Indicadores de respuesta

Población con acceso a alcantarillado

Los esfuerzos por incrementar la población con acceso a alcantarillado forman parte, junto con la desinfección de agua y la cobertura de agua potable, de una estrategia de saneamiento para reducir la incidencia de enfermedades y, en general, mejorar la calidad de vida de la población (Conagua, 2008b; Guerrero, 2008). En términos de respuesta para reducir la presión sobre la calidad de las fuentes de agua, la cobertura de alcantarillado representa sólo un primer paso; el de la recolección de las aguas residuales municipales para su posterior tratamiento, antes de su reuso o vertido a los cuerpos de agua naturales. Es importante hacer notar que en México la cobertura de alcantarillado incluye al drenaje en fosas sépticas y desagüe a barrancas, grietas, ríos, lagos o mares (Conagua, 2008b). El Banco Mundial incluye el acceso a alcantarillado entre sus Indicadores de Pobreza-Ambiente. La OCDE integra la conexión a alcantarillado dentro de un indicador de conexión a  tratamiento de aguas residuales que desglosa el alcantarillado y los tipos de tratamiento (OECD, 2008). La ONU considera a la población con acceso a alcantarillado adecuado entre sus indicadores de desarrollo sustentable (UN, 2007).

Agua residual que recibe tratamiento

Los agentes contaminantes presentes en las aguas residuales, tanto municipales como industriales, son dañinos para la salud humana y obstaculizan las diferentes formas de aprovechamiento de los cuerpos de agua. Los ecosistemas acuáticos y terrestres son aptos, hasta cierto punto, para procesar o diluir estos contaminantes y volverlos inocuos para la salud humana y la de otras especies animales y vegetales. No obstante, los ecosistemas tienen una capacidad  limitada para procesar contaminantes y  cuando es sobrepasada les impide brindar este servicio ambiental, pues frecuentemente la misma contaminación termina por afectar su funcionamiento (Daily et al., 1997).

El incremento de la contaminación y la destrucción de ecosistemas a nivel mundial están afectando la capacidad de la naturaleza para purificar el agua (Daily et al., 1997; Revenga et al., 2000). Una de las medidas de respuesta más efectivas para frenar este problema es el tratamiento de aguas residuales, tanto municipales como industriales, que tiene por objeto remover los contaminantes del agua para poder reusarla o verterla a los cuerpos de agua sin peligro. El indicador agua residual que recibe tratamiento es una medida del esfuerzo para reducir la presión sobre la calidad de las aguas naturales, así como sobre su disponibilidad, ya que posibilita su reuso para algunas actividades, dependiendo del tipo de tratamiento recibido. La OCDE usa el porcentaje de la población con conexión a tratamiento de aguas residuales (desglosado en conexión a alcantarillado y tipos de tratamiento) en su conjunto Clave y Core Set de indicadores ambientales, de manera similar a la Agencia Ambiental Europea (OECD, 2008; EEA, 2009d).

Superficie incorporada al Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos

La contribución económica de los servicios ambientales hidrológicos que prestan los ecosistemas naturales a las diferentes actividades humanas está estimada en el orden de los miles de millones de dólares (Daily et al., 1997). Sin embargo, esta contribución ha sido tradicionalmente poco reconocida en las economías de mercado, pues el valor que generan no suele reflejarse en los precios de los bienes cuya producción o explotación depende de una u otra manera de la adecuada disponibilidad y calidad del agua. Hasta hace muy poco tiempo no se contaba con instrumentos económicos para financiar la conservación de los ecosistemas cuyo funcionamiento influye significativamente en la regulación del ciclo hidrológico y de nutrientes, en la retención del suelo y la degradación y asimilación de otros contaminantes que afectan la calidad del líquido. En 2003, México implementó el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), mediante el cual se retribuye con dinero gubernamental a los propietarios de terrenos que cuenten con bosques y selvas en buen estado por los beneficios públicos que implica su conservación (Conafor, 2009; Semarnat, 2009). Este programa se enfoca específicamente en los terrenos forestales, no sólo por su importancia desde el punto de vista hidrológico, sino también porque ofrece a sus propietarios una alternativa al desmonte para la agricultura y la ganadería, principales causas de la pérdida de la cobertura vegetal natural en el país.

Los árboles de los bosques y selvas contribuyen con servicios hidrológicos de diversas maneras (Daily et al., 1997; Dudley y Stolton, 2003; Semarnat 2009; Manson, 2004; GWP-CA, 2006): favorecen una precipitación local más regular al bombear continuamente agua del suelo hacia la atmósfera a través de la transpiración. Cuando llueve, retienen una cantidad significativa de agua en el follaje que también se evapora, y mantienen con sus raíces y la hojarasca condiciones apropiadas en el suelo para una infiltración gradual de la lluvia, que favorece la recarga de los acuíferos y el mantenimiento de los ríos y manantiales. Esto mismo impide la formación de escurrimientos superficiales instantáneos voluminosos que suelen ocasionar inundaciones cuenca abajo. Debido a que regulan la infiltración y el escurrimiento superficial, los bosques y selvas contribuyen al mantenimiento de la calidad del agua, ya que retienen los sedimentos y dan tiempo a las plantas a que asimilen los nutrientes y degraden o filtren, junto con el suelo, los contaminantes de origen humano que arrastran las aguas (Daily et al., 1997; Manson, 2004).

Existe otro tipo de ecosistemas que aporta servicios hidrológicos valiosos que aún no se integran de manera formal al mercado de los servicios ambientales. Los humedales, por ejemplo, pueden remover del 20 al 60 por ciento de los metales en el agua, retener del 80 al 90 por ciento de los sedimentos del escurrimiento superficial y asimilar del 70 al 90 por ciento del nitrógeno. Los bosques riparios, por su parte, interceptan sedimentos y procesan nutrientes y contaminantes que arrastra el agua de los terrenos adyacentes; pueden reducir el nitrógeno hasta un 90 por ciento y el fósforo hasta un 50 por ciento (Ramsar Convention, 2004; Schuyt y Brander, 2004; ESA, 2005).

Hay otras acciones gubernamentales enfocadas a proteger la cubierta vegetal y los ecosistemas terrestres que también influyen positivamente en la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos, por las mismas razones expuestas arriba. Tal es el caso de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Uma), el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales (Procymaf), el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor), el Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan), el Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (Procoref), el Programa para desarrollar el mercado de servicios ambientales por captura de carbono y los derivados de la biodiversidad y para fomentar el establecimiento y mejoramiento de sistemas agroforestales (PSA-CABSA) y el Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET), que se tratan con mayor detalle en los capítulos de Biodiversidad y Recursos Forestales.