Indicadores de respuesta

Programas Institucionales para la Conservación y Rehabilitación de Suelos

La conservación y uso sustentable del suelo contribuye en forma fundamental a la preservación de la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza (Haberl et al., 2004). El desarrollo de planes y programas que contribuyen a la planeación y uso de los terrenos, con base en su vocación natural y el mejoramiento de la productividad agrícola (promoviendo el uso racional de agroquímicos y mejores sistemas de cultivo) son mecanismos de respuesta hacia los diferentes factores que provocan la degradación del suelo (Dumanski y Pieri, 2000; Hodge, 2001).

En México se han desarrollado programas para la conservación, uso y aprovechamiento del suelo, pero desafortunadamente se han enfocado a garantizar el desarrollo agropecuario y rural, así como el abasto de alimentos y otros productos, bienes o servicios (García-Salazar, 2001), sin prestar demasiada atención a sus implicaciones ambientales (DOF, 2002; OCDE, 2003). En los programas institucionales para la conservación y rehabilitación de suelos de índole federal participan distintas instancias. Entre ellas destacan la Semarnat, a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), esta última con los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (Proders). También participa la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por medio de Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett). Sagarpa tiene a su cargo el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (Piasre). En este sentido, la superficie incorporada a Programas Institucionales para la Conservación y Rehabilitación de Suelos es indicador de la respuesta gubernamental al problema del deterioro de los suelos en el país. Sin embargo, por su estrecha relación con el tema agrícola (Huffman et al., 2000; Kammerbauer et al., 2001; Piorr, 2003) son considerados principalmente dentro de este tema y no en los temas ambientales. Algunos países que también utilizan este indicador son Nueva Zelanda (Lilburne et al., 2002), Australia (Hamblin, 1998) y la Comisión Europea dentro su política agrícola (Comisión de las Comunidades Europeas, 2000). El Banco Mundial lo ubica dentro de la categoría de capacidad institucional (WBG, 2004) y la ONU lo considera dentro de los mecanismos de reporte por país en el marco del capítulo 10 de la Agenda 21 (ONU-Programa 21, 2003).