Indicadores de respuesta

Programas institucionales para la conservación y rehabilitación de suelos

La conservación y uso sustentable del suelo contribuye en forma fundamental con los servicios ambientales de los ecosistemas, con la preservación de la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza (Cotler et al., 2007; UNCCD, 2012). El desarrollo de planes y programas que contribuyan a la planeación y uso de los terrenos, con base en su vocación natural y el mejoramiento de la productividad agrícola (promoviendo el uso racional de agroquímicos y mejores sistemas de cultivo) son mecanismos de respuesta hacia los diferentes factores que provocan la degradación del suelo (Conafor, Semarnat, 2009).

En México se han desarrollado programas para la conservación, uso y aprovechamiento del suelo, pero desafortunadamente se han enfocado a garantizar el desarrollo agropecuario y rural, así como el abasto de alimentos y otros productos, bienes o servicios (Cotler et al., 2007), sin prestar la atención debida a sus implicaciones ambientales (DOF, 2002; Cotler, 2007, OCDE, 2013). En los programas institucionales para la conservación y rehabilitación de suelos de índole federal participan distintas instancias, entre las que destacan la Semarnat, a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), esta última con el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes; antes Programa de Desarrollo Regional Sustentable, Proders). También participa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) y con el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (Piasre). En este sentido, la superficie incorporada a Programas Institucionales para la Conservación y Rehabilitación de Suelos es indicador de la respuesta gubernamental al problema del deterioro de los suelos en el país. Sin embargo, por su estrecha relación con el tema agrícola y forestal (Conafor, Semarnat, 2009), éstos programas no se han enfocado específicamente a su recuperación (Cottler, 2007). Algunos países que también utilizan este indicador son Nueva Zelanda (Lilburne et al., 2002), Australia (Hamblin, 1998) y la Unión Europea dentro su política agrícola (UE, 2013). El Banco Mundial lo ubica dentro de la categoría de capacidad institucional (WBG, 2004) y la ONU lo considera dentro de los mecanismos de reporte por país en el marco del capítulo 10 de la Agenda 21 (ONU-Programa 21, 2003).