Introducción

México se encuentra en una situación geográfica privilegiada que le permite el acceso a una enorme diversidad de recursos marinos en el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Sus litorales bordean poco más de 11 mil km, posee un mar territorial de 232 mil km² y su Zona Económica Exclusiva (ZEE) cubre aproximadamente 3 millones de km² (Semarnap, 2000). Se encuentran en estas zonas numerosos ecosistemas: manglares, estuarios, lagunas costeras, arrecifes de coral y praderas de pastos marinos, entre muchos otros, en los cuales coexisten múltiples especies que se explotan como alimento y materia prima para una variada gama de productos para consumo y uso de la población. Estos recursos biológicos están representados por 350 especies de peces, 56 de moluscos, 42 de crustáceos, 12 de equinodermos y 4 de plantas (Conabio, 1998; Sagarpa, 2004).

Por el volumen de su producción pesquera, México es uno de los veinte mayores productores en el mundo, con un equivalente al 1.5 por ciento del total anual de la captura mundial (FAO, 2002). Económicamente ha representado alrededor del 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación, y en el año 2000 constituyó la fuente de trabajo para el 1.3 por ciento de la población ocupada registrada.

El aprovechamiento de los recursos pesqueros ha crecido notablemente a nivel mundial en un lapso de 150 años (1950-2000): se elevó la captura de 19 a 130 millones de toneladas. Sin embargo, este crecimiento en la producción ha traído consigo el deterioro de las poblaciones silvestres de muchas especies, tanto en México como en el resto del mundo (Galindo, 1998; Groombridge y Jenkins, 2002; Godø et al., 2003). Los factores que han incidido directamente en ello son los crecientes volúmenes de captura y de la capacidad pesquera (Groombridge y Jenkins, 2002; EEA, 2003). De manera indirecta, las presiones derivadas de los impactos ambientales asociados a diversas actividades económicas, como la industrial, agrícola, turística y el desarrollo costero también han tenido efectos importantes en la actividad pesquera (Arriaga et al., 2000; Shiva, 2001; Sagarpa, 2002; Collares-Pereira y Cowx, 2004).

Como respuesta a esta problemática, en las últimas décadas ha crecido el interés global en relación a la explotación y la sustentabilidad de los recursos pesqueros. El manejo de las pesquerías se ha orientado a evitar la sobrepesca mediante el establecimiento de tallas mínimas, vedas temporales y espaciales y las cuotas de captura, entre otros mecanismos. Paralelamente, se ha trabajado en el desarrollo y aplicación de un marco legal para las actividades pesqueras, el cual ha tenido por objeto la regulación del uso y manejo de estos recursos que permita el mantenimiento de sus existencias en el tiempo y la satisfacción plena de las necesidades de consumo de la sociedad. Las regulaciones pesqueras establecidas en nuestro país contemplan a la Ley de Pesca (Sepesca, 1992) y su Reglamento (Semarnap, 1999); en apoyo a estos instrumentos jurídicos se ha desarrollado un marco normativo representado por 22 normas de administración de pesquerías, dos para la protección de las especies de interés especial y cuatro para el área de sanidad acuícola (Sagarpa, 2000, 2001, 2002).