Introducción

Hasta la década de los años ochenta, los temas que vinculaban la salud humana con el medio ambiente se concentraban en padecimientos infecciosos, tales como el cólera y otras enfermedades gastrointestinales derivadas del manejo inapropiado de las aguas residuales. Sin embargo, en las últimas décadas la atención también se han dirigido hacia padecimientos no infecciosos, como el cáncer y ciertos problemas congénitos inducidos por compuestos tóxicos peligrosos (Masters, 1991). Las graves consecuencias de la disposición inadecuada de los residuos peligrosos quedaron evidenciadas en diversos episodios internacionales, como las intoxicaciones por mercurio y cadmio ocurridas en Japón que produjeron graves problemas de salud en la población además de elevados costos económicos. En el caso de México, por ejemplo, la contaminación por cromo dispuesto a cielo abierto y descargado en las aguas residuales en Tultitlán, Estado de México, entre 1974 y 1977, trajo consigo importantes daños a la salud, alertando a la sociedad acerca del riesgo que implica la exposición a este tipo de residuos (Sedesol e INE, 1993).

Un residuo se considera peligroso por sus características de corrosividad, como los ácidos y las bases fuertes; reactividad, como los nitratos y metales alcalinos; su explosividad, como los peróxidos y cloratos; su toxicidad, como los cianuros, arsénicos y sales; su inflamabilidad, como los alcoholes y los hidrocarburos aromáticos, y por sus propiedades infecciosas, como la sangre o ciertos agentes infecciosos (Bueno et al., 1996).

El sector industrial manufacturero es uno de los principales generadores de residuos peligrosos en el país; entre sus desechos destacan los sólidos residuales, aceites gastados, líquidos residuales de proceso, disolventes y lodos. Le sigue el sector minero, en el que se incluye la extracción de petróleo que, en su mayor parte, genera líquidos residuales de procesos, además de lodos, escorias y sólidos (Semarnap-INEGI, 1999). Los residuos biológico-infecciosos, generados principalmente en hospitales, clínicas, laboratorios y centros de investigación, se producen en menores cantidades, sin embargo, no por ello son menos importantes.

Desde hace tiempo se han puesto en marcha en todo el mundo numerosas investigaciones con el fin de establecer, con mayor certidumbre, los efectos de diversas sustancias químicas en la salud humana. Actualmente existe evidencia suficiente para demostrar la relación entre los daños a la salud y la exposición a los compuestos tóxicos presentes en los residuos peligrosos (ATSDR, 2004). Una de las vías por la que la población y los demás elementos de los ecosistemas se ven afectados por los residuos peligrosos manejados de manera inadecuada es a través de la contaminación de sus fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas (Sedesol-INE, 1993). Algunas de las enfermedades asociadas con la exposición a los residuos peligrosos son cáncer, malformaciones genéticas y daños renales y hepáticos (Díaz-Barriga, 1996; Ostrosky et al., 1996).

En respuesta, diversos países –entre los que se incluye México– establecieron instrumentos legales para el manejo de estas sustancias, tomando en cuenta la totalidad de su ciclo, es decir, desde su producción hasta su disposición final, en un esquema conocido como “de la cuna a la tumba” (Masters, 1991). Resultado de ello son la Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-93, que establece las características de los residuos peligrosos, su listado y los límites que los hacen peligrosos por su toxicidad al ambiente; el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, en el que se regula su generación y manejo; la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y una decena de normas oficiales más (DOF, 2003; Semarnat, 2004a).

La problemática asociada a los residuos peligrosos tiene dos grandes líneas; por un lado, la que se deriva de la presencia de sitios ya contaminados por residuos peligrosos y, por otro, aquella orientada a la prevención de la contaminación de nuevos sitios. De esta manera, las acciones para su atención se han dirigido a la identificación y atención de los sitios contaminados y a la prevención de la contaminación mediante instrumentos normativos (e. g., visitas de inspección a los generadores) y voluntarios (e. g., auditorías ambientales). Paralelamente se ha trabajado en la creación de infraestructura para el manejo adecuado de los residuos en sus diferentes modos: almacenamiento, recolección, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final (Semarnat-Profepa, 2003), así como en la promoción de acciones de minimización en sus volúmenes de generación, impulsando cambios en los procesos de producción, sustitución de productos o cualquiera otra medida que asuma la empresa generadora antes de reciclar, tratar o disponer los residuos (EPA-Sedesol, 1993; CMPL, 2004; FIPREV, 2004; GTZ, 2004).