 142 sitios Ramsar que cubrían una superficie de cerca de 8.6 millones de hectáreas de humedales. Sesenta y siete de estos sitios se encuentran incluidos dentro de alguna ANP federal, cuatro dentro de santuarios destinados a la protección de tortugas y 75 sitios fuera de las ANP (Figura 4.24, Mapa 4.5).

 

 

 

 

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Uma)

Además del esquema de protección de los ecosistemas dentro de las ANP, en México se han promovido otros esquemas que buscan el uso sustentable de la biodiversidad. En 1997 se estableció el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA), con el cual se busca promover la conservación de los hábitats naturales y sus servicios ambientales, así como de las poblaciones y ejemplares de especies silvestres, a la par de las actividades productivas convencionales, como la ganadería o la agricultura (Semarnat, 2015a).

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Uma) funcionan como centros productores de pies de cría, bancos de germoplasma, educación ambiental, investigación, unidades de producción de ejemplares, partes y derivados y para cubrir las demandas del mercado nacional e internacional, entre otros. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) existen dos categorías para el manejo de la vida silvestre: de manejo en vida libre (anteriormente denominado “extensivo”), en el cual los ejemplares se mantienen en libertad, dentro de sus ecosistemas naturales, y de manejo intensivo, en el que los especímenes se mantienen en confinamiento.

El establecimiento de una Uma puede llevarse a cabo en cualquier tipo de predio, ya sea ejidal, comunal o propiedad privada, esto una vez que la Semarnat autoriza el plan de manejo de la Uma, mismo que funge como el documento técnico operativo que describe y programa las actividades para el manejo de las especies y sus hábitats. El plan de manejo está sujeto a verificación periódica, y deberá garantizar la conservación de los ecosistemas y la viabilidad de las poblaciones de todas las especies existentes en la unidad registrada (Conafor, 2009).

Algunas de las especies de fauna que se aprovechan o se protegen en las Uma son el pecarí de collar (Pecari tajacu), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), tortugas dulceacuícolas (Trachemys venusta y T. elegans), el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletti), el tepezcuintle (Cuniculus paca), la iguana (Iguana iguana) y el conejo silvestre (Sylvilagus floridanus). En cuanto a la flora, se pueden mencionar algunos tipos de orquídeas (Cypripedium irapeanum, Coryanthes picturata, Vanilla planifolia, V. pompona y Laelia anceps) y el cedro rojo (Cedrela odorata).

Para junio de 2016, en el país se tenían registradas un total de 12 649 Uma vigentes11, cubriendo una superficie acumulada superior a las 38.01 millones de hectáreas (cerca del 19.3% del territorio nacional; Figura 4.25). De las Uma registradas, 9 893 eran de manejo en vida libre y 2 756 de manejo intensivo. El mayor número de Uma se ubica en el norte del país, principalmente en los estados de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Coahuila y Durango (Mapa 4.6).

 

 

 

 

Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS)

Los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) surgen con el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000, y operan de conformidad a lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre. El objetivo principal de estos centros es contribuir a la conservación, protección, recuperación, reintroducción y canalización de ejemplares producto de rescates, entregas voluntarias o aseguramientos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o la Procuraduría General de la República (PGR). Entre sus funciones principales están la recepción, acopio, albergue y rehabilitación física, clínica y etológica de fauna silvestre, así como la difusión, capacitación, monitoreo, evaluación y muestreo que contribuyan al desarrollo del conocimiento de la vida silvestre y su hábitat.

Actualmente se cuenta con seis centros ubicados en los estados de Jalisco, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo y el estado de México, este último con dos CIVS. Los principales grupos de especies que llegan a estos centros son mamíferos, aves, reptiles e invertebrados, los cuales pueden ser liberados en su hábitat natural, canalizados a diferentes Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre como pie de cría o para desarrollar programas de reproducción e investigación (Semarnat, 2015b).

En el periodo 1998-2014 se ingresaron a los CIVS un total de 28 412 ejemplares, en su mayoría reptiles (43.2%), aves (31.8%) y mamíferos (12.2%); y en menor proporción arácnidos, artrópodos, anfibios y cactáceas (12.8% en conjunto; Cuadro D3_BIODIV04_10). Del total de ejemplares ingresados se liberaron a distintos ecosistemas naturales el 18.4%, los cuales correspondieron a reptiles (35.9% del total liberado), aves (28.6%), mamíferos (26.8%) y arácnidos (8.2%).

 





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NOTAS


1 Nicolai Vavilov fue un genetista y botánico ruso que propuso ocho centros de origen de las plantas cultivadas: 1) China, 2) India y la región Indo-Malaya, 3) Asia central, 4) Cercano Oriente, 5) Mediterráneo, 6) Etiopía, 7) Mesoamérica y 8) Sudamérica.
2 Estas especies son recolectadas para alimento; no obstante, por el hecho de tener una relación estrecha con el hombre, se habla de una domesticación incipiente o semidomesticación.
3 Este cálculo se realizó considerando el número de cabezas de ganado (de la población bovina libre y semiestabulada, así como a la ovina y caprina) que corresponden a cada entidad en función de su superficie de pastizales inducidos y cultivados y de ecosistemas naturales (derivadas de la Carta del uso del suelo y Vegetación Serie V del INEGI) y de sus coeficientes de agostadero correspondientes (publicados por la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero). La diferencia con valor positivo entre la población pecuaria actual y la que pueden sostener los pastizales inducidos y cultivados y los ecosistemas naturales de una entidad es lo que en el Mapa 4.2 se ha llamado sobrepoblación; un valor negativo denota, por el contrario, que la población no excede aún la capacidad estatal para mantenerla.
4 En el caso de la información sobre vegetación, corresponde al año 2011, obtenida a partir de la Carta del Uso del Suelo y Vegetación Serie V del INEGI.
5 A nivel internacional, la IUCN cataloga en peligro crítico de extinción a las especies lora (Lepidochelys kempii) y carey (Eretmochelys imbricata); en peligro a la tortuga caguama (Caretta caretta) y verde (Chelonia mydas) y como vulnerable a las tortugas laud (Dermochelys coriacea) y golfina (Lepidochelys olivacea).
6 En el caso de México, la autoridad administrativa ante este organismo es la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), la cual se encarga de la emisión de permisos y certificados, así como de dar seguimiento a estadísticas de comercio y otorgar la certificación de criaderos y viveros. La Conabio es la autoridad científica encargada de brindar asesoría técnica y científica a la autoridad administrativa, emitir los dictámenes de extracción no perjudicial, emitir recomendaciones y elaborar propuestas de enmienda a los Apéndices, entre otras funciones. Finalmente, quien realiza las verificaciones sobre el cumplimiento de la legislación CITES, la inspección en puertos, aeropuertos y fronteras, así como de la identificación de redes de tráfico ilegal y la inspección de centros de comercio, reproducción y aprovechamiento, es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
7 Este compromiso corresponde a la meta 11 de las Metas de Aichi del Convenio de Diversidad Biológica.
8 Para mayores detalles respecto a las características de la vegetación primaria y secundaria, consultar el capítulo sobre Ecosistemas terrestres.
9 Es importante mencionar que debido a la dificultad que representa conocer con certeza el estado de conservación de muchos matorrales del país, esta cifra podría ser una sobrestimación del valor real. El estado primario o secundario de la vegetación que se presenta en el texto corresponde a su estado en 2011, ya que fue estimado a partir de la Carta del Uso del Suelo y Vegetación Serie V del INEGI que corresponde a datos de esa fecha.
10 Considera como humedales a una amplia variedad de hábitats, tales como marismas, pantanos y turberas, o las superficies cubiertas de agua de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2013).
11 Si se consideran los datos históricos de Uma registradas por la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Semarnat, el total de unidades en 2014 fue de  12 445 y la superficie acumulada de 38.74 millones de hectáreas.